Corte desafuera al senador Miguel Ángel Calisto por presunto fraude al Fisco de más de $105 millones

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió la solicitud de desafuero del senador Miguel Ángel Calisto, presentada por la Fiscalía Regional de Aysén, y autorizó al Ministerio Público a formular acusación en su contra por el delito de fraude al Fisco reiterado. La investigación apunta a la contratación de una asesora parlamentaria que, según los persecutores, recibió más de $105 millones sin realizar las funciones por las cuales se le pagaba.

El pleno concluyó que existen antecedentes “serios y verosímiles” para permitir que la causa avance hacia un juicio, esto tras los alegatos a cargo de Eugenio Campos jefe Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Entre ellos, mencionó informes de labores sin respaldo real, documentos con firmas falsificadas por imitación y transferencias desde la cuenta de la asesora al entonces diputado y a otras personas vinculadas a su entorno político. La resolución no determina su culpabilidad, cuestión que deberá resolverse en el proceso penal.

Los hechos investigados corresponden al período comprendido entre 2018 y 2022, cuando Calisto ejercía como diputado por la Región de Aysén. Según la imputación de la Fiscalía, el parlamentario se habría concertado con Roland Cárcamo, su exencargado de campaña, y con Carla Graf, pareja y posteriormente cónyuge de este último, para obtener recursos públicos mediante una contratación que los persecutores consideran ficticia.

Cárcamo trabajaba en el Servicio de Salud de Aysén y, de acuerdo con el relato del Ministerio Público recogido en el fallo, no podía recibir remuneraciones por las labores de apoyo que realizaba para Calisto. Graf, en cambio, fue contratada como asesora parlamentaria por la Cámara de Diputados, por instrucciones del legislador.

La Fiscalía sostiene que entre marzo de 2018 y febrero de 2022 Graf recibió al menos $105.554.697, pese a que no habría elaborado los estudios, minutas ni reportes comprometidos en sus contratos, ni cumplido las restantes tareas de asesoría. Los pagos mensuales tuvieron distintas modificaciones y llegaron a alcanzar los $3.165.000.

Parte de esos recursos, según la imputación, habría terminado beneficiando al propio Calisto. El Ministerio Público le atribuye haber recibido $10.559.316 mediante transferencias bancarias, además de $9.700.000 destinados al pago de cuotas a un tercero por la compra de una parcela. También sostiene que Felipe Klein, quien fue candidato a gobernador y consejero regional de Aysén, recibió $34.164.500 entre 2020 y 2022.

La investigación comenzó en agosto de 2021, después de que la Fiscalía Local de Coyhaique recibiera una denuncia por correo electrónico. En ella se advertía que un préstamo de $35 millones solicitado por Calisto para adquirir una parcela estaría siendo pagado con recursos provenientes de los honorarios de Graf.

Al examinar los antecedentes, la Corte destacó que inicialmente no se aportaron minutas que respaldaran las asesorías y que los informes entregados después carecían de sustento real. También consignó la existencia de “boletas de honorarios y formularios de actividades desarrolladas, con firmas falsificadas por imitación”.
Otro de los elementos considerados fue que las supuestas asesorías se habrían realizado mientras Graf trabajaba como profesora con una jornada de 40 horas semanales y durante meses en que estuvo con licencia médica.

A ello se sumaron declaraciones de integrantes del equipo parlamentario que señalaron no conocerla o haberla visto únicamente en reuniones aisladas por videoconferencia. Según el fallo, su participación en el grupo de WhatsApp del equipo habría quedado limitada a tres intervenciones en más de tres años.

Los informes policiales y peritajes contables, agregó el tribunal, identificaron transferencias a Calisto, Cárcamo y Klein. Entre ellas figura un traspaso al entonces diputado que coincide en monto y fecha con el pago de los honorarios de Graf.

La resolución también recoge un cambio relevante en las declaraciones de los coimputados. En sus últimos testimonios, Cárcamo y Graf atribuyeron a presiones del actual senador actuaciones relacionadas con la adquisición compartida de la parcela y un reconocimiento de deuda, modificando las explicaciones que habían entregado previamente.

La defensa de Calisto, encabezada por el abogado Nelson Salas, pidió rechazar el desafuero. Sostuvo que Graf sí prestaba asesoría política directamente al parlamentario y que las transferencias tenían una justificación vinculada a un proyecto de inversión entre privados.

Argumentó, además, que ambos eran vecinos y que esa cercanía permitía mantener reuniones sin una agenda formal ni participación del resto del equipo. Sobre los cambios en los honorarios, afirmó que respondían a la distribución de las asignaciones parlamentarias según las necesidades de trabajo.

La defensa también cuestionó el origen de la denuncia y alegó dificultades para acceder a antecedentes aportados por Cárcamo. Asimismo, planteó que las modificaciones en las declaraciones de los coimputados coincidían con la revocación de una medida cautelar que afectaba a este último.

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La condena contra el juez

La Corte sostuvo que esas controversias deberán debatirse en el juicio oral, instancia en la cual las declaraciones, documentos y peritajes podrán adquirir su valor definitivo. Para resolver el desafuero, estimó suficiente la existencia de antecedentes que permiten considerar plausible la imputación. 

El caso fue conocido en Puerto Montt debido a la inhabilidad de los ministros titulares de la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Con esta decisión, la Fiscalía queda habilitada para presentar acusación contra Calisto por fraude al Fisco reiterado, sin perjuicio de la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema.