La hora de Joaquín Lavín: Las interrogantes que deberá responder el diputado ante la Fiscalía

El pasado 10 de marzo fue la primera vez que el Ministerio Público envió una invitación a declarar en calidad de imputado al diputado Joaquín Lavín, por la investigación en su contra por fraude al fisco, tráfico de influencias y otros delitos.

Pese a que se le dieron dos opciones para concurrir a las dependencias de la Fiscalía Oriente, el parlamentario no asistió y reagendó en distintas oportunidades, quedando la última cita fijada para hoy martes 29 de abril, a las 09:30 horas. A pesar de ello, el ex militante UDI no estuvo disponible para confirmar su asistencia.

La diligencia, según fuentes ligadas a la investigación, es considerada como un paso previo para la inminente solicitud de desafuero, que se debe presentar ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con lo que buscarían formalizarlo y pedir medidas cautelares en su contra.

Los antecedentes que maneja la fiscal Constanza Encina se vinculan al papel que tuvo en la interna de la municipalidad de Maipú, durante la administración de su esposa Cathy Barriga, y donde él habría actuado como “alcalde en las sombras” tras detectar instrucciones de despidos de funcionarios por parte de Lavín León.

También, se le investiga por fraude al fisco en las facturas que fueron entregadas a la Cámara de Diputados por uno de sus proveedores y que serían falsas, según declaró el propio dueño de la empresa, que le prestó servicios de publicidad para campañas políticas.

En caso de asistir a la diligencia, Lavín deberá responder una a una las preguntas de la persecutora, y se remontará al 2016, cuando su cónyuge asumió el codiciado sillón edilicio, además de enfrentar los antecedentes acumulados tras los allanamientos realizados a su oficina parlamentaria y domicilio particular, en octubre del año pasado.

Los correos electrónicos y declaraciones que complican su defensa

El programa ¿Hasta Cuando? reveló además una serie de antecedentes que forman parte del expediente y que tienen entre las cuerdas al parlamentario, que renunció a la UDI como consecuencia del caso.

Múltiples declaraciones y también correos de funcionarios del período Barriga dieron luces respecto a su rol en casi 500 desvinculaciones de trabajadores que pertenecían a la anterior administración.

Así, en uno de los mails enviado a uno de los asesores de Cathy, señaló: “Carlos, estos funcionarios tienen la misión de hacer fracasar la gestión de la nueva administración, deben ser desvinculados, hoy siguen operando para Vittori. Lo que no quiere decir que sean los únicos, ya que posiblemente se me escapó más de alguno. Enviaré en un momento los contrata que estén en esta misma situación. Saludos”.

También, deberá aclarar el rol que tiene su principal asesor, Arnaldo Domínguez Vallejos, quien está contratado por el Congreso Nacional desde el 2014, y quien también fue citado a declarar como imputado. De acuerdo a la querella que presentó el alcalde Tomás Vodanovic, el sujeto actuaba como un “emisario” de Lavín en lo que tuviera relación con el municipio.

Dominguez también aparece implicado en otra de los eventuales delitos que complican al parlamentario. Se trata de las facturas que emitió Juan Silva, dueño de la imprenta MMG, que habría facturado 88 millones de pesos entre 2017 y 2022.

Ante la Fiscalía declaró que “todas las facturas eran para Lavín, pero en el giro de la factura había que ponerle ‘candidato’ o ‘diputado’ según a donde ellos la iban a rendir (...) Las que dicen ‘cuenta pública’ son todas facturas que corresponden a deudas por otras cosas, que podrían corresponder a campaña o a cosas personales de él”.

Por esta arista, el ex militante gremialista devolvió $7 millones al Congreso, y que tenían relación a los servicios no prestados.