Universidades Estatales recurren a la Corte Suprema para no entregar rendiciones de gastos del proceso constituyente
- Por Tamara Silva
Saber cómo se gastaron los recursos que la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) entregó al Consorcio de Universidades Estatales de Chile (CUECH) para que desarrollara un programa de participación ciudadana en el proceso constituyente. Esta fue parte de la información que el Consejo para la Transparencia (CPLT) le pidió a la CUECH que entregara en diciembre pasado. Pero acceder a ella no ha sido fácil. Y es que la entidad rechazó la solicitud e, incluso, llegó a la Corte Suprema para no entregar las rendiciones. Esto, luego de que la semana pasada la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara una acción judicial de protección que interpuso.
El equipo de Mega Investiga accedió a los oficios presentados por el CPLT. En junio del año pasado, el Consejo informó al CUECH que debía entregar los datos acerca del funcionamiento y los estados financieros de las 18 universidades estatales que componen la corporación. Al mes siguiente, en julio de 2022, la entidad se negó a dar lo solicitado, indicando que al ser una corporación privada “no se constituiría como un sujeto obligado al cumplimiento de la ley”.
El Consejo se pronunció nuevamente para que la corporación transparentara su estructura, objetivo, financiamiento, y recibiera solicitudes de acceso a información. En el oficio, el CPLT estableció que el financiamiento del CUECH proviene “enteramente de las universidades públicas, de carácter estatal, que a su vez son las socias en el CUECH a través de sus aportes para su funcionamiento”. En otras palabras, recibe dineros públicos que deben ser transparentados.
Unos días más tarde, el CPLT emitió otro oficio donde le solicitaba al CUECH información sobre las transferencias realizadas desde la Segpres en 2021 y 2022 hacia la entidad para que desarrollara un programa de participación ciudadana en el proceso constituyente. Por esto, en diciembre la corporación universitaria interpuso una acción de protección en contra de las decisiones adoptadas por el CPLT, que en el libelo califica de una “conducta ilegal y arbitraria”.
“El Consejo existe precisamente para poner luz en espacios de opacidad. Si desde un organismo, conformado por entidades públicas, en este caso universidades del Estado, hay cierta resistencia a transparentar el uso de recursos públicos, existimos también para ponernos al servicio del acceso a esta información”, asegura Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia.
Consultado por Mega Investiga, el CUECH explica que mantiene “una discrepancia con el Consejo respecto de que la ley de transparencia le resulte aplicable”, ya que jurídicamente es una institución privada. “Dicha discrepancia de criterio debe ser resuelta por los tribunales de justicia y es por ello que el CUECh ha presentado los recursos previstos en la ley para estos efectos”, aclara el organismo.
¿Por qué el Consorcio no entrega la información al CPLT?
En el libelo presentado por el CUECH, la entidad sostiene que no existen fundamentos legales que respalden la decisión del Consejo de requerir la información.
“La regla general es que cuando una institución pública o una universidad realiza gastos de recursos públicos debe entregar la información de por qué lo hizo. Aquí no hay ningún tratamiento ni a favor ni en contra, no es un procedimiento especial”, explica Francisco Leturia, presidente del CPLT.
El Consorcio aclara que la rendición final se entregó a la Segpres en julio de 2022 y que fue aceptada por el ministerio sin ninguna observación. “Esa información está publicada en la página web de la Convención, sin perjuicio de lo cual cualquier persona que requiera mayores antecedentes puede solicitarlos directamente al Ministerio Secretaría General de la Presidencia”. Mega Investiga constató que los convenios se encuentran publicados, pero no así el informe de rendiciones y comprobantes de pagos, que es lo que pide el CPLT.
$974 millones para el programa a cargo del CUECH
En septiembre del año pasado, Mega Investiga revisó los doce reportes de la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional para determinar cuál fue el gasto del funcionamiento e instalación del proceso constitucional. De acuerdo a los informes, entre julio de 2021 y junio de 2022, la Segpres pagó unos $826 millones al Consorcio de Universidades Estatales de Chile por su labor en los programas de participación ciudadana.
La cifra aumentó una vez que se cerró el proceso constituyente. En su último oficio, el Consejo para la Transparencia indicó que el convenio entre la Segpres y el CUECH llegó a los $974 millones. Según un informe de la Segpres, este monto se transfirió para que el Consorcio se hiciera cargo del proceso de Participación y Consulta Indígena, del Plan presupuestario de la secretaría de Participación Popular y del Plan de Comunicaciones de los procesos de participación.
El CUECH explica que “dicha ejecución se realizó en el marco de un convenio suscrito con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y que dichos gastos fueron rendidos mensualmente tal y como estaba estipulado en dicho convenio”.
¿Qué pasó con los dineros transferidos? Para obtener la información habrá que esperar la decisión de la Corte Suprema, que deberá pronunciarse respecto al recurso de protección del CUECH.
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