Casa de Allende: Las contradictorias versiones sobre el rol de la Secom en prevenir los efectos adversos de la compra

La tarde del 2 de enero, recién iniciado el año, la tormenta de cuestionamientos por la compra de la casa del expresidente Allende ya se encontraba en La Moneda.

Distintos actores que habían participado del proceso, intercambiaban frenéticas llamadas con sus jefaturas y coordinaban reuniones para gestionar la crisis que desató la idea que había comenzado a ejecutarse casi un año y medio antes.

“El día 02 de enero del 2025 en horas de la tarde, a eso de las 19:00 horas, se comunica conmigo la subsecretaria Lobos para señalarme que había visto en la prensa lo de la compra del inmueble de Guardia Vieja. Me pide que tome contacto con el equipo que estaba a cargo de la adquisición para verificar qué había pasado”, declaró Francisca Moya, jefa de la División Jurídico Legislativa de la Segpres.

Más adelante en su testimonio, la abogada comentó que se comunicó con distintos funcionarios de Presidencia y Bienes Nacionales, para lograr entender lo sucedido.

“Macarena Diez me dice que se había suscrito la compraventa y que no se había considerado las prohibiciones que establecía la constitución. De Denisse Hernández, no recuerdo exactamente. Pablo Maino me comentó que no se tuvo a la vista las prohibiciones que establecía la constitución. Felipe Vio me señaló que él había representado a las personas propietarias y que ellas no habían firmado el contrato directamente”, comentó.

Maino es abogado, jefe de División de Bienes Nacionales, y fue otro de los que recibió llamadas por su participación en el proceso de compra.

“El día jueves 02 de enero 2025, a eso de las 20:30 horas, me llamó la jefe de gabinete de la Ministra y me preguntó si al momento de la revisión de estudio de títulos y recopilación de antecedente, si nosotros habíamos tenido a la vista alguna prohibición de parte de alguno de los vendedores, le respondí que no lo habíamos visto”, declaró Maino ante la policía.

Ese mismo jueves, Francisca Moya habló también con Leonardo Moreno, asesor de Presidencia que había estado a cargo del seguimiento del proyecto.

“Me llama vía telefónica para informarme que había un problema en la compra venta de la propiedad de Allende, por la existencia de una eventual inhabilidad por parte de las vendedoras, en específico la senadora y ministra”, dijo Moreno.

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Al día siguiente, comenzaron las reuniones. En la primera cita Moreno pidió explicaciones: “Abrí la reunión, indicando que no entendía como había sucedido eso, ante lo cual pedí soluciones para el tema. No me interesaba ver quien eran los responsables, solo quería saber cómo resolver jurídicamente esta materia”.

En la tarde, fue el momento de la reunión para gestionar las comunicaciones de la crisis. Junto a Moreno estuvieron Carlos Durán, jefe de gabinete del presidente; Aisén Etcheverry, vocera de Gobierno; Álvaro Elizalde, entonces ministro Segpres; Miguel Crispi, jefe de asesores, Francisca Moya y Pablo Paredes, director de la Secom.

El nombre de Paredes había aparecido meses antes en el proceso, en octubre de 2024, cuando supuestamente desde Bienes Nacionales se levantaron alertas sobre las consecuencias jurídicas a Presidencia.

9 de octubre: la reunión clave

En el largo transcurso de la operación para concretar la compraventa del inmueble del exmandatario, existió una reunión clave que hoy está en la mira del Ministerio Público.

El encuentro ocurrió el 9 de octubre, y en este se vieron las caras representantes de Bienes Nacionales y asesores del Segundo Piso. Por parte del ministerio participaron la directora jurídica, Macarena Diez, y la jefa de gabinete de la exministra Sandoval, Denisse Hernández. Enfrente estaban los asesores presidenciales encargados del seguimiento de la operación, Leonardo Moreno y Bernardita Nazar.

La reunión había sido solicitada por Bienes Nacionales, luego de que el equipo de esa cartera, advirtiera, de manera interna, los problemas jurídicos y políticos de la operación. Esas advertencias internas fueron las que posteriormente habría manifestado la exministra Sandoval a Leonardo Moreno a través de una llamada telefónica, según dio a conocer Ciper. Tras ese llamado, habría surgido la necesidad de agendar una reunión entre ambos equipos, la que se concretó justamente el 9 de octubre.

Según han declarado los participantes de dicha reunión, el objetivo del encuentro era plantear algunas dudas respecto de temas administrativos de la operación, relacionados a la motivación de la compra y a los tiempos de la misma.

