"Nos dijeron que era todo legal": La testigo que pasó de imputada a pieza clave en el caso que complica a Camilo Huerta

Llevaba apenas unas semanas trabajando en Dispensario Nacional cuando una fiscalización municipal cambió por completo su vida, ya que había ingresado convencida —según declararía después ante la Fiscalía— de que se trataba de una organización dedicada al cannabis medicinal que funcionaba dentro de la legalidad.

Había visto recetas médicas, documentos, páginas web y redes sociales, y además había preguntado expresamente por los permisos para operar. La respuesta, sostiene, siempre fue la misma: todo estaba en regla.

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El 25 de agosto de 2025, sin embargo, inspectores municipales llegaron hasta una sede de Dispensario Nacional ubicada en calle Emilio Vaisse, en Providencia. Lo que comenzó como una fiscalización asociada a reclamos por olores y consumo de cannabis en los alrededores terminó con la intervención del OS-7 de Carabineros, la incautación de marihuana y la detención de trabajadores que se encontraban dentro del inmueble. Ella era una de ellos.

Pasó seis días privada de libertad y quedó después sometida a medidas cautelares. Meses más tarde, todavía en calidad de imputada, decidió renunciar a su derecho a guardar silencio y entregar una extensa declaración ante el Ministerio Público, a la que Mega Investiga accedió íntegramente. Este medio mantendrá su identidad en reserva.

Lo que vió y escuchó

La declaración reconstruye desde dentro el funcionamiento cotidiano de Dispensario Nacional: el proceso de contratación, la atención a usuarios, la entrega de flores y derivados de cannabis, las labores de dosificación, los protocolos que supuestamente debían seguirse, la existencia de zonas de acopio y las instrucciones que recibían los trabajadores frente a eventuales fiscalizaciones.

También relata lo que ocurrió después de la detención: los contactos con personas vinculadas a la organización, las explicaciones que recibió sobre la supuesta legalidad del negocio y las dudas que finalmente la llevaron a hablar con la Fiscalía.

Su historia constituye una de las piezas que permiten entender cómo un procedimiento que inicialmente parecía acotado terminó abriendo una puerta hacia una investigación mucho más amplia sobre Dispensario Nacional, sus sociedades, cultivos, administradores y franquicias. Entre los imputados de esa causa aparece hoy Camilo Huerta.

La mujer contó que llegó a Dispensario Nacional durante agosto de 2025, luego de que su pareja, paciente de cannabis medicinal, la vinculara con la organización, ya que ella misma había utilizado ese tipo de tratamientos y tenía conocimientos sobre determinados productos y cannabinoides. Primero fue citada a una entrevista en una sede ubicada en Vitacura, y antes de aceptar afirma que preguntó expresamente por el funcionamiento legal del negocio: “Yo le hago las consultas respecto a cómo funcionaba la organización, ya que yo veía que tenían página web, que tenían redes sociales, que hablaban influencers, incluso abogados de esta organización”.

También preguntó por algo todavía más concreto: “Le consulto si tenían las patentes y los permisos para operar”.

Según su versión, la respuesta fue tranquilizadora. “Me refiere que hubo cambios en la ley por las recetas, por lo que todo estaba en regla”. Con esa explicación comenzó su inducción.

Su trabajo, inicialmente, consistiría en atender a personas que llegaban con recetas médicas y orientarlas respecto de los productos disponibles. “La idea es que podamos orientar a los usuarios acerca de qué les sirve en relación a su patología y a su receta médica, de qué es lo mejor para ellos”, dijo.

También debía gestionar documentación: “Había que hacer contratos de cesión de derechos de cultivo, estos ya estaban redactados, los usuarios rellenaban sus datos y aceptaban la cesión de derechos de cultivo firmando”.

Luego venía la entrega de productos.

“Les entregábamos también productos derivados de la cannabis como aceite, flores”, declaró.

La mujer describió además la existencia de un sistema computacional donde se registraban los socios y aquello que cada uno retiraba, lo que ella entendía como una herramienta de trazabilidad.

“Siempre me dijeron que existían protocolos, patentes, legalidad del negocio”, dijo. La legalidad aparece repetidamente en su declaración. Según relató, durante sus primeras semanas preguntó en más de una oportunidad si Dispensario Nacional contaba con las autorizaciones necesarias y “Siempre me dijeron que existían protocolos, patentes, legalidad del negocio”.

Incluso afirmó haber consultado dudas jurídicas al abogado vinculado a la organización: “Yo consulté algunas dudas legales de la organización al abogado de la misma, el señor Hernán Bocaz, quien me dio a entender que estaba todo en regla”.

La trabajadora también describió los productos que llegaban a las sedes: “Por lo general llegaban flores de materia vegetal, aceites, gomitas de CBD y gomitas de THC”. En ese momento, asegura, estaba convencida de que su destino era medicinal: “Yo tenía la convicción de que los pacientes tenían que recibir la medicina que requirieran”, y puso un ejemplo que “Si la receta dice flores secas, se tienen que llevar flores secas, ya que nosotros no podemos dispensar algo distinto”.

La mujer dijo que entendía el funcionamiento como un sistema en que la receta médica debía determinar qué producto podía recibir cada usuario. Pero poco después comenzaron a cambiar sus tareas.

De atender público a dosificar cannabis

La trabajadora aseguró que inicialmente no se le había informado que tendría que manipular directamente marihuana, algo que surgió después: “Dentro de mis funciones sí estuvo el dosificar”, declaró, y precