Primera querella contra Castro por firma de Órdenes pide incautar documentos originales en el Senado

¿Qué pasó?

La primera querella nominativa presentada por la controversia en torno al retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza apunta contra el senador Juan Luis Castro.

La acción fue interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso por Raimundo Palamara, en representación de la Fundación Fuerza Ciudadana, y solicita investigar la eventual falsificación y uso de un documento que habría comunicado el retiro de los permisos.

La querella sostiene que la investigación debe determinar quién elaboró, presentó o utilizó los antecedentes y si Órdenes autorizó que se empleara su firma. La presentación invoca, preliminarmente, los delitos de falsificación de documento público o auténtico y uso malicioso de instrumento falso.

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También plantea una calificación subsidiaria, en caso de que el documento resultara ser privado. Se trata de hipótesis que deberán ser investigadas y acreditadas: la querella no establece que el senador u otra persona haya cometido un delito.

La controversia por el retiro de los permisos de los senadores

El escrito sitúa los hechos entre el 17 y el 18 de noviembre, en medio de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para 2027. Según la secuencia descrita, el 17 de noviembre la presidenta del Senado informó a la Sala del retiro de los permisos.

Al día siguiente, el senador Pedro Araya leyó una carta de Órdenes en que ella habría negado haber solicitado ese retiro, firmado o enviado un documento con ese propósito, autorizado el uso de su firma o conferido representación para hacerlo.

La querella recoge ese antecedente y pide esclarecer el origen y la circulación del documento: “La contradicción entre el documento recibido y la negativa de su aparente autora justifica investigar su autenticidad, quién lo creó o alteró, quién incorporó la firma, quién lo remitió o presentó, qué instrucciones mediaron y qué conocía cada interviniente”.

La presentación también incluye en la investigación la situación de Espinoza, pero advierte que no corresponde trasladar automáticamente a su caso lo denunciado por Órdenes.

“El desconocimiento de una firma o autorización por Órdenes no permite concluir, sin evidencia adicional, que también se haya falsificado la firma de otro parlamentario”, plantea el escrito, que pide obtener y examinar por separado los documentos relativos al permiso del senador.

Solicitan resguardar documentos originales y registros digitales

Uno de los puntos centrales de la querella es la solicitud de resguardar con urgencia los originales. Pide que la Fiscalía coordine la concurrencia de funcionarios de la PDI al Congreso, con apoyo de especialistas en documentología e informática forense, para recoger los documentos y preservar sus versiones digitales, metadatos y registros de envío y recepción.

El escrito fundamenta así la diligencia: “La autenticidad de una firma y el mecanismo de su incorporación exigen conservar el soporte original. Una fotocopia o impresión posterior puede impedir distinguir trazos, reproducciones o alteraciones; un archivo reenviado puede perder metadatos o información sobre su versión”.

Entre los antecedentes que la querella pide resguardar figuran las solicitudes originales de permisos, los documentos que comunicaron su retiro, la carta leída por Araya, los registros del sistema de Secretaría y las grabaciones completas de las sesiones del 17 y 18 de noviembre. También solicita correos y comunicaciones institucionales vinculados específicamente con la elaboración, autorización, envío, recepción y tramitación de esos documentos.

En su petición de diligencias, la fundación solicita pericias documentológicas y caligráficas sobre los originales y pericias informáticas para reconstruir versiones, fechas, cuentas y equipos asociados. Pide, además, que la Secretaría General del Senado certifique cuándo recibió y tramitó los antecedentes, qué documento sustentó el anuncio del retiro y qué efecto tuvo la situación de los permisos en el cómputo de senadores en ejercicio, los quórums y las votaciones.

La querella solicita que la Fiscalía reúna antecedentes para promover el desafuero de Castro “tan pronto concurran sus presupuestos legales”. Sin embargo, aclara que no pide al tribunal decretarlo de inmediato: “La solicitud se dirige a obtener la habilitación constitucional ante el tribunal competente en la oportunidad legal; no pide a S.S. declarar directamente el desafuero ni condiciona a él la obtención urgente de evidencia”.

Querella solicita reunir antecedentes para un eventual desafuero

El escrito también delimita el alcance de la imputación: señala que busca investigar eventuales actos de confección, alteración, presentación o utilización de documentos y que no pretende perseguir opiniones o votos emitidos en sesión.

Además, afirma que la eventual incidencia en los quórums debe acreditarse mediante certificaciones y registros de votación, “sin presumir que se alteró un resultado determinado”.

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