El mundo de Cathy al banquillo: Fiscalía y defensa se enfrentan por pruebas del juicio y Barriga arriesga más de 23 años de cárcel
- Por Leslie Ayala | Mega Investiga
La historia judicial de Cathy Barriga comenzó con una derrota en las urnas, al perder su tercera reelección al mando del Municipio de Maipú.
En esa época, una promisoria figura del Frente Amplio arribaba para hacerse cargo de una de las comunas más grandes del país y fue ese 2021 cuando comenzó la debacle de la exchica Mekano, cuando la nueva administración comenzó a revisar las arcas fiscales. A poco andar, se presentó una querella que partió hablando de un perjuicio de $21 mil millones, pero que ya va en más de $33 mil millones, según los acusadores.
Se comienza a preparar el juicio
Este miércoles, casi cinco años después, la causa entra en una etapa decisiva: la preparación del juicio oral, donde se discutirá qué pruebas y testigos serán admitidos con el propósito -al menos del Ministerio Público- de condenar a la exjefa comunal a 23 años de cárcel por malversación de millonarios recursos fiscales.
Ir a la siguiente notaLa discusión tendrá como telón de fondo cifras que han cambiado durante la investigación, una acusación de casi dos mil páginas y dos versiones enfrentadas sobre el estado financiero del municipio. La Fiscalía Oriente atribuye a la administración de Barriga un perjuicio de más de $33 mil millones y solicita penas que superan los 23 años de cárcel. Su defensa, en cambio, ha cuestionado el cálculo del déficit y sostiene que un informe contable descarta problemas financieros en los últimos años de su gestión. Pero todo se resolverá cuando un tribunal oral revise el fondo de este caso.
La alcaldesa “rosa”
Barriga estuvo al mando de la Municipalidad de Maipú entre 2016 y 2021. El 8 de diciembre de ese último año, tras cinco meses de revisión de antecedentes, Vodanovic anunció que el municipio había presentado una querella por fraude al fisco contra su antecesora y quienes resultaran responsables. La primera estimación municipal fue de al menos $21 mil millones. Entre las sospechas expuestas por el alcalde estaban la vulneración de controles presupuestarios, la distorsión de ingresos y la existencia de documentos contables adulterados.
En agosto de 2022, Contraloría dio a conocer un informe que estableció un saldo por percibir de más de $31.643 millones en la contabilidad municipal al cierre de 2020. La cifra describía una irregularidad contable, pero por sí sola no resolvía si existía responsabilidad penal. La defensa apuntó precisamente a ese punto: su abogado sostuvo entonces que el municipio también registraba deudas por cobrar, por lo que el saldo debía analizarse considerando esos ingresos.
La investigación pasó por la Fiscalía Metropolitana Occidente durante sus primeros años. Sin embargo, y ante el poco avance de las diligencias, en agosto de 2023, el fiscal nacional Ángel Valencia decidió trasladarla a la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente. Ese mismo año, la PDI allanó dependencias de la Municipalidad de Maipú e incautó material informático y respaldos de correos y servidores. Mega Investiga detalló entonces que un informe policial reunía declaraciones de exfuncionarios que acusaban presiones para cuadrar gastos o realizar ajustes presupuestarios.
La teoría del mecanismo
La Fiscalía Oriente sostiene que el problema no se limitó a un desorden de cuentas. Según la tesis expuesta por los persecutores, se habría instalado un mecanismo para ocultar obligaciones, liberar recursos ya comprometidos y financiar gastos que no contaban con disponibilidad presupuestaria real.
Un reportaje de Mega Investiga publicado el día de la formalización describió parte de esa hipótesis: la administración municipal sostuvo que, pocos días después de asumir, Barriga habría trasladado atribuciones presupuestarias desde la Dirección de Administración y Finanzas a la Secretaría de Planificación Comunal, Secpla, donde estaban funcionarios de confianza. Según esa versión, se habrían rebajado certificados de disponibilidad presupuestaria para ocupar esos recursos en otros proyectos. La Fiscalía también investigaba el papel de exfuncionarios como Andrea Díaz, Ana María Cortés, Luis Japaz y María Isabel Palma.
En enero de 2024, Barriga fue formalizada por fraude al fisco reiterado y falsificación de instrumento público. La Fiscalía cifró entonces el perjuicio en $30.972 millones y describió gastos y contrataciones que, a su juicio, no tenían justificación municipal. Entre los antecedentes expuestos estaban eventos y proyectos de alto costo, además de la contratación de una funcionaria que, según la acusación, habría recibido pagos sin cumplir labores municipales. El tribunal fijó inicialmente un plazo de 120 días para investigar y dejó a Barriga con arresto domiciliario total.
A esa causa se sumó una arista vinculada a la Corporación de Educación de Maipú. En diciembre de 2023, Mega Investiga informó sobre una querella relacionada con la compra de los peluches “Renacín” y “Smapina”, financiados con recursos de la corporación. La imputación apuntaba a un gasto cercano a los $55 millones y al uso de fondos destinados a apoyar establecimientos municipales. La defensa rechazó entonces las acusaciones y habló de una persecución política.
Más antecedentes, nuevas imputaciones
En septiembre de 2024, la Fiscalía Oriente reformalizó a Barriga y agregó antecedentes sobre la presunta falsificación de estados financieros presentados a Contraloría entre 2018 y 2021. Para precisar el monto del déficit, la investigación incorporó un peritaje contable realizado por una auditora de Contraloría destinada a colaborar con la Fiscalía. El análisis también abordó el uso de recursos de SMAPA, la sanitaria municipal, que, según la persecutora, no se habrían utilizado íntegramente en los fines previstos.
Ese año, Mega Investiga obtuvo audios y mensajes de la carpeta investigativa. En uno de ellos, Barriga preguntaba cuánto quedaba de los fondos que el Gobierno había entregado durante la pandemia para gastos en salud y planteaba la posibilidad de ocupar esos recursos “en otras cosas”. En una segunda entrega, el equipo difundió otros registros en que la exalcaldesa recriminaba a funcionarios por decisiones que, a su juicio, podían “darle alimento al enemigo”. Mega informó que la carpeta revisada contenía más de siete mil archivos.
En abril de 2025 se agregaron dos delitos: malversación reiterada de caudales públicos y negociación incompatible. La Fiscalía vinculó esos cargos, entre otros hechos, al programa municipal “Fuerza de Mujer”, cuya marca Barriga habría inscrito a título personal; al pago de una cuidadora para su hijo y a la contratación de servicios jurídicos para asuntos personales. En el caso de la cuidadora, Mega Investiga accedió a la declaración de Kimberly Guajardo, quien dijo que cuidaba al niño dentro de dependencias municipales bajo un acuerdo informal. La defensa ha controvertido esa versión y ha exhibido antecedentes para sostener que los pagos fueron realizados por Barriga.
La acusación y la prueba que llegará al juicio
En diciembre de 2025, la Fiscalía cerró la investigación y presentó una acusación de cuatro delitos: fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación reiterada de caudales públicos y negociación incompatible. El perjuicio fiscal que atribuye a la administración llegó a $33.515 millones. La Fiscalía pidió 10 años y un día por fraude, siete años por falsificación, cinco años y un día por malversación y 541 días por negociación incompatible. En conjunto, las penas solicitadas superan los 23 años.
Mega Investiga accedió a la acusación, de 1.961 páginas, y a la lista de prueba anunciada por el Ministerio Público: 233 testigos, más de 15 mil documentos y 21 funcionarios policiales que declararían como peritos. Entre los testigos propuestos están Vodanovic, la contralora Dorothy Pérez, el esposo de Barriga, el exdiputado Joaquín Lavín León (hoy también indagado), la exministra Susana Jiménez y el exalcalde Luis Felipe Guevara. La Fiscalía busca presentar chats, audios, informes contables y cartolas bancarias para sostener su hipótesis sobre el manejo presupuestario y el uso de recursos municipales.
Mientras Barriga espera el juicio, seis exfuncionarios vinculados a su administración ya fueron condenados en procedimientos abreviados: Luis Japaz y María Isabel Palma en 2025, y cuatro exdirectivos municipales en junio de 2026.
La preparación del juicio oral debía comenzar en febrero de 2026, pero la defensa pidió más tiempo para revisar el expediente. Tiempo después el abogado Cristóbal Bonacic renunció. La audiencia fue postergada primero para agosto y luego para el 7 de octubre, después de que la nueva defensa pública solicitara un plazo mayor para estudiar la carpeta.
Pero como no hay plazo que no se cumpla, este miércoles comenzará la discusión que definirá qué piezas de esa investigación —desde los informes financieros hasta los audios y testimonios— podrán llegar al juicio oral. Un juicio que definirá el futuro judicial de la denominada “alcaldesa rosa” que habría utilizado fondos municipales para realzar su imagen pública, dejando atrás sus deberes como jefa de una de las comunas más grandes del país.
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