Caso Junaeb: CDE presenta querella y respaldará a Fiscalía en disputa por revisión de celulares de Gahona, Gutiérrez y Calderón

La disputa por la revisión de los celulares del senador Sergio Gahona (UDI) , el exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) y el abogado Darío Calderón podría sumar un nuevo actor ante la Corte Suprema: el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El organismo, según reportó Mega Investiga, presentó una querella por delitos reiterados de fraude al Fisco en la reciente investigación por presunta corrupción en millonarias licitaciones de la Junaeb, incorporando una acción penal que busca perseguir las responsabilidades de funcionarios y particulares por millonarios pagos a empresas proveedoras de alimentación escolar.

La presentación se traducirá en que el CDE comparecerá ante el máximo tribunal y respaldará la posición de la Fiscalía Metropolitana Oriente en su apelación contra los fallos que acogieron parcialmente los amparos de los tres investigados. Esas decisiones impusieron condiciones para examinar sus dispositivos electrónicos y establecieron un procedimiento para eliminar la información que no sea identificada como relacionada con la investigación.

La intervención ante la Suprema deberá concretarse en la tramitación de esos recursos. Pero la querella incorpora un elemento relevante para esa discusión: el organismo encargado de defender los intereses patrimoniales del Estado sostiene que los hechos requieren investigar no solo un eventual fraude, sino también “posibles sobornos y cohechos”.

La acción, dirigida al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se dirige contra todos quienes resulten responsables.

En el texto, al que accedió Mega Investiga, el CDE precisa que persigue delitos reiterados de fraude al Fisco, “sin perjuicio de otros ilícitos que se puedan acreditar en el curso de la investigación”.

La disputa por la información de los celulares

La acción judicial del fisco aparece después de que la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera parcialmente, el 29 de septiembre, los amparos de Gahona, Gutiérrez y Calderón.

Los recursos cuestionaban las condiciones bajo las cuales el Ministerio Público podía acceder y analizar el contenido de los equipos incautados en la investigación por presuntas irregularidades en Junaeb.

Las resoluciones mantuvieron las incautaciones y la posibilidad de utilizar los antecedentes pertinentes. Sin embargo, exigieron informar el estado de la extracción y proponer criterios de búsqueda sujetos a control judicial. También fijaron 90 días, ampliables una sola vez, para identificar la información útil. Cumplida esa etapa, las copias completas deberán sellarse y el tribunal celebrará una audiencia para resolver la conservación de antecedentes y la eliminación del material ajeno a la causa.

El fundamento de la Corte fue la protección de la privacidad de los investigados y de terceros. Según la reseña de las sentencias, el tribunal consideró insuficiente que esos resguardos quedaran entregados a instructivos internos de la Fiscalía o a una eventual exclusión de pruebas posterior. La reserva de la investigación tampoco impediría realizar la audiencia de control sobre la conservación de las copias.

Es muy probable, dicen fuentes internas, que la Fiscalía Oriente acuda a la Corte Suprema para buscar revertir esas decisiones. En ese escenario, la entrada del CDE a la causa penal abre un espacio para solicitar su participación en la controversia y sostener, desde la defensa de los recursos públicos, la necesidad de esclarecer las operaciones descritas en su querella.

La puerta que deja abierta el CDE

La presentación no menciona a Gahona, Gutiérrez ni Calderón. Tampoco les atribuye pagos, gestiones o participación en los hechos que desarrolla. Su foco está en decisiones adoptadas dentro de Junaeb y en los beneficios que, según el organismo, obtuvieron empresas privadas.

Ese alcance es relevante: la querella no constituye una imputación nominativa contra los tres amparados. El punto de conexión con la arista política está en la investigación más amplia que lleva la Fiscalía Oriente y en la posibilidad de esclarecer quiénes participaron en las operaciones cuestionadas.

En su capítulo jurídico, el Consejo sostiene que existió una actuación de “funcionarios públicos concertados con particulares”, cuya individualización deberá precisar la investigación. Agrega que, mediante un artificio defraudatorio y una administración desleal de los fondos a su cargo, habrían provocado un perjuicio fiscal.

Luego explicita el alcance de las diligencias pendientes:

“Corresponderá a la investigación a desarrollar por el Ministerio Público, determinar la existencia de otros delitos como sobornos, y cohechos que se encuentren detrás de las conductas defraudatorias verificadas”.

La formulación conecta el presunto daño patrimonial con una pregunta que sigue abierta. Es decir, si las decisiones que beneficiaron a los proveedores estuvieron acompañadas de pagos o contraprestaciones ilícitas. La querella plantea que esa eventual dimensión debe ser investigada, sin identificar en ese párrafo a sus posibles responsables.

Más de $14 mil millones por onces no entregadas

Uno de los principales capítulos del escrito se concentra en SOSER y en los pagos por onces para alumnos de educación básica en tres unidades territoriales de la Región de O’Higgins.

Según el CDE, entre marzo y diciembre de 2022 Junaeb pagó a la empresa $3.554.518.283 como anticipo por la porción fija de ese servicio. El cálculo se sustentaba en una programación referencial de 796.043 raciones. Sin embargo, la querella sostiene que la auditoría de Contraloría y los registros de certificación mostraron la entrega de solo 284 raciones reales durante ese año.

Al ampliar el análisis, el organismo afirma:

“Al extender el examen al universo global de la muestra del contrato de la licitación ID 85-18-LR20, los pagos efectuados a SOSER S.A. por este servicio de onces básicas no ejecutado alcanzaron la suma de $14.259.908.193”, se lee en el documento.

La querella cuestiona que las autoridades no ajustaran la programación referencial frente a esa diferencia. Por el contrario, sostiene que para 2023 se aprobó un incremento de 121% en las onces asignadas a SOSER en esas unidades territoriales, elevando la proyección a 1.737.942 raciones.

El escrito también objeta la estructura de precios. Según el Consejo, la ausencia de bandas o límites tarifarios permitió que SOSER fijara un valor de $6.265 por once básica en 2021 y 2022, elevado a $8.680 en 2023, mientras asignaba apenas $288 al almuerzo de nivel transición.

La tesis del organismo es que esa distribución permitía concentrar ingresos en un servicio con escasa demanda efectiva, aprovechando que una parte del pago estaba garantizada por las condiciones contractuales.

El abogado que pasó de Junaeb a SOSER

Otro capítulo apunta a las modificaciones de contratos tramitadas durante 2022. Según la querella, esas decisiones elevaron la porción fija del pago mensual de 40% a 60%, alteraron los mecanismos de reajuste e incorporaron nuevas garantías para los proveedores.

El CDE sostiene que los cambios no fueron sometidos oportunamente al control de legalidad de Contraloría y que generaron un mayor gasto fiscal injustificado de $4.640.650.081 en la licitación examinada. De ese monto, atribuye $2.333.297.619 de mayor pago a SOSER.

En esa secuencia aparece Alejandro Layseca Astudillo, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Jurídico de Junaeb. La querella describe un intercambio de correos del 5 de agosto de 2022 mediante el cual se tramitaron propuestas de modificación contractual que llegaron a esa unidad para su revisión.

El Consejo destaca que Layseca pasó posteriormente a representar a la empresa beneficiada:

“Cabe considerar y hacer presente que, a la fecha, el Sr. Alejandro Layseca es el representante legal de la empresa SOSER S.A., misma empresa que fue beneficiada con los cambios referidos, los que en su calidad de Jefe del Departamento Jurídico de la JUNAEB validó, circunstancia que por sí sola amerita ser investigada a fin de precisar las vinculaciones existentes con los personeros de la empresa”.

Para esclarecer ese tránsito, el organismo pide determinar cuándo cesó sus funciones, las condiciones de su salida, la fecha de incorporación a SOSER y si continúa ejerciendo su representación legal.

Correos y recuperación de fondos

La querella solicita una orden de investigar, una pericia contable para determinar los perjuicios y la entrega de los antecedentes de eventuales sumarios administrativos.

También pide obtener el correo del 5 de agosto de 2022, las dos minutas adjuntas y las resoluciones que modificaron los contratos. Asimismo, solicita tomar declaración a Marco Carmach Botto, Manuel Vargas González, Luis Maluenda Orellana, Claudio Pérez Mella, Francisco Pizarro Sepúlveda, Alejandro Layseca Astudillo, Pablo Baeza Valdivieso y Lorna Villalobos.

La acción incluye un objetivo patrimonial. El CDE anuncia su intención de demandar civilmente a quienes resulten imputados y solicita antecedentes de propiedades y vehículos de las empresas identificadas, como preparación de una futura demanda indemnizatoria.

Así, el organismo busca perseguir las responsabilidades penales y recuperar los recursos que considera defraudados. Su eventual comparecencia ante la Suprema podría sumar ese interés a la posición de la Fiscalía en la disputa por el análisis de los dispositivos.

La discusión sobre los amparos tendrá por objeto las condiciones de acceso, revisión y conservación de esa información. Mientras tanto, la querella deja planteada una investigación que va más allá de los pagos cuestionados: determinar quiénes participaron y si detrás de las decisiones contractuales existieron sobornos o cohechos.

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