Caso Convenios: Denuncian que funcionarios contratados por fundación trabajaban en el Gore del Biobío
Han sido semanas complejas para el Gobierno Regional del Biobío desde que se destapó el Caso Convenios. El Ministerio Público indaga presuntas irregularidades en el traspaso de recursos a organizaciones, pero también tiene en la mira otro hecho: una denuncia por personal que trabajaba en el organismo público, y que recibía remuneración de fundaciones.
Esta es la figura denunciada, que ya está siendo investigada por la Fiscalía: entre febrero y junio de este año, dos personas -de iniciales D.F.L.F y M.T.V.L- habrían desempeñado funciones para el Gore del Biobío, mientras recibían sueldos de parte de la Fundación Educación Financiera (Fundef), organización que además estaba ejecutando un proyecto que se adjudicó vía trato directo con el organismo público, y por el cual recibió más de $350 millones para ejecutar un programa de voluntariado en la región.
Desde el Gore del Biobío explicaron que la incorporación de las dos personas se debió a la emergencia de los incendios forestales, que afectó a la zona centro sur entre enero y marzo.
La denuncia esta semana sumó un nuevo antecedente. Durante una sesión extraordinaria del Consejo Regional, que se realizó este martes, el gobernador Rodrigo Díaz (independiente) reconoció que una de las funcionarias en cuestión lo acompañó al lanzamiento de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento en Santiago, pese a que no correspondía a sus funciones.
-Ese día me acompañó ella. Sí, es verdad- respondió la autoridad regional, tras ser consultado por el consejero electo por el disuelto Partido Igualdad, Javier Sandoval.
El Gobierno Regional del Biobío explicó a Mega Investiga que “se le solicitó ayuda por su experiencia comunicaciones y RR.PP., por tratarse de una ceremonia protocolar, y por haber trabajado en la Intendencia Regional y en la Delegación Presidencial Regional”.
La situación ha sido denunciada por consejeros regionales, quienes además relacionan el hecho con la alerta que levantó la Contraloría General de la República, en su informe sobre la auditoría a la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta, respecto a funcionarios públicos contratados con dineros de fundaciones.
Por lo mismo, este viernes los consejeros Sandoval, Camila Arriagada (PI), Gabriel Torres (ind.-RN), Yanina Contreras (PSC) y Piero Blas (ind.), acudieron a la Contraloría Regional del Biobío para entregar nuevos antecedentes sobre el caso.
“Sin subordinación ni dependencia”
La nueva ofensiva de los consejeros surgió luego de las sesiones extraordinarias del Consejo Regional, que se llevaron a cabo esta semana.
El 5 de septiembre, en una sesión extraordinaria con el Consejo Regional, el Gore del Biobío explicó que la contratación de las funcionarias se debió a la emergencia de los incendios forestales, específicamente para el apoyo en la coordinación de programas de voluntariado.
“Dos personas, con motivo de la emergencia de los incendios forestales, prestaron apoyo en coordinar programas de voluntariado, sin subordinación ni dependencia en el servicio, desde febrero de 2023 hasta junio de 2023”, dijo el jefe de la División de Desarrollo Social (s) Luciano Parra, quien se limitó a entregar más información sobre las contrataciones, argumentando el secreto de investigación invocado por la Fiscalía.
El concepto de “sin subordinación ni dependencia” fue remarcado por el gobernador Díaz, quien también estaba presente en la instancia. La autoridad respondió a las críticas de los consejeros regionales, que apuntaban a que el caso tenía similitud con lo ocurrido en Antofagasta.
“Sin subordinación ni dependencia, eso marca una diferencia radical respecto de lo que el contralor nacional ha dicho que ocurría en la ciudad de Antofagasta, porque ahí había subordinación”, dijo la autoridad regional.
Así también, frente a los cuestionamientos, respondieron a Mega Investiga que “el programa desarrollado por la fundación (Fundef) tenía por objetivo voluntariado”, y que “como estábamos en época de emergencia, necesitábamos ayuda durante la tragedia en comunicaciones”.
Las funcionarias tenían contratos con la Fundación Educación Financiera, para desempeñarse entre el 1 de marzo y el 31 de julio como profesionales en el marco del programa adjudicado por la organización, y desarrollar funciones relacionadas a los incendios forestales.
Mega Investiga constató que ambas emitieron entre marzo y junio boletas por $2.413.793 y $1.839.080, respectivamente, en las que el receptor era la Fundación Educación Financiera.
Esos registros también están incluidos en las rendiciones que la organización presentó ante el Gore del Biobío, por el desarrollo del programa. Incluso, están visualizados en las transferencias que aparecen en la cartola de la cuenta bancaria de la fundación.
Desde el organismo público remarcaron que las funcionarias fueron contratadas en julio de 2023, en funciones de comunicaciones y apoyo administrativo. Sin embargo, ninguna de las funcionarias aparece en el registro de Transparencia Activa de dicho mes.
En la denuncia que presentaron consejeros regionales este viernes, aseguraron que una de las funcionarias tenía correo institucional desde antes de ser contratada por la repartición. La información la obtuvieron mediante una solicitud de acceso de información, en la que se requirieron los correos institucionales del Gore del Biobío, activos hasta el 28 de junio de 2023.
Fundef en la mira de la Fiscalía
Fue el 30 de junio cuando el Ministerio Público recibió los primeros antecedentes sobre la contratación de funcionarios que recibían remuneración por parte de fundaciones. La denuncia fue presentada por la funcionaria del Gore del Biobío, Tamara Vidal.
La alerta se levantó porque Fundef, que le transfirió a las profesionales, se había adjudicado en diciembre un proyecto con el Gore del Biobío, vía trato directo y por $380 millones. De hecho, en mayo la organización había solicitado una reevaluación para aumentar el presupuesto del programa a $710 millones.
Desde el Gore del Biobío explicaron a Mega Investiga que la reevaluación se trató de una solicitud para incorporar un nuevo componente al programa, “asociado a la gestión de la emergencia post incendios forestales”. Sin embargo, precisaron que si bien dicho componente obtuvo recomendación técnica, finalmente no fue tramitado.
La Fundación Educación Financiera actualmente está siendo investigada por la Fiscalía, al igual que la Corporación Impulsa Biobío, que también se adjudicó un proyecto con el Gore del Biobío.
Ambas organizaciones comparten miembros del directorio, como Carlos Careaga y Felipe Muñoz, y han sido cuestionadas por contrataciones cruzadas.
Pero no solo eso. Algunos consejeros regionales han cuestionado las similitudes del proyecto de Fundef con el adjudicado por Impulsa Biobío. Los dos programas fueron aprobados el 29 de diciembre de 2022, por exactamente el mismo monto.
Dos días después, el 31 de diciembre de 2022, el Gore transfirió $114 millones a Fundef y otros $114 millones a Impulsa Biobío. Tres meses después, el 31 de marzo, el organismo público transfirió $166 millones más a Fundef, mismo monto que traspasó a Impulsa el 28 de abril de 2023.
En ninguno de los dos casos, los convenios adjudicados requerían de la votación del Consejo Regional, ya que corresponden a montos inferiores a 7 mil unidades tributarias mensuales (UTM). Por ello, el gobernador Díaz pudo aprobar el traspaso de recursos de forma directa.
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