JUNAEB: Fiscalía pide a la Suprema aplicar a Calderón, Gahona y Gutiérrez el criterio de revisión del celular de senadora Flores

La fiscal de Alta Complejidad, Constanza Encina, apeló ante la Corte Suprema para que revoque las restricciones que la Corte de Apelaciones de Santiago impuso a la revisión de los celulares incautados al abogado y gestor de intereses Darío Calderón, expresidente de la asociación gremial Nutre Chile, además del senador Sergio Gahona (UDI) y el exdiputado Hugo Gutiérrez (PC). Todos están siendo investigados en medio de una trama de presunto pago de millonarias coimas en licitaciones de la Junaeb.

En los tres recursos, a los que accedió Mega Investiga, el Ministerio Público invoca el fallo dictado días antes por la sala penal del máximo tribunal en el caso de la senadora Camila Flores (RN) y sostiene que ese precedente dejó la conducción técnica de la diligencia de revisión de los dispositivos en manos de la Fiscalía y no de los tribunales.

El revés de primera instancia

La Corte de Apelaciones, el martes de la semana pasada, acogió parcialmente el amparo de Calderón y ordenó complementar las medidas de resguardo para revisar sus dispositivos. Entre otras exigencias, estableció que la Fiscalía Oriente debía informar quiénes habían accedido a la información, proponer criterios de búsqueda y completar en 90 días —con una posible prórroga— la identificación de los antecedentes pertinentes. Cumplido ese proceso, dispuso que se eliminaran las copias íntegras y los datos que no tuvieran relación con la investigación.

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La fiscal Encina cuestiona esas instrucciones. Afirma que fijan plazos y procedimientos que pueden interferir con la investigación y que la eliminación de las copias podría impedir revisar información que, a medida que avance la indagatoria, adquiera relevancia. Por eso pidió a la Suprema revocar el fallo y rechazar íntegramente el amparo presentado por Calderón, Gahona y Gutiérrez. En esta causa también se indaga al senador Miguel Ángel Calixto, pero en su caso no se presentaron recurso alguno para evitar la revisión de su celular. Con todo, el parlamentario ya está siendo indagado en otra causa por fraude al fisco y -de hecho- este martes fue desaforado por la Corte de Puerto Montt.

El ejemplo a seguir

En el escrito, la fiscal Encina compara la decisión del tribunal de alzada capitalino con el fallo de la Corte Suprema sobre el celular de la senadora Camila Flores, dictado el 24 de septiembre pasaso. El Ministerio Público sostiene que ambos casos involucraban el examen de dispositivos incautados en investigaciones por delitos de naturaleza similar y que, en el caso de la senadora, el máximo tribunal estableció resguardos sin imponer límites equivalentes a los decretados para Calderón, Gahona y Gutiérrez.

“Este máximo tribunal se conformó con exigir la custodia exclusiva del dispositivo en la Fiscalía Regional, la individualización de los funcionarios con acceso” y la exclusión de la información impertinente, señala el recurso. A juicio del Ministerio Público, el fallo sobre Flores dejó la conducción técnica del análisis en manos de los persecutores.

La apelación añade que ese precedente no exigió una autorización judicial previa para utilizar hallazgos casuales ni fijó un plazo fatal para terminar el análisis. Tampoco ordenó destruir las copias forenses, según la lectura que la Fiscalía hace de esa resolución.

“No se advierte razón para hacerlo ahora”, sostiene el recurso, al cuestionar que en el caso de los imputados se hayan impuesto restricciones que, afirma, la Suprema no decretó en el caso denominado “la cuota Flores.”

El celular de Hermosilla a la palestra

Los dispositivos de Calderón, Gahona y Gutiérrez fueron incautados el 20 de agosto. Según el escrito, se trató de un teléfono iPhone 15 Pro Max, un iPad y dos computadores. La autorización judicial contemplaba el acceso a información almacenada en los equipos y sus aplicaciones, incluidas redes sociales, correos electrónicos y cuentas en la nube.

La Fiscalía Oriente argumenta que revisar esos datos puede revelar antecedentes que no eran conocidos al inicio de una investigación. El recurso menciona como ejemplo el caso Audio y los chats extraídos del teléfono de Luis Hermosilla, cuyo análisis permitió abrir nuevas líneas investigativas.

“Un teléfono incautado por unos hechos determinados permitió advertir hechos diversos, con nuevos partícipes”, plantea el documento. Con ese argumento, el Ministerio Público sostiene que el análisis debe conservar flexibilidad para seguir las pistas que surjan de la evidencia.

La causa Junaeb investiga presuntas irregularidades vinculadas a contratos de alimentación escolar adjudicados a SOSER S.A. En su apelación, la Fiscalía Oriente menciona delitos como fraude al fisco, fraude informático, falsificación, soborno, cohecho y lavado de activos. Sostiene que el examen de dispositivos permitió detectar antecedentes sobre pagos indebidos y gestiones para favorecer intereses de la empresa en licitaciones.

El escrito de apelación por Calderón, Gahona y Gutiérrez concluye que las medidas de la Corte de Santiago exceden el control judicial de la diligencia y afectan las facultades del Ministerio Público para dirigir la investigación.

Con todo, la discusión ante la Suprema será si corresponde mantener los límites y plazos fijados por la Corte de Apelaciones o seguir el estándar que la Fiscalía atribuye al caso del celular de Camila Flores.

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