Dan de baja a cuatro carabineros por presuntos vínculos con el narcotráfico en La Granja

¿Qué pasó?

Una investigación desarrollada de manera reservada al interior de Carabineros derivó en la detención y posterior baja de cuatro funcionarios pertenecientes a una comisaría de La Granja, en la Región Metropolitana.

Los antecedentes apuntan a presuntos vínculos con personas relacionadas con el narcotráfico. Entre las diligencias realizadas se incluyeron registros en dependencias policiales, casilleros de funcionarios y domicilios vinculados a los investigados.

Investigación reservada apunta a presuntos nexos con el narcotráfico

La indagatoria se habría originado a partir de antecedentes relacionados con el microtráfico de drogas y posteriormente se extendió hacia la posible participación de funcionarios policiales.

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De acuerdo con los antecedentes conocidos, entre los investigados habría posiblemente dos sargentos y dos carabineros de reciente egreso, quienes fueron desvinculados de la institución a raíz de los antecedentes recopilados durante la investigación.

Una de las principales líneas que busca esclarecer el Ministerio Público es si los funcionarios habrían utilizado información obtenida en el ejercicio de sus funciones para favorecer a personas vinculadas a actividades de narcotráfico.

Por ahora, esta arista forma parte de la investigación y no se encuentra establecido judicialmente que los funcionarios hayan entregado información a organizaciones criminales.

Cohecho, secreto, drogas y un arma prohibida

Los antecedentes conocidos hasta ahora dan cuenta de distintas imputaciones asociadas a los funcionarios. Entre ellas aparecen delitos como cohecho, violación de secreto, microtráfico y tenencia de un arma prohibida, aunque la situación particular y la participación que habría tenido cada uno deberá ser determinada durante el avance de la investigación.

Las diligencias incluyeron el ingreso y registro de dependencias de la unidad policial, además de casilleros pertenecientes a funcionarios que estaban bajo la lupa de los investigadores y domicilios particulares.

La investigación busca establecer si existió una coordinación entre los funcionarios y personas dedicadas a actividades ilícitas, así como determinar qué información eventualmente habría sido entregada y con qué finalidad.