Contraloría detecta que INE permitió que censistas con antecedentes penales ingresaran a hogares el 2024
- Por Leslie Ayala | Mega Investiga
¿Qué pasó?
Este miércoles, la Contraloría General de la República terminó de auditar los gastos y contratos del Censo de Población y Vivienda 2024 -el operativo estadístico más grande ejecutado en Chile en décadas- y el resultado es devastador para el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El Informe Final N° 194, de 2025, fechado el 10 de marzo de 2026 documenta una serie de irregularidades que van desde pagos por servicios no prestados hasta la contratación de personas que estaban legalmente inhabilitadas para trabajar.
Entre todas las irregularidades, una destaca por su gravedad: el INE contrató como censistas a personas que tenían antecedentes penales por delitos como estafa, robo, tráfico de drogas y violencia intrafamiliar.
Ir a la siguiente notaEn el documento, el órgano fiscalizador sostiene que “se detectaron 16 personas que contaban con antecedentes penales, tales como estafa, robo, robo por sorpresa, hurto simple, lesiones menos graves en su grado de consumado, tráfico de drogas, lesiones menos graves y graves en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros, no obstante, fueron contratados a honorarios por el INE y prestaron servicios como censistas el 2024”.
Ingresaron a los hogares
El cargo de censista no era menor: eran quienes tocaban las puertas de los hogares a lo largo y ancho de Chile para aplicar el cuestionario del Censo.
El mismo informe describe que, de acuerdo con el manual de recolección aprobado por el INE mediante resolución exenta N° 4.758, de 7 de diciembre de 2023, "el censista es responsable de recopilar la información de los y las residentes habituales de todas las viviendas del área de levantamiento asignada, asegurando el cumplimiento de los estándares y procedimientos definidos por el Censo".
La función implicaba visitas presenciales a domicilios particulares, usando dispositivos móviles de captura.
El Censo requirió contratar a 39.264 personas para distintos roles.
Para el proceso de reclutamiento y selección masivo, el INE contrató a dos empresas externas: la Unión Temporal de Proveedores Centro de Servicios UCEN y Assertive Consulting Group Ltda. También realizó contrataciones directas.
De los 16 censistas con antecedentes penales detectados por Contraloría, la distribución de responsabilidad fue la siguiente: 4 fueron reclutados y seleccionados por la empresa UCEN; 1 fue reclutado y seleccionado por Assertive Consulting Group Ltda.;11 fueron reclutados y seleccionados directamente por el INE.
Es decir, la mayoría de los casos de contratación de personas con antecedentes penales fue responsabilidad directa del propio INE, no de las empresas externalizadas.
Certificados de antecedentes falsos
Contraloría identificó tres categorías de situaciones dentro de este hallazgo, y la más grave involucra la validez de los documentos presentados:
"En 6 de los casos detectados existen certificados de antecedentes para fines particulares presentados por los postulantes y adjuntos en la información proporcionada por el INE como respaldo de las contrataciones realizadas, los cuales indican que 'No registra antecedentes', sin embargo, verificada la situación de aquellos con el Servicio de Registro Civil e Identificación, se constató que a la fecha de ser contratados contaban con antecedentes penales".
En otras palabras: en al menos seis casos, los documentos presentados indicaban que la persona no tenía condenas, pero cuando la Contraloría los cruzó directamente con el Registro Civil, quedó en evidencia que los certificados no reflejaban la realidad al momento de la contratación.
El informe no afirma que los documentos hayan sido adulterados -eso será materia del Ministerio Público-, pero sí deja constancia de que el INE no validó su autenticidad.
Respecto de los 10 casos restantes, el informe describe dos situaciones: en 8 de ellos, el certificado de antecedentes directamente no estaba en los archivos del proyecto ("no fue posible verificar el certificado pertinente, toda vez que no se encontraba en los antecedentes de postulación dispuestos por el INE para la presente auditoría"); y en los 2 casos finales, el INE ni siquiera proporcionó la carpeta completa de postulación.
Los descargos del INE
Ante el preinforme de Contraloría, el INE respondió. En síntesis, argumentó que el operativo censal era de "gran magnitud" y debía entenderse en ese contexto.
Respecto de los 4 casos de UCEN, los certificados indicaban "sin antecedentes" -lo que el INE usó como defensa de esa empresa-, aunque uno de los casos no tenía certificado disponible.
Sobre el caso de Assertive Consulting, el INE admitió que la empresa presentó un certificado "con antecedentes", pero el postulante figuraba igual como "admisible" en la nómina entregada: "la inconsistencia fue detectada por el INE únicamente en el marco de esta auditoría".
En cuanto a los 11 casos de contratación directa, el INE admitió que en 8 no tenía el certificado porque "esos documentos no quedaron respaldados en los registros digitales del proyecto", y que en los 3 restantes "se recepcionaron certificados con antecedentes que no fueron detectados al momento de la contratación".
La Contraloría rechazó todos estos argumentos y mantuvo la observación, señalando que "en atención a que reconoce las situaciones observadas, no desvirtuándolas de manera alguna, y en vista que las acciones que arbitrará sobre la materia no se encuentran implementadas y son de aplicación futura, corresponde mantener la observación planteada".
Más aún, el INE reconoció en su respuesta que la contratación ya no puede ser "regularizada habida consideración de la circunstancia de encontrarse las personas con antecedentes". Es decir: la irregularidad es irreversible.
Denuncia ante Fiscalía
La Contraloría dispuso medidas concretas. Respecto de los 16 censistas con antecedentes penales, el informe ordena:
"Sin perjuicio de lo anterior, y en atención a la gravedad de los hechos detectados, la entidad auditada deberá instruir un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de la situación representada, remitiendo el acto administrativo que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de Control, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe”.
El plazo comenzó a correr desde que el INE recibió el informe.
Sin embargo, esta observación -la de los censistas con antecedentes penales- no es una de las que fue derivada al Ministerio Público directamente por Contraloría. La derivación a la fiscalía aplica a otras dos observaciones del mismo informe, que involucran potenciales ilícitos de otro tipo.
No obstante, el propio INE, al responder la observación 5.4 sobre funcionarios que trabajaban en doble empleo público sin declararlo, informó en su respuesta que "procederá a efectuar la respectiva denuncia ante el Ministerio Público" por esas personas.
El informe deja constancia de que la Contraloría tomará acción ante la fiscalía respecto de dos hallazgos específicos:
Primero, el caso de una exasesora del INE que participó como experta técnica en la comisión evaluadora de la licitación de campaña comunicacional del Censo -adjudicada por $1.700 millones a la empresa Dittborn y Unzueta S.A.- siendo al mismo tiempo representante legal de McCann Erickson S.A., empresa con 60% de participación en la adjudicataria.
El informe señala que esto "eventualmente configura conflicto de interés según la Ley N° 20.880 sobre Probidad" y concluye: "este Organismo de Control remitirá una copia de la presente observación al Ministerio Público, para los fines que en derecho correspondan".
Segundo, el caso de 267 personas que prestaron servicios para el Censo entre marzo y junio de 2024 y que simultáneamente estaban contratadas en otros servicios públicos —en modalidades de honorarios, contrata, código del trabajo o planta— sin haberlo declarado mediante la declaración jurada que exige la ley.
El informe también indica aquí: "este Organismo de Control remitirá una copia de la presente observación al Ministerio Público, para los fines que en derecho correspondan".
Extranjeros con orden de expulsión
El hallazgo de los censistas con antecedentes penales no es un hecho aislado.
La auditoría de Contraloría revela que el proceso de reclutamiento y selección del Censo 2024 tuvo fallas de control en múltiples niveles: 14 extranjeros fueron contratados sin tener residencia vigente o habilitación para trabajar en Chile, según lo confirmó el Servicio Nacional de Migraciones.
Cinco de ellos tenían la residencia revocada por distintos motivos, y uno había sido objeto de una expulsión administrativa del país.
136 personas contratadas para los cargos de Coordinador de Local Censal y Gestor Administrativo no acreditaron tener el nivel educacional técnico o profesional exigido.
28 personas para el cargo de Coordinador de Grupo no acreditaron enseñanza media completa.
688 personas contratadas no contaban con ningún antecedente que respaldara el cumplimiento de los requisitos, es decir, el INE no tenía ni la cédula de identidad, ni el certificado de antecedentes, ni ningún documento de postulación.
El informe describe cómo funcionaba el control del INE: según la propia Coordinadora Operativa de los contratos con las empresas adjudicadas, "no se realizó una revisión individual de las carpetas y documentos, agregando que informáticamente se realizó una cuadratura de la totalidad de las carpetas traspasadas por las empresas en cada entrega" y que "se realizó un control aleatorio de los documentos que contenía cada carpeta".
Las multas que el INE no cobró: $131 millones
Además de las irregularidades en la contratación, Contraloría detectó que el INE no aplicó las multas que contractualmente correspondían a las empresas reclutadoras por sus incumplimientos.
La cifra total de multas no cobradas asciende a 3.360 UF, equivalentes a aproximadamente $131.972.500, por los casos de certificados con antecedentes penales, extranjeros no habilitados, personas sin credenciales educacionales y falta de documentación de respaldo.
Leer más de
Notas relacionadas
- Contraloría pide explicaciones al SII por resolución que abrió la puerta al pago de IVA de casas de apuestas online
- Nuevo revés para cárcel en Santiago: Contraloría afirma que no está claro si corresponde a ampliación o nuevo recinto
- Contraloría pone la lupa sobre 15 alcaldes: arriesgan multas y hasta destitución por incumplir obligación legal
