"Fraude y corrupción": Orrego apunta a exintendente Guevara en "Caso Zumba" y CDE solicita que declare ante Fiscalía

Cobros excesivos, falta de cronogramas de trabajo y vínculos familiares, son parte de los antecedentes que presentó el Consejo de Defensa del Estado el viernes 19 de abril en su querella por el "Caso Zumba", donde se investigan presuntos delitos en el financiamiento de proyectos deportivos por parte del Gobierno Regional durante 2021.

El caso se destapó apenas unos meses después de que asumiera el actual gobernador de la región, Claudio Orrego, quien el pasado 2 de diciembre de 2021, alertó sobre eventuales faltas a la probidad y presentó un requerimiento a la Contraloría.

Dos años después, la Contraloría emitió un informe donde daba cuenta de las irregularidades de estas transferencias realizadas por el organismo regional, encabezado en ese entonces, por el exintendente Felipe Guevara (RN).

Dicho informe fue la base para la querella presentada por el CDE en contra de Manuel Zapata, Jorge Arcos y Cecilia Yañez, representantes de las entidades que recibieron los fondos; y del exadministrador regional y mano derecha de Guevara, Patricio Lazcano, por el delito de fraude al fisco.

En el documento se advierte que tres entidades privadas "obtuvieron importantes montos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de manera fraudulenta con la inexorable participación y concierto de funcionarios públicos". Según el CDE, fueron estos últimos quienes permitieron la entrega de más de $500 millones a estas entidades, a pesar de que no cumplían con la normativa.

Junto con esto, el organismo solicitó una serie de diligencias. La primera de ella, es que el exintendente Guevara declare de manera presencial ante la Fiscalía para que indique "por qué se aprobaron los tres convenios cuestionados, en una sola cuota y sin exigir garantía de fiel cumplimiento". 

En la solicitud del Consejo, también se pide que Guevara explique la forma en que se tramitaron los convenios, y entregue antecedentes respecto de las razones de la existencia de dos carpetas paralelas de los proyectos "Masivos de Entrenamiento Funcional" y "Masivos de Spinning regional".

Consultado por este medio, el gobernador Orrego señaló que la querella viene a confirmar lo que su administración denunció hace tres años. "Aquí hubo fraude y corrupción al haberse entregado un monto importantísimo de dinero a instituciones particulares sin las debidas garantías y sin haber fiscalizado el cumplimiento de las mismas", comentó.  

Respecto de la eventual declaración de Guevara ante la Fiscalía, Orrego valoró la solicitud del CDE, y agregó que "nos parece bien que el CDE pida que el exintendente Guevara declare cómo y por qué se llevó a cabo esta situación y qué medidas habrían adoptado ellos para evitarlas o resarcir el daño causado al gobierno regional, con la plata de los chilenos no se juega y al menos en esta región nosotros vamos a controlar que sea así".

Mega Investiga intentó contactar al exalcalde de Lo Barnechea, pero tras varios intentos no fue posible tener una versión sobre este caso de corrupción que surgió cuando él era Intendente Metropolitano, en 2021. 

"Transferencias sin justificación": las claves de la querella

Fue apenas unos meses antes de la salida de Guevara, cuando se ejecutaron millonarias transferencias a tres entidades que llevarían adelante programas deportivos en la región. Se trata de la ONG RCKLT, Corporación Patrimonial Historias Nuestras y Asociación deportiva regional de Halterofilia de La Florida, organizaciones que encendieron las alarmas de las autoridades, debido al parentesco de su estructura, donde varios de sus integrantes son familiares directos (ver imagen).

Las similitudes también se reflejaban en los proyectos que presentaron al gobierno regional, denominados "Masivos de Zumba Regional"; "Masivos de Spinning Regional"; y "Masivos de Entrenamiento Funcional Regional".

En los documentos de postulación a los fondos, los tres proyectos tenían prácticamente la misma descripción, compartiendo la información sobre la comuna de organización, características del proyecto, cronograma de actividades del proyecto, email del coordinador del proyecto, entre otros.

La evidente similitud de los proyectos alarmó a la División de Presupuestos. Tania Romero, funcionaria de la división, señaló en su declaración que advirtió de las posibles irregularidades al administrador regional. "Los tres proyectos eran iguales, ya que señalaban igual descripción de actividades, mismo lugar de ejecución, mismas cotizaciones de las empresas productoras a cargo y mismos antecedentes de profesores que ejecutarían las actividades, es por ello que levanté una alerta y me dirigí hacia el administrador regional, Patricio Lazcano", apuntó Romero.

Aún con los antecedentes a la vista, Lazcano optó por dar luz verde a uno de los proyectos, mientras que los otros dos serían devueltos a la Diplader, para volver a revisarlos. Sin embargo, la nueva revisión nunca se habría concretado, y los proyectos siguieron su curso.

Los $500 millones en transferencias fraudulentas

Así, en menos de un mes, el Gobierno Regional transfirió $500.589.808 a las tres entidades que ejecutarían proyectos prácticamente idénticos. Según los antecedentes presentados por el CDE, estas transferencias se habrían realizado en una sola cuota y sin que se rindiera ninguna garantía.

Tampoco existió un cronograma de trabajo a la hora de realizar la transferencia, y en el caso del proyecto "Masivos de Spinning regional", los fondos entregados a la Corporación Patrimonial Historias Nuestras, "fueron consumidos casi totalmente por la organización sin ejecutar ninguna de las actividades convenidas".

Tanto la Contraloría como el CDE, advirtieron que las transferencias nunca debieron realizarse, ya que las entidades tenían rendiciones pendientes de proyectos de años anteriores, lo que les impedía recibir fondos del Gobierno Regional.

A juicio del CDE, los antecedentes de las millonarias transferencias a las tres entidades serían constitutivas del delito de fraude al fisco, el cual se habría producido con la participación directa de funcionarios públicos que habrían intervenido para permitir el desarrollo de los proyectos, a pesar de ser advertidos de las presuntas irregularidades.

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Sobre este último punto, el Consejo apunta directamente al exadministrador Lazcano, conocido por ser uno de los colaboradores más cercanos al exintendente Guevara. Ambos figuran en el listado de autoridades que deberían declarar ante la Fiscalía según el CDE.