Sin embargo, se abordó un segundo tópico del que hasta ahora existen serias contradicciones en los relatos de quienes participaron de la reunión. Según el testimonio de la directora jurídica de Bienes Nacionales, en un momento de la reunión hizo presente a los asesores las “preocupaciones jurídicas y políticas, por la adquisición de este inmueble”, particularmente por los conflictos que podría generar en cuanto a la “transparencia, probidad y conflicto de interés”.

Sobre este punto, también habría insistido la entonces jefa de gabinete de Bienes Nacionales, Denisse Hernández, quien manifestó las consecuencias políticas de la operación. De este aspecto, según relata Macarena Diez, los asesores presidenciales le comentaron que las “consecuencias jurídicas y políticas” se verían comunicacionalmente a través de la Secom.

Ambas versiones distan de las entregadas por los asesores de presidencia. En su declaración, Moreno descarta haber recibido alertas de las consecuencias políticas y jurídicas, y señala que la preocupación planteada por las representantes de Bienes Nacionales sólo apuntaba a cómo se iba a “comunicar a la ciudadanía los aspectos de la compra de la casa”. Sobre este punto, Moreno replicó que “debían verlo con la Secretaría de Comunicaciones”.

Una versión similar fue la que entregó Nazar, quien relató que la preocupación de Bienes Nacionales no tenía relación con problemas jurídicos de la compraventa, sino con el hecho de “si se iba a anunciar o no la compra, y en el caso que así fuera cómo se haría”.

Mega Investiga consultó a la Secretaría de comunicaciones, dirigida por Pablo Paredes, respecto de si recibieron algún tipo de alerta o consulta sobre las consecuencias de la operación, sin embargo, no estuvieron disponibles a entregar una versión.

“No había nada que pudiera hacer”

Hoy por hoy, siete funcionarios relacionados a la compra han abandonado el Ejecutivo, pero la destitución de la senadora Allende abrió una oleada de críticas que sigue buscando responsabilidades en el Gobierno.

De las declaraciones se desprenden varias preguntas sobre la participación de la Secretaría de Comunicaciones que encabeza Pablo Paredes: ¿Se pidió a la Secom armar una estrategia después de la reunión de octubre? ¿Podía esa división prevenir los efectos en la opinión pública y política?

Sobre esta última pregunta, exdirectores de la Secom entregaron sus reflexiones a Mega Investiga.

Paula Walker fue jefa de prensa de Michelle Bachelet durante su primer gobierno y directora de la Secom en el segundo periodo. Si bien cree que la idea de la casa museo era buena, piensa que la destitución de Isabel Allende se produjo por la “falta de experiencia, el apuro y la nula coordinación política” del Gobierno.

“Llama la atención que uno de los asesores presidenciales cuando le avisaron que había problemas de constitucionalidad llegó a creer que era un problema comunicacional. Dijo que sería la Secom la que gestionaría la crisis”, dice Walker.

La asesora cercana a Bachelet agrega que “no había nada que pudiera hacer la Secom frente a este problema estructural: ignorancia sobre la constitución, falta de oficio, descoordinación y ausencia total del sentido de conjunto del gobierno y más bien cada uno salvándose solo”.

Carlos Correa Bau, autor del libro “Error en el sistema”, fue subdirector de la Secom de Walker y agregó un nuevo ingrediente al análisis.

“Es evidente que hay una crisis mal manejada, pero culpar del todo a la Secom es un poco injusto. El manejo de la "familia Allende" no ha sido adecuado, hay que recordar que sacaron un comunicado el mismo día que se fue la ministra de BBNN, y cuando todavía era ministra Maya Fernandez. Debieron guardar silencio”, dice Correa Bau.

Eso sí, el consultor en comunicación estratégica plantea que el equipo de Paredes tiene un nuevo desafío: “La Secom tiene tarea ahora, pues la derecha claramente va a ir por el Presidente”, dice.

Otro ex alto funcionario de la Secom, que prefiere reservar su nombre, comentó a Mega Investiga que el error sobre la norma constitucional no dejaba espacio a interpretaciones. “Si hubiera sido interpretable, hubiera funcionado algo comunicacional”, dice.

Un antecedente nuevo que se suma al contexto de recriminaciones que escala en el oficialismo y que, tras la destitución de la senadora Allende, parece estar lejos de terminar para el Partido Socialista. Incluso, no son pocas las voces de la tienda de calle Londres que estarían pidiendo la salida de Pablo Paredes como forma de compensar el daño causado a la figura de Salvador Allende y su familia.

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