Renuncia de Maya Fernández para evitar cuestionamientos: La declaración clave en la causa por compra de casa de Allende

Hasta ahora, son más de 20 las personas que han declarado ante la Fiscalía por el proceso de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Por las dependencias del Ministerio Público han pasado los principales protagonistas de la operación, entre ellos la exministra Maya Fernández, el exasesor presidencial Miguel Crispi y el abogado de la familia Allende, Felipe Vio.

Las preguntas de los persecutores abordan distintas etapas del proceso, desde su origen hasta los momentos posteriores al estallido del caso. Sin embargo, uno de los principales focos de la investigación es esclarecer si las autoridades de Gobierno fueron advertidas de los problemas jurídicos de la compra, al verse involucradas dos autoridades, la exministra Fernández y la exsenadora Isabel Allende, que tenían un impedimento constitucional para celebrar contratos con el Estado.

Desde Presidencia han evitado referirse a las eventuales advertencias sobre las consecuencias jurídicas del proceso, a excepción de una respuesta enviada al medio Ciper, donde aseguran que “a lo largo del proceso, no se formalizaron reparos o advertencias a la Presidencia de la República”.

Esa misma postura compartió el jefe de gabinete de Presidencia, Carlos Durán, quien señaló en su declaración que no recuerda haber recibido alertas de parte de los asesores encargados de hacer seguimiento a la compra, ni tampoco que estas se hayan presentado en alguna reunión. “Nosotros como Presidencia no recibimos alerta alguna”, se lee en la declaración de Durán, a la que tuvo acceso este medio.

Sin embargo, durante el desarrollo de la investigación se han conocido diversos relatos y “minutas” que van en la dirección contraria.

Mega Investiga, tuvo acceso a un testimonio clave en la indagatoria. Se trata de Denisse Hernández, quien fuera la jefa de gabinete de la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y que según su declaración advirtió en numerosas ocasiones las consecuencias “políticas y comunicaciones” que podía generar la compra.

Hernández tuvo una activa participación en la operación, donde mantuvo un contacto directo y constante con los asesores presidenciales Leonardo Moreno y Bernardita Nazar, quienes tenían la tarea de monitorear el avance del compromiso impulsado por el presidente Gabriel Boric.

La primera reunión de Hernández con los asesores presidenciales tuvo lugar el 24 de abril de 2024, y también participó el jefe de gabinete de Cultura, Gonzalo Pinto. Según el testimonio de la entonces jefa de gabinete de Bienes Nacionales, Pinto “comentó que al revisar el estudio de títulos, advertía que podía haber un conflicto con la ministra Maya Fernández”. Sobre este punto, Hernández relató que la asesora presidencial Bernardita Nazar “le bajó bastante el perfil, ya que la reunión era informativa, aludiendo que nos daría tareas para una próxima reunión”.

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La "renuncia" de Maya Fernández

Los posibles conflictos de interés en la operación irían haciendo cada vez más ruido, según el relato de Hernández. La entonces jefa de gabinete declaró que se llevó adelante una nueva reunión en el mes de julio de 2024, donde nuevamente le hizo ver los reparos de la operación a los asesores presidenciales. “Hablé sobre el conflicto de interés de que una de las herederas fuera la ministra Maya Fernández, además de un conflicto político y comunicacional”, se lee en el testimonio.

Sobre este punto, Hernández asegura que el asesor presidencial, Leonardo Moreno, le respondió que “la idea era que la compra se iba a efectuar a final de año, (y que) no iba a haber problemas con mi advertencia, debido a que en el mes de octubre iba a realizarse un cambio de gabinete y que la Ministra Fernández renunciaría a su cartera”.

En ese entonces, efectivamente se conversaba la posibilidad de que la entonces ministra Fernández renunciara a su cargo para poder postular a las elecciones parlamentarias de noviembre de 2025, donde podría reemplazar el cupo de su tía, la exsenadora Allende.

Hernández declaró ante los persecutores que no quedó conforme con la respuesta de Moreno, ya que seguía “siendo un flanco” para la exministra Sandoval. Según el testimonio de la exjefa de gabinete, Moreno le señaló que no se preocupara “y que él llamaría a la ministra Sandoval y a la ministra (Carolina) Arredondo, finalizando de esta forma la reunión”.

El cambio de gabinete nunca se efectuó y ante ese escenario, a inicios de noviembre, Hernández se contactó con la asesora Nazar para consultarle si “había algún cambio en el escenario, (dado) que no había salido de su cargo la ministra Fernández”. Nazar habría respondido que lo iba a consultar con Moreno, y tras la insistencia de Hernández, Moreno le habría señalado que el “trámite siguiera y con la misma prioridad de siempre”.

Mega Investiga solicitó una versión a ambos asesores presidenciales, sin embargo, ni Nazar ni Moreno estuvieron disponibles para responder a las consultas de este medio. Tampoco hubo respuesta desde el equipo jurídico de la exministra Fernández.

La "presión excesiva" y una minuta que alertaba las consecuencias

Uno de los aspectos que se repite de manera transversal en los testimonios contenidos en la carpeta investigativa es la urgencia que existía para materializar la compra del inmueble de Guardia Vieja.

Las declaraciones conocidas hasta ahora revelan supuestas “presiones” para ejecutar lo antes posible la operación. Así quedó de manifiesto en el relato de la entonces jefa de gabinete de Bienes Nacionales, quien aseguró que “era habitual que el sectorialista de presidencia le hiciera seguimiento a las iniciativas, sin embargo, en este caso fue excepcional la manera en que ocurrió, particularmente hubo una presión excesiva a nivel de que cuando fui mucho más majadera hablaron directamente con la ministra (Sandoval)”.

Y es que, en más de una ocasión, Hernández declaró ante la Fiscalía que tanto Nazar como Moreno le manifestaban la necesidad de apurar el proceso y que “si había que ajustar los tiempos había que hacerlo”. Incluso, aseguró que Nazar habría manifestado que “si este trámite no salía, era cien por ciento responsabilidad de nosotros como Bienes Nacionales“.

Ante ese escenario, Hernández solicitó una reunión a los asesores presidenciales, donde también participaría la jefa de la división jurídica del ministerio, Macarena Diez. La reunión se celebró el 9 de octubre y es uno de los encuentros claves que investiga la Fiscalía.

Sobre qué ocurrió en ese encuentro, hay versiones diametralmente distintas. Tanto Hernández como Diez, aseguran que en esa reunión, les advirtieron a los asesores presidenciales las “consecuencias políticas y jurídicas” de la compra y los cuestionamientos que podía generar el hecho de que hubiera dos autoridades involucradas en la parte vendedora.

Incluso se habrían apoyado en una minuta que preparó Diez y que está incorporada en la carpeta investigativa. El documento advierte que “no existe justificación para la adquisición de dichos inmuebles” y aborda las “consecuencias morales, políticas y jurídicas”, donde se “manifiesta preocupación y alerta por la adquisición de inmueble Guardia Vieja, por las partes vendedoras” y se “expresan consecuencias políticas y jurídicas, por las personas que actualmente serían propietarias”.

Junto con esto, Hernández habría reclamado que sería la entonces ministra Sandoval, la que tendría que enfrentar comunicacionalmente los cuestionamientos, escenario que habría sido abordada por Moreno, quien -según el relato de la jefa de gabinete- señaló que “ese tema lo vería la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno (SECOM), ellos se iban a encargar de hablar con SECOM, porque incluso posiblemente la misma vocera sería que la que tuviera que referir a la compra”.

Sin embargo, las declaraciones de los funcionarios de Bienes Nacionales distan con la versión entregada a la Fiscalía por parte de los asesores presidenciales. Moreno señaló en su testimonio que solo se hicieron advertencias relacionadas al tema comunicacional, respecto de cómo se iba a informar la compra, y planteó que eso “debían verlo con la Secom”. Junto con esto, descartó cualquier tipo de alerta relacionada con posibles conflictos de interés.

“A su consulta, respecto si Macarena Diez, nos hizo alguna referencia de consecuencias jurídicas asociadas a conflictos de interés o conflictos jurídicos, debo mencionar que no se nos hizo ese tipo de advertencia”, se lee en la declaración de Moreno.

En la misma línea, apuntó la declaración de la asesora Bernardita Nazar, quien aseguró que “en ningún momento nos manifestaron algún impedimento legal o inconstitucional, sea por una norma expresa o por principios de transparencia, probidad o conflicto de interés”.

Tres meses después, con el escándalo ya desatado, Moreno se volvió a ver las caras con Hernández. Fue en una reunión el 3 de enero donde participaron diversas autoridades para intentar solucionar el escándalo que estaba en pleno desarrollo.

Según la versión de las funcionarias de Bienes Nacionales, en ese encuentro, tanto Hernández como Diez manifestaron que “estas advertencias habían sido comunicadas, a lo que Leonardo Moreno señaló que no era la instancia para hablar de eso y se debía enfocar en una solución”.

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