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"Quieren que te sientes y te calles": nueva ley de Estados Unidos impone multas de hasta 100.000 dólares para quienes protestan

Una nueva legislación en el estado de Kansas, en Estados Unidos, desata un intenso debate. La ley impone fuertes sanciones económicas contra las protestas estudiantiles realizadas durante el horario escolar.

La norma, que fue aprobada tras la anulación del veto de la gobernadora demócrata Laura Kelly por parte de legisladores republicanos, contempla multas de hasta 100.000 dólares para las instituciones educativas que permitan, promuevan o no controlen este tipo de manifestaciones, reseña The Sun.

Con esta ley, las autoridades buscan regular la participación de estudiantes en protestas, especialmente aquellas organizadas dentro del entorno escolar. Desde ahora, los alumnos deberán contar con un permiso escrito de sus padres para poder involucrarse en actividades de protesta durante horas de clase y, si esto no pasa, tanto ellos como las escuelas podrían enfrentar consecuencias administrativas y económicas.

¿Por qué es tan polémica esta nueva ley de Estados Unidos?

Los principales detractores de esta medida son los legisladores demócratas, quienes consideran que con ella se pretende limitar la libertad de expresión de los jóvenes. Argumentan que es un intento de disuadir la participación cívica estudiantil a través del temor a sanciones severas.

Ante esta situación, advierten que el mensaje que se transmite es que protestar puede traer represalias, lo que desalentaría el activismo juvenil.

Por su parte, los republicanos defienden la ley, señalando que no pretende silenciar a los estudiantes, sino fomentar una participación más ordenada y responsable, pues desde su perspectiva, las protestas no deben interferir con el proceso educativo, por lo que ausentarse de clases sin justificación debe tener consecuencias.

La aprobación de esta ley se da en un contexto reciente de movilizaciones estudiantiles en Kansas, muchas de ellas relacionadas con temas migratorios y de seguridad, lo que ha contribuido a intensificar el debate sobre el equilibrio entre el derecho a protestar y el cumplimiento de las normas escolares.

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