Javiera Blanco demanda al Consejo de Defensa del Estado: Pide $387 millones por supuestas presiones para renunciar
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La exministra de Justicia del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Javiera Blanco, demandó al Consejo de Defensa del Estado (CDE), al que perteneció hasta fines de 2018, por supuestas presiones que habría recibido por parte del órgano para renunciar.
Los hechos habrían ocurrido mientras Blanco era investigada en tres casos: supuestas contrataciones irregulares en Gendarmería; malversación de fondos desde el programa ASCAR del Sename; y por el pago de sobre sueldos desde Carabineros.
Cabe destacar que las dos primeras causas no perseveraron en el Ministerio Público, mientras que la última fue sobreseída, y ratificada por la Corte Suprema.
¿Qué se sabe?
De acuerdo a lo consignado por el diario La Tercera, la exsecretaria de Estado decidió demandar al CDE exigiendo una compensación económica de más de 387 millones de pesos.
La acción judicial apunta a una falta de servicio, por lo que pide una indemnización por el daño moral y económico provocado por su salida.
Lo anterior, considerando los perjuicios generados por renunciar a un cargo de consejera cuya remuneración llegaba a los $8 millones mensuales y que podía ejercer hasta los 75 años.
Pero eso no es todo, porque además Blanco acusa a María Eugenia Manaud, presidenta del CDE en ese entonces, de desempeñar sus funciones "sin ecuanimidad e impartió instrucciones particulares y subjetivas, dificultando o derechamente impidiendo la concurrencia de condiciones adecuadas para que mi representada cumpliera con sus funciones en el Consejo y, por ende, del servicio", se lee en la demanda, según el citado medio.
"La animosidad de la entonces presidenta y jefa superior del servicio hacia mi representada la llevaron, además, a desplegar conductas abiertamente abusivas, considerando su posición, ignorando e infringiendo las pautas legales para su cargo", agrega el escrito.
Asimismo, en el documento se indica que la expresidenta que Manaud "presionó ilegítimamente a la demandante para que renunciara a su cargo, y a los consejeros para que, por su lado, también la presionaran en el mismo sentido".
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