Caso Convenios: Revelan contundente informe de Contraloría sobre irregularidades en seremi de Antofagasta
- Por Patricio Vargas
¿Qué pasó?
La Contraloría General de la República emitió el informe de la auditoría realizada a la seremi de Vivienda de Antofagasta y al Serviu de la misma región, en el marco del denominado “Caso Convenios”.
Según el documento del organismo dio cuenta de la falta de un mecanismo formal o llamado público para seleccionar a las entidades que pudieran llevar a cabo los proyectos del Programa Asentamientos Precarios, lo que se realizó de manera directa y sin fundamentar los motivos para justificar la entrega de los recursos a la fundación representada por Daniel Andrade.
El informe
“Se constató que, en dependencias del SERVIU de Antofagasta, específicamente en la Unidad de Asentamientos Precarios de esa repartición, se han desempeñado, al menos, 3 personas que fueron contratadas por entidades que recibieron transferencias para la ejecución del programa en análisis, desarrollando labores internas de dicha repartición pública”, indica el documento que liberó Contraloría.
Añade que “asimismo, se verificó que en dependencias de la Seremi MINVU de Antofagasta se desempeñaban, al menos, otras 12 personas que fueron contratadas por los organismos receptores de fondos, las que desarrollaban actividades propias de esa secretaria, entre ellas, labores en su gabinete, actividades relacionadas con la revisión de las rendiciones efectuadas por las distintas entidades privadas y su contabilización, disponiendo algunas con acceso al sistema contable SIGFE y otros aplicativos institucionales”.
Observaciones
“Lo anterior da cuenta que cumplían irregularmente funciones propias de las reparticiones mencionadas, lo cual incide, además, en la legalidad de las mismas, así como en un eventual manejo de información privilegiada por parte de aquellas, las cuales, por lo demás, carecen de responsabilidad administrativa ante eventuales faltas y/o negligencias en su desempeño por no revestir la calidad de funcionarios públicos”, sentenció Contraloría.
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