"Estoy muy tranquila": Jueza acusada de liberar a sicario se defiende tras quedar suspendida

¿Qué pasó?

Luego de que el Poder Judicial decidiera suspenderla de sus funciones durante un mes, la jueza Irene Rodríguez, cuestionada por haber dejado en libertad al presunto sicario del "Rey de Meiggs", decidió referirse públicamente a la resolución en su contra. La medida, anunciada este sábado, generó una intensa reacción tanto política como institucional.

Durante la jornada en que se dio a conocer la sanción, Rodríguez se mantuvo en su domicilio, el cual fue acordonado por personal policial en horas de la noche. No fue sino hasta este domingo por la tarde que la magistrada habló por primera vez, defendiendo su trayectoria y deslindando responsabilidades sobre el error que permitió la liberación de Alberto Carlos Mejía Hernández.

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"Estoy muy tranquila"

"No puedo asegurarles qué va a pasar, qué va a pasar con la resolución final. Lo que sí les puedo decir es que yo estoy muy tranquila en ese sentido, y que yo siempre he trabajado con muchas ganas en el Poder Judicial, yo amo al Poder Judicial y lo sigo amando", afirmó Rodríguez.

Según explicó, no ha participado de nuevas diligencias desde la audiencia en la que se generó la controversia. "Mi último oficio fue la orden de una prisión preventiva que termina en un número 79, firmado a las 08:28 de la audiencia, y desde ahí nunca más he firmado un oficio hasta el día de hoy".

También se refirió a uno de los puntos más sensibles del caso: el error en la identificación del imputado. "En el documento que firmé, el nombre del presunto sicario ya estaba mal escrito, y desconozco quién cometió el error", sostuvo.

En cuanto a la investigación que lleva adelante el Poder Judicial, Rodríguez manifestó que la medida de suspensión "es lo que corresponde" mientras se esclarecen los hechos. "Ni siquiera yo conozco la investigación. Yo sé lo que dije esa noche, no tengo nada más que decir", concluyó.

La investigación sigue su curso bajo la dirección de la fiscal del tribunal Clara Carrasco, mientras que el proceso penal asociado está a cargo del fiscal regional Marcos Pastén. Ambos buscan determinar responsabilidades dentro de lo que ha sido catalogado como una grave cadena de errores judiciales.

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