EXCLUSIVO| Contraloría se mete en polémica por rebajas de condena y pide informe a Justicia por posible omisión ante la Defensoría

¿Qué paso?

La Contraloría General de la República confirmó que abrió un proceso de fiscalización al Ministerio de Justicia por la entrega de rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Además, informó que está requiriendo un informe a esa cartera por la presentación de un grupo de parlamentarios que pidió un pronunciamiento sobre la falta de respuesta a la Defensoría de la Niñez.

“Sobre lo consultado, a raíz de denuncias recibidas, la Contraloría General está constituida desde la semana pasada en el Ministerio de Justicia fiscalizando la materia”, respondió el organismo a Mega Investiga.

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Junto con esto, agregó que “en cuanto a la presentación de varios parlamentarios, en que piden un pronunciamiento jurídico a la Contraloría sobre una posible falta de respuesta de dicha cartera ministerial a la Defensoría de la Niñez, se está requiriendo informe a ese ministerio”.

La respuesta da cuenta de dos gestiones en curso: una fiscalización en el Ministerio, iniciada a raíz de denuncias recibidas, y el requerimiento de un informe a Justicia por la presentación parlamentaria. Contraloría no detalló el alcance de la fiscalización ni precisó qué antecedentes pidió al ministerio.

Tampoco informó si ordenará un sumario administrativo o si emitirá un pronunciamiento jurídico sobre la eventual falta de respuesta.

Parlamentarios piden respuestas por oficio de la Defensoría de la Niñez

El requerimiento fue presentado el 3 de noviembre por las diputadas y diputados Andrea Parra, Daniela Serrano, Raúl Leiva, Emilia Schneider, Luis Malla y Jorge Díaz.

En el documento solicitan que Contraloría requiera al Ministerio de Justicia responder íntegramente el oficio que la Defensoría de la Niñez envió el 22 de octubre, y que entregue copia de los decretos que concedieron 56 rebajas de condena.

La Defensoría pidió información sobre personas condenadas por delitos sexuales contra menores que solicitaron u obtuvieron ese beneficio entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de octubre de 2026. También solicitó los criterios y protocolos utilizados por Justicia para considerar el interés superior de niños, niñas y adolescentes.

El plazo de cinco días fijado para responder venció el 29 de octubre, según expone la presentación parlamentaria.

Solicitan investigar eventuales responsabilidades por la demora

Los firmantes piden, además, que se instruya un sumario administrativo —o que se ordene al Ministerio iniciarlo— para establecer eventuales responsabilidades de funcionarios y jefaturas por la demora. La presentación invoca las facultades de Contraloría para requerir información a los servicios públicos y ordenar investigaciones administrativas.

También solicita que los antecedentes sean remitidos a la Cámara, resguardando la identidad de las víctimas.

El escrito sostiene que la información es necesaria para que la Defensoría y otros organismos puedan evaluar medidas de protección.

“Cada día de retardo prolonga la incertidumbre de quienes fueron víctimas de estos delitos siendo niños, niñas o adolescentes”, señala el documento.

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