Fiscalía de Valparaíso activa diligencias por presuntas firmas falsas en el Senado y pide antecedentes a la Cámara Alta
- Por Leslie Ayala | Mega Investiga
La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó la apertura de una investigación penal por la controversia en torno al retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza, quienes se encuentran en Asia como parte de la comitiva que acompaña al Presidente José Antonio Kast.
La indagatoria busca esclarecer cómo se tramitaron los documentos y si hubo irregularidades en el uso de las firmas asociadas a esa gestión.
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó que el Ministerio Público ya tomó contacto con funcionarios del Senado para solicitar antecedentes sobre la tramitación de los permisos y las votaciones realizadas después de que se informara su retiro.
Ir a la siguiente nota“En esta indagación ya se ha tomado contacto con el personal del Senado para requerir antecedentes e información acerca de la tramitación respectiva, también de las votaciones que se produjeron en el Senado después de esta intervención”, señaló la persecutora. Agregó que existen otras diligencias en curso sobre las cuales no pueden entregar detalles “para seguridad del resultado de las mismas”.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso. Perivancich no precisó qué delitos se indagan ni si existen personas individualizadas como imputadas. La apertura de una investigación no supone que se haya acreditado la comisión de un delito: la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y si existen responsabilidades penales.
La polémica se originó cuando el senador Juan Luis Castro, jefe del comité del Socialismo Democrático, informó en el Senado que se habían retirado los permisos constitucionales de Órdenes y Espinoza para ausentarse del país. Ambos parlamentarios integran la delegación presidencial que viajó a Asia.
El retiro de las autorizaciones generó cuestionamientos porque se produjo durante la tramitación del Presupuesto 2027, cuando el Senado discutía normas que requerían determinados quórums. La ausencia de parlamentarios con permiso constitucional puede incidir en el cálculo de los senadores en ejercicio y, por esa vía, en los votos necesarios para algunas decisiones. Por eso, la Fiscalía también solicitó información sobre las votaciones que tuvieron lugar después de la intervención.
El punto más controvertido surgió cuando la senadora Órdenes desconoció haber pedido que se dejara sin efecto su permiso. En una carta dirigida al secretario general del Senado, Luis Rojas, sostuvo que no había firmado ni remitido un documento para retirar la autorización, y que tampoco había facultado a otra persona para usar su firma con ese propósito. La parlamentaria pidió que se mantuviera vigente el permiso que la Sala había aprobado.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, señaló entonces que el documento para retirar la autorización había llegado con la firma de la senadora, aunque, a la luz de lo que Órdenes había comunicado, aparentemente no contaba con su anuencia. Luego de conocerse el reclamo, la Mesa informó que los permisos de ambos parlamentarios volvían a regir.
Espinoza, por su parte, reconoció su molestia por el retiro de su permiso, pero descartó que su firma hubiera sido falsificada y calificó lo ocurrido como una “desprolijidad administrativa”. La Fiscalía, sin embargo, deberá establecer si los antecedentes asociados a ambos permisos guardan relación con una eventual infracción penal, sin dar por acreditada una falsificación.
La Mesa del Senado sostuvo posteriormente que no existe, hasta ahora, una confirmación de que se hayan falsificado firmas en la tramitación de los permisos. También indicó que la recepción de documentos por parte de la Secretaría es un trámite administrativo y no implica verificar las circunstancias en que fueron suscritos. La instancia señaló que colaborará con el Ministerio Público si recibe un requerimiento formal.
Con los antecedentes que solicitará al Senado, el Ministerio Público deberá reconstruir cómo se presentaron las solicitudes de retiro, qué documentos y comunicaciones se utilizaron, quiénes participaron en su tramitación y qué efecto pudo tener la gestión en las votaciones posteriores. La Fiscalía no ha informado cuándo podrían realizarse nuevas diligencias ni cuánto tiempo tomará la investigación.
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