Abogada acude a la CIDH por dichos del fiscal Barros que vinculan el estallido social con el crimen organizado

La abogada Karina Fernández, representante de víctimas de violencia institucional cometida antes y durante el estallido social de 2019, envió este jueves una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para cuestionar las declaraciones del fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, sobre la actuación policial y la aparición de la criminalidad transnacional en Chile.

En la presentación, dirigida a Edgar Stuardo Ralón Orellana y a la secretaria ejecutiva del organismo, Tania Reneaum Panszi, Fernández solicita que la Comisión requiera antecedentes al Estado de Chile y se pronuncie sobre los dichos del persecutor. A juicio de la abogada, sus expresiones vinculan el escrutinio sobre eventuales vulneraciones de derechos humanos con una inhibición de la respuesta policial frente al delito.

El cuestionamiento surge de una entrevista radial en la que Barros afirmó: “Hay algo que quedó del estallido social, produjo muchos cambios, post estallido aparece la criminalidad transnacional. En el caso de cada acción que carabineros tomaba, era vista como violación a las garantías fundamentales. Esto produjo cierta timidez a usar las garantías que tienen”.

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Para Fernández, esas declaraciones contienen una “grave narrativa” que debe ser examinada a la luz de las obligaciones de los órganos de persecución penal y de la protección de quienes ejercen el derecho a protesta.

El cuestionamiento al rol del fiscal

La carta pone énfasis en las responsabilidades que Barros ha tenido en la investigación de denuncias contra agentes del Estado en su jurisdicción.

“Las expresiones no provienen de una autoridad ajena a los hechos: el Fiscal Regional dirigió la persecución penal de la violencia institucional en su jurisdicción desde el primer día del estallido y durante todo el período posterior, y es responsable de los resultados que dicha persecución arroja hoy”, sostiene Fernández.

La abogada plantea que la gravedad de los dichos debe evaluarse tanto por su contenido como por el cargo de quien los emite. En ese sentido, destaca que la Fiscalía Metropolitana Sur tiene a su cargo investigaciones por hechos de violencia institucional ocurridos durante el estallido social y por denuncias posteriores de violencia policial.

Según su interpretación, las declaraciones del fiscal desplazan el foco desde la obligación de investigar los posibles abusos hacia los efectos que el control de la actuación policial habría tenido sobre la seguridad pública.

“Los dichos del Fiscal Regional conforman una peligrosa narrativa que invierte los términos de la obligación estatal de garantía: presenta la protección de los derechos humanos como causa de la inseguridad y, correlativamente, la violencia policial como condición de la seguridad”, afirma en la presentación.

Fernández también cuestiona el sustento de esa relación. Según señala, las afirmaciones de Barros no fueron acompañadas de “datos, estudios o metodologías que den cuenta de su fundamento”.

Las cifras que invoca la presentación

Para respaldar su cuestionamiento, la abogada cita registros del Ministerio Público que, según la carta, contabilizan 11.504 causas por violencia institucional y 14.582 víctimas entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020.

Asimismo, invoca información que el Estado de Chile habría entregado a la CIDH y que, de acuerdo con la presentación, fue recogida en un informe de seguimiento del 2 de junio de 2026. Fernández sostiene que esos antecedentes contradicen la idea de una persecución penal indiscriminada contra Carabineros.

“Lo que esos datos muestran es un sistema de persecución que, frente a más de diez mil denuncias de violencia institucional, formalizó a menos del 2% de los casos y condenó en menos del 1%. Es decir, la inmensa mayoría de las causas terminadas concluyó sin que un tribunal se pronunciara sobre el fondo”, señala la carta.

A partir de esos antecedentes, Fernández cuestiona el acceso efectivo de las víctimas a la justicia y plantea que los dichos del fiscal resultan incompatibles con el deber de investigar de manera imparcial las denuncias contra funcionarios policiales.

La presentación también menciona los suicidios de víctimas del estallido social. La abogada los vincula con la ausencia de justicia y reparación integral, y los incorpora como parte de su cuestionamiento a la respuesta estatal frente a las consecuencias de la violencia institucional.

Qué solicita a la CIDH

Fernández pide que la Comisión, a través de la Relatoría para Chile y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, se pronuncie públicamente sobre lo que considera una incompatibilidad entre las declaraciones de Barros y el deber de los funcionarios públicos de abstenerse de emitir expresiones estigmatizantes, particularmente cuando se trata de operadores de justicia.

Además, solicita que la CIDH formule recomendaciones al Estado de Chile para que el Ministerio Público adopte y difunda un instructivo general sobre el deber de objetividad y la abstención de declaraciones estigmatizantes.

Otra de sus peticiones apunta a la publicación periódica de indicadores oficiales sobre el estado y los resultados de las investigaciones por violencia institucional, tanto del estallido social como de hechos posteriores. La abogada propone que esa información se presente desagregada por fiscalía regional.

Finalmente, solicita una revisión, con enfoque de derechos humanos, de las decisiones de no perseverar y de los archivos provisionales adoptados por la Fiscalía Metropolitana Sur en esas causas.

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