Dinero, teléfonos y castigos: cómo la mayor banda criminal de Brasil organizaba a sus miembros en las cárceles chilenas

A Brian Eujenio Córdova podían expulsarlo del Primer Comando de la Capital (PCC), la peligrosa organización brasileña. La noticia se la dio su compañero de celda en la cárcel de Puente Alto, el brasileño Lucas Leonardo de Oliveira Santos, mientras mantenía una llamada con su pareja desde la cárcel de Puente Alto. Era el 20 de septiembre de 2023. Oliveira Santos dejó por un momento la conversación con ella para hablar con Córdova, pero la línea permaneció abierta. A esas alturas, la PDI lo tenía interceptado y al otro lado había un detective escuchando. Desde la organización reclamaban que Brian había dejado de reportarse desde la cárcel con el PCC, ellos -por su parte- reclamaban que el dinero prometido no llegaba.

Lo que dijeron permitió observar un conflicto que hasta entonces transcurría fuera del alcance de las autoridades chilenas. Según el informe policial, el encargado de la estructura del Primer Comando de la Capital en Chile quería expulsar a Córdova porque había dejado de reportarse.

Oliveira Santos había intervenido a su favor y le explicó al encargado que llevaban un año solicitando dinero sin recibirlo. También reclamó por el tiempo transcurrido desde que les habían ofrecido organizar al “comando” en Chile. Córdova, por su parte, aseguró que seguía presente en todos los grupos de comunicación.

La discusión ocurría dentro de una cárcel chilena, pero las decisiones involucraban a una organización brasileña cuyos mandos exigían información sobre sus miembros, recibían solicitudes de ayuda y podían determinar quién permanecía dentro de sus filas.

La escena quedó registrada en los antecedentes de la Operación Sintonía 1533, dirigida por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y desarrollada por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur de la PDI. El expediente, al que accedió Mega Investiga, permite reconstruir una parte menos visible de la instalación del PCC en el país: su organización dentro de los recintos penitenciarios.

Había registros de integrantes, responsables de mantener las comunicaciones, solicitudes de dinero que debían escalar hasta Brasil y teléfonos adquiridos con recursos de la organización. También existía un sistema para identificar a quienes dejaban de responder y sancionar a quienes incumplían sus reglas.
En ese funcionamiento, la llamada de septiembre de 2023 adquirió un significado particular. La falta de contacto podía terminar en una expulsión. Y una expulsión podía tener consecuencias mucho más graves que quedar fuera de un grupo de WhatsApp.

La alerta que llegó desde Brasil

La investigación chilena comenzó a partir de antecedentes enviados en septiembre de 2022 por el Ministerio Público del estado de São Paulo. El origen estaba en la Operación Solis, una causa brasileña sobre tráfico internacional de cocaína hacia Europa.

En diciembre de 2021, los investigadores de ese país habían incautado 507 kilos de cocaína base en un inmueble y otros 389 kilos de clorhidrato de cocaína en una lancha. También encontraron equipos de buceo, materiales para mantener la droga bajo el agua y dispositivos electrónicos utilizados por los sospechosos.
Según el informe remitido a Chile, los cargamentos serían transportados en baúles sumergidos y fijados por buzos al casco de grandes embarcaciones. Pero fueron los teléfonos y computadores los que abrieron otra línea de investigación.

El análisis de esos equipos reveló comunicaciones entre integrantes del PCC situados en distintos países y sus contactos en Brasil. Entre los archivos había registros de incorporaciones, cambios de funciones, detenciones y actualizaciones de números telefónicos.

Una planilla elaborada en agosto de 2021 contenía fichas de personas presentes en varios territorios. Chile figuraba entre ellos.

Los antecedentes enviados desde São Paulo incluían siete fichas de presuntos miembros vinculados con el país. La investigación local permitió ampliar ese registro: el informe incorporado a la carpeta terminó reuniendo fichas correspondientes a 24 personas que habrían sido incorporadas a la organización.

Para los detectives, la documentación no era simplemente una lista de contactos. El PCC mantenía un sistema de registro que permitía seguir a sus miembros incluso cuando cambiaban de ciudad, de cárcel o de función.
El informe brasileño describe un “Libro Blanco”, donde se anotaban los datos de ingreso, y un “Libro Negro”, destinado a registrar a quienes habían sido excluidos. Nombre, apodo, edad, trayectoria penitenciaria y un código individual formaban parte del catastro.

La información se actualizaba con los acontecimientos relevantes de cada integrante. El propósito, según el documento, era “reunir, cobrar y castigar”, y con ello controlar a miembros dispersos en distintos territorios.

Un abogado pagado por “El Comando”

Las primeras interceptaciones en Chile se concentraron en Brian Eujenio Córdova, Marcos Henríquez Cifuentes y Lucas Leonardo de Oliveira Santos. Las comunicaciones mostraron que los investigados conocían los nombres de los encargados del PCC y discutían cómo mantener el contacto con ellos desde prisión.

En una conversación de junio de 2023, Córdova habló con un interlocutor que posteriormente fue individualizado como Henríquez Cifuentes, entonces recluido en Colina I.

El diálogo giró en torno a los nuevos responsables de la organización para Chile. Aparecieron los apodos de “Cachorro”, “El Imparcial” y “Romario”. Córdova preguntó si alguno hablaba español. La respuesta fue que Romario sí lo hacía.

La dificultad del idioma era un asunto práctico: los miembros chilenos necesitaban comunicarse con los encargados brasileños, conocer sus decisiones y canalizar solicitudes.

En esa misma conversación surgió la posibilidad de contratar una defensa judicial común. Según el resumen policial, el interlocutor señaló que pondrían un abogado para todos, pagado por “El Comando”.

Córdova también pidió que lo incorporaran al grupo de WhatsApp. Explicó que había perdido contacto con los encargados después de que le solicitaran elaborar unos folletos a mano y él informara que tenía a su familia detenida.

La conversación terminó con la decisión de continuar por la aplicación de mensajería porque la llamada se escuchaba mal. Para los detectives, ese intercambio ayudó a identificar a Henríquez Cifuentes como una persona encargada de contactar a otros miembros del PCC en Chile.

El apoyo judicial tenía una función dentro de la estructura: atender necesidades de integrantes encarcelados y mantenerlos vinculados con la organización. Pero las promesas de asistencia también provocaban reclamos. Tres meses después, Oliveira Santos invocaría precisamente la falta de dinero para defender a Córdova frente a una eventual expulsión.

El teléfono del “general de Chile”

Otro antecedente llegó desde un procedimiento de Gendarmería. La institución incautó un teléfono utilizado por Córdova y, en junio de 2025, la Fiscalía instruyó que el aparato fuera retirado de custodia para su análisis.
El Grupo de Operaciones Digitales de la PDI extrajo la información de un Samsung Galaxy A23. Allí encontró conversaciones que, según el informe, permitían establecer el papel que el imputado decía desempeñar dentro del PCC.

En mensajes intercambiados entre el 27 y el 30 de enero de 2025 con un contacto guardado como “Alejandro Matador”, Córdova se identificaba como “Geral do Chile”: general de Chile.

El contacto utilizaba un número brasileño. Los investigadores lo describen como un ciudadano de esa nacionalidad que sería uno de los encargados del PCC para el país.

Córdova le pedía dinero para adquirir un teléfono dentro del penal.

El intercambio reunía dos elementos relevantes para la causa. Por una parte, el imputado se atribuía una función de mando. Por otra, recurría a un encargado de la organización para financiar el instrumento que le permitiría mantenerse comunicado desde la cárcel.

La PDI sostiene que las respuestas de “Alejandro Matador” mostraban cómo debían gestionarse las solicitudes. Existían procedimientos, responsables y niveles de autorización. La ayuda no se resolvía necesariamente entre dos personas: debía seguir un recorrido dentro de la estructura.

En otros antecedentes de la carpeta aparecen catastros de teléfonos comprados con dinero del PCC para su uso al interior de recintos penitenciarios. Los registros identificaban el penal donde se encontraba el equipo y a la persona responsable.

También se contabilizaban los miembros presentes en cada cárcel, los recintos que habían mantenido contacto durante la mañana, la tarde y la noche, y la presencia de otras organizaciones criminales.

La información penitenciaria chilena, de acuerdo con el informe policial, se incorporaba así al sistema de control de una organización cuyos niveles superiores estaban fuera del país.

Una estructura que exigía respuestas

El nombre de la operación recoge dos referencias utilizadas por el PCC. El número 1533 funciona como un código de identificación. Las “sintonías” son unidades de su organización, con funciones o responsabilidades determinadas.

En la carpeta aparecen encargados nacionales, responsables de integrantes encarcelados y estructuras dedicadas a canalizar ayuda. Para solicitar apoyo, un miembro debía completar una petición que pasaba por el encargado del país y luego llegaba a los responsables en Brasil, quienes decidían si se autorizaba.
Los grupos de WhatsApp sostenían buena parte de esa coordinación. Allí se distribuían comunicados, se presentaban solicitudes y se informaban novedades.

Un mensaje incorporado al informe exigía actualizar diariamente los tableros de cada país. Si había nuevos miembros bautizados, debían agregarse al registro. Si se había localizado a alguien que estaba sin comunicación, también debía informarse.

“Presten toda la atención a las actualizaciones diarias de cada país”, instruía una de las circulares. Otra insistía en que la información debía entregarse dentro de los plazos para que los encargados pudieran elaborar un registro general.

La organización separaba a quienes estaban en libertad de quienes permanecían presos. Ambos sectores tenían responsables y canales de comunicación. Los recuentos permitían saber quién estaba “en sintonía” y quién había dejado de responder.

Cuando alguien se encontraba fuera de contacto, se enviaban listados y se pedía a los miembros del respectivo país que lo buscaran para conocer sus explicaciones.

Para la PDI, esa práctica ayuda a entender la conversación interceptada en Puente Alto en septiembre de 2023. La ausencia de Córdova en los reportes había generado una reacción de los mandos. Oliveira Santos tuvo que intervenir y argumentar que tampoco habían recibido la asistencia prometida.

La ayuda para un funeral

Los antecedentes muestran que el apoyo podía extenderse a las familias de los integrantes.
En junio de 2025, Jean Giordano Carrasco Maliqueo, identificado en la carpeta como hijastro de Córdova, fue asesinado en La Pintana. Según el informe, había discutido con otro sujeto y recibió un disparo que le provocó lesiones mortales.

Córdova comunicó el homicidio a la organización. Los antecedentes policiales señalan que sus miembros se coordinaron para encontrar al responsable, aunque esa búsqueda no llegó a concretarse.
La estructura también instruyó a uno de sus integrantes en Chile que acudiera a apoyar a Córdova y ofreció ayuda económica para los gastos funerarios.

El expediente describe cómo se tramitó ese aporte. Las boletas de la funeraria fueron remitidas a la denominada “Sintonía de Ayuda”. Los encargados del sector interno para Chile, identificados como “Alejandro Matador” y “Gringo”, generaron un “relatorio”, un comunicado destinado a obtener autorización de la “Sintonía General” y liberar los recursos.

Según lo informado por “Alejandro Matador”, el dinero finalmente llegó a Córdova.

El episodio permite observar la cadena de decisiones con un caso concreto. Había una necesidad local, documentos para respaldarla, intermediarios que la presentaban y una autorización superior para disponer de los fondos.

La asistencia reforzaba los vínculos entre los miembros y la organización. Quienes estaban presos podían recurrir a ella para solicitar un teléfono, una defensa judicial o ayuda frente a la muerte de un familiar. A cambio, debían seguir disponibles para comunicarse y cumplir las obligaciones internas.

El costo de quedar fuera

El informe policial también registra las consecuencias que podían enfrentar quienes dejaban de responder o eran considerados infractores.

En sus conclusiones sobre las interceptaciones, la PDI advierte que los integrantes que no se reportaban dentro de los períodos establecidos podían dejar de ser considerados activos y pasar al “Libro Negro”. Esa situación, según los antecedentes reunidos, podía exponerlos a represalias, “incluida la pérdida de la vida”.
La carpeta describe además un mecanismo denominado “Decreto”, utilizado para sancionar a miembros considerados traidores o que hubieran infringido disposicionesinternas. La sanción podía contemplar la ejecución de la persona.

Una vez adoptada la decisión, se difundía un comunicado con fotografía, nombre, apodo, lugar de residencia y los motivos de la expulsión. Los demás integrantes eran instados a cumplir la sanción si ubicaban al afectado.
El informe incorpora registros de personas cuyos antecedentes habrían sido difundidos por encargados o representantes de la organización en Chile. La existencia de esos documentos permite conocer el mecanismo; por sí sola no acredita que cada castigo anunciado se haya ejecutado.

La investigación de la Fiscalía Sur y la PDI sitúa a los imputados dentro de una estructura que combinaba asistencia, registro y subordinación. Las responsabilidades penales individuales deberán ser establecidas en el proceso judicial.

En la llamada de Puente Alto, Córdova defendía su permanencia asegurando que seguía en los grupos. Oliveira Santos reclamaba que el dinero prometido no había llegado. Detrás de esa discusión estaban las reglas de una organización que llevaba cuenta de sus miembros, financiaba sus comunicaciones y exigía respuestas desde el otro lado de la frontera.

Un teléfono podía mantener a un recluso chileno conectado con Brasil. También podía ser el medio por el que le comunicaran que había dejado de ser un “hermano”.

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