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EXCLUSIVO | Censura por escrito: Suprema ratifica sanción a jueza que liberó al sicario del "Rey de Meiggs"

A más de un año de su fuga, este jueves se concretó la extradición desde Colombia de Alberto Carlos Mejía, sindicado como el autor material del crimen de José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”. Su regreso al país reflotó el escándalo provocado por su liberación debido a una cadena de errores judiciales.

El 9 de julio de 2025, la jueza titular del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, firmó una resolución que dejaba sin efecto la prisión preventiva decretada contra el imputado. El documento fue enviado a Gendarmería y permitió que Mejía quedara en libertad.

El episodio dio origen a una investigación administrativa que, tras distintas instancias, llegó hasta la Corte Suprema. El pasado 25 de agosto, el máximo tribunal selló la responsabilidad disciplinaria de la magistrada.

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El Pleno confirmó la sanción de censura por escrito y desestimó la solicitud de Rodríguez para ser absuelta de los cargos o, subsidiariamente, obtener una rebaja del castigo.

En un fallo de mayoría, la Corte Suprema estableció que la magistrada incurrió en una infracción al artículo 544 del Código Orgánico de Tribunales, al reconocer “que no revisó con diligencia y acuciosidad el contenido de la actuación suscrita, en circunstancias que por su intermedio se ordenaba la libertad del imputado”.

De esta manera, el máximo tribunal ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había impuesto la censura por escrito, sanción que quedará registrada en la hoja de vida de Rodríguez.

El tribunal de alzada, sin embargo, había desechado la propuesta de la fiscal judicial a cargo del sumario, quien planteó suspender a la jueza durante un mes, con goce de medio sueldo.

Una segunda funcionaria del Octavo Juzgado de Garantía obtuvo una rebaja de su sanción, que finalmente quedó en una amonestación privada.

La confesión de la jueza: firmó sin leer

Con 28 años de trayectoria en el Poder Judicial, el episodio marcó un antes y un después en la carrera de Irene Rodríguez, quien debió declarar en dos oportunidades durante el sumario administrativo.

En uno de los interrogatorios, al que accedió Mega Investiga, la fiscal judicial le preguntó: “¿Entonces no se percató en ese momento de lo que usted estaba firmando? ¿Usted decretó las órdenes de libertad y de ingreso?”.

En su respuesta, Rodríguez reconoció haber firmado personalmente ambas resoluciones: “Por supuesto que las firmé”, señaló.

El administrador del tribunal, Mario Cabrera, también apuntó a la falta de prolijidad de la magistrada. En su declaración reveló que Rodríguez reconoció a través de WhatsApp que “se equivocó y no leyó”, admitiendo que la palabra “libertad” debería haber encendido una señal de alerta.

La cadena de errores que permitió la fuga

El incidente comenzó después de la audiencia de formalización, cuando se decretó la prisión preventiva del imputado, quien inicialmente fue identificado como Osmar Ferrer Ramírez.

A las 20:17 horas se firmó la primera orden de ingreso al penal. Sin embargo, Gendarmería advirtió que el apellido del imputado estaba mal escrito.

Ocho minutos después se emitió un nuevo documento que, por error, dejaba sin efecto la medida cautelar. La resolución fue firmada por la magistrada.

A las 20:28 horas, Rodríguez suscribió una tercera orden de ingreso, esta vez con el apellido correctamente escrito. El documento fue entregado personalmente a Gendarmería para concretar el traslado del imputado al CDP Santiago 1.

Sin embargo, el tribunal también envió por correo electrónico a Gendarmería la resolución que anulaba la prisión preventiva. Ese documento posibilitó que, al día siguiente, el presunto sicario recuperara su libertad y posteriormente huyera a Colombia.

Mejía fue detenido en ese país en medio de una intensa búsqueda internacional. Este jueves 10 de septiembre fue extraditado a Chile y este viernes deberá enfrentar nuevamente a la justicia, a la espera del juicio en su contra.

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