Gobierno propone cambios a la Ley Karin: ¿Qué pasará con las denuncias y las investigaciones?

¿Qué pasó?

A dos años de la entrada en vigencia de la Ley Karin, el Gobierno prepara ajustes a su aplicación. Se trata de modificaciones contenidas en un borrador de reglamento que ya fue socializado con distintos gremios empresariales y en el Consejo Superior Laboral, y que busca abordar uno de los principales problemas detectados desde la implementación de la normativa: La dificultad para distinguir entre situaciones que podrían constituir acoso o violencia laboral y conflictos propios de la gestión cotidiana.

El cambio más relevante, según informa La Tercera, apunta precisamente al inicio del procedimiento. Actualmente, la normativa prohíbe expresamente realizar un control de admisibilidad de las denuncias, mientras que la propuesta establece que la Dirección del Trabajo deberá realizar una evaluación previa antes de iniciar una investigación y verificar que existan antecedentes mínimos para dar curso al proceso.

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Nuevo filtro para las denuncias

Según el borrador, la Dirección del Trabajo deberá revisar si la denuncia cumple con los requisitos establecidos en la normativa, si la relación laboral continúa vigente y si los hechos denunciados corresponden a situaciones contempladas por la Ley Karin.

En caso de que los antecedentes sean insuficientes o inconsistentes, se contempla que el denunciante tenga un plazo de tres días para complementar la información requerida.

La propuesta también abre la posibilidad de utilizar sistemas automatizados para el análisis inicial de los antecedentes, aunque bajo una condición: estos mecanismos deberán contar con supervisión humana.

El objetivo es establecer un filtro antes de que se active una investigación, buscando evitar que todos los casos ingresen automáticamente al mismo procedimiento sin una evaluación previa de sus antecedentes.

Casi 70 mil denuncias desde la entrada en vigencia

La modificación toma relevancia en medio del aumento de la carga de trabajo que ha significado la Ley Karin para la Dirección del Trabajo.

De acuerdo con las últimas cifras entregadas por el Gobierno, desde la entrada en vigencia de la normativa se han registrado 68.468 denuncias ante el organismo por materias asociadas a la ley.

Del total, 27.801 denuncias equivalentes al 40%, fueron preclasificadas como Ley Karin, mientras que otras 30.565, correspondientes al 45%, no fueron clasificadas bajo esta normativa. El 15% restante se encontraba en etapa de preclasificación.

Actualmente, cerca del 20% de la dotación de la Dirección del Trabajo realiza funciones vinculadas a la Ley Karin. Son 448 funcionarios de una dotación total de 2.360 trabajadores a nivel nacional, aunque solo 100 tienen dedicación exclusiva a estas materias.

Más seguimiento y cambios en las investigaciones

El borrador también plantea modificaciones destinadas a mejorar el seguimiento de los procedimientos: La Dirección del Trabajo deberá implementar mecanismos para que las personas involucradas puedan conocer en qué etapa se encuentra la investigación mediante un número de seguimiento asignado al trámite, manteniendo en todo momento la confidencialidad de los antecedentes.

Además, una vez terminada la investigación, el informe deberá ser notificado al empleador, a la persona afectada y al denunciado dentro de un plazo de dos días, ya sea por medios electrónicos o mediante el mecanismo de comunicación acordado previamente con cada involucrado.

Otro cambio apunta a las declaraciones. Mientras actualmente estas deben constar en papel y estar firmadas en todas sus hojas, la propuesta busca priorizar el formato electrónico.

Se amplían las medidas de resguardo

El nuevo reglamento también contempla cambios en las medidas de protección para quienes realizan una denuncia.

La normativa vigente establece medidas como la separación de los espacios físicos, la redistribución de la jornada laboral y la atención psicológica. La propuesta busca ampliar este catálogo e incorporar, entre otras alternativas, la separación virtual, cambios de equipo o de líneas de reporte y canales específicos de comunicación.

También se establece un plazo para la atención temprana. Mientras actualmente no existe un período definido para proporcionarla, el borrador plantea que esta deberá otorgarse dentro de tres días hábiles.

Además, se contempla escuchar la opinión de la persona denunciante respecto de las medidas de resguardo que se adopten.

Investigación interna podría tomar mayor protagonismo

Otro de los cambios relevantes se relaciona con quién debe realizar las investigaciones: Cuando la denuncia involucra al empleador o a su representante, actualmente esta debe ser derivada a la Dirección del Trabajo.

Con la propuesta, el empleador podría optar entre derivar el caso a la DT o realizar una investigación mediante un equipo interno independiente, compuesto por al menos dos personas, o recurrir a terceros externos.

El borrador, además, plantea que el empleador deberá priorizar la investigación interna cuando cuente con los medios adecuados para realizarla.