Fiscal de La Araucanía Roberto Garrido desmintió a Steinert: El gobierno no tuvo rol en la detención de Huenchullán

La madrugada de este martes, un operativo conjunto entre la Fiscalía, Carabineros, la PDI y el Ejército logró detener a Jorge Huenchullán, líder de la comunidad de Temucuicui que llevaba prófugo desde 2021, acusado de narcotráfico, porte ilegal de armas y otros delitos. El éxito de la operación, sin embargo, abrió una polémica inesperada: quién se atribuye el mérito.

Huenchullán fue formalizado a mediados de 2021, tras un allanamiento a su domicilio donde se encontraron más de 12 kilos de marihuana, 500 plantas, armas de fuego y más de cuatro millones de pesos en efectivo.

Desde entonces, la prisión preventiva decretada nunca pudo hacerse efectiva. Durante cinco años, la fiscalía solicitó al menos cuatro órdenes de entrada y registro a su domicilio en Temucuicui, todas sin éxito. La zona conta con un sistema de alerta temprana, disparos intimidatorios y obstáculos físicos —zanjas y árboles atravesados en los caminos— que impedían el avance de los vehículos policiales.

Lo que cambió esta madrugada fue la combinación de certeza y medios. La fiscalía llevaba meses con vigilancia tecnológica sobre Huenchullán, había determinado su rutina y tenía certeza de que estaría en su domicilio. A eso se sumó la disponibilidad de un helicóptero del Ejército, que permitió su extracción rápida y segura pese a los disparos que se registraron una vez concretada la detención. Nadie resultó herido.

La ministra que salió a hablar

Horas después del operativo, la entonces ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert —quien esta tarde fue removida del cargo por el Presidente Kast— salió a declarar ante la prensa. "Nosotros estamos trabajando duramente para coordinar estos operativos en todo lo que es la Araucanía", dijo, y añadió que el gobierno "va a seguir con estas acciones coordinadas, responsables y eficientes".

El fiscal regional de la Araucanía y fiscal nacional subrogante, Roberto Garrido, fue consultado directamente por esas palabras en entrevista con Radio Infinita. Su respuesta fue categórica: "En la organización de ningún operativo que se vincule con una investigación penal interviene ningún otro órgano que no sea el Ministerio Público".

Garrido explicó que la fiscalía es el único órgano con atribución constitucional para dirigir investigaciones penales y coordinar con las policías. El Ministerio de Seguridad, aclaró, cumple una función de orden general —las necesidades macro de los órganos policiales— pero no interviene en la planificación de operativos específicos. "A las autoridades políticas se les da esta información cuando el operativo ya está concretado", precisó.

Consultado si las declaraciones de Steinert equivalían a adjudicarse el éxito de una operación en la que no participó, el fiscal fue cuidadoso pero firme: "Esa es una interpretación. Yo me imagino que ella se está refiriendo a cuestiones de orden general". Aunque evitó la confrontación directa, sus explicaciones dejaron poco margen de ambigüedad sobre los límites del rol ministerial.

Sin cambio de gobierno, sin cambio de estrategia

La detención de Huenchullán fue celebrada por el oficialismo como un logro de la nueva administración. Garrido desmintió esa lectura. Lleva cinco años como fiscal regional de la Araucanía y ha trabajado con tres gobiernos distintos. "No aprecio que haya un cambio significativo en las estrategias o en las políticas de persecución", dijo, y agregó que el operativo venía preparándose con meses de anticipación, independiente del color político del gobierno. "Los tiempos de la fiscalía no coinciden con los tiempos políticos", subrayó.

También descartó que la no detención durante el gobierno anterior se debiera a falta de voluntad política. "Nunca ha recibido de ninguna autoridad política una indicación de lo que la fiscalía tiene que hacer. De ningún gobierno", afirmó.

Qué viene ahora

Huenchullán ingresó a la cárcel de Angol en cumplimiento de la prisión preventiva decretada en 2021. El siguiente paso es la audiencia de preparación de juicio oral, con penas solicitadas que superan los 15 años. Su cónyuge, detenida en el mismo operativo, fue formalizada ese mismo día y la fiscalía pidió también prisión preventiva para ella. Garrido advirtió que en casos como este es habitual que las defensas intenten dilatar los plazos, pero expresó esperanza en que el juicio pueda realizarse antes de que termine el año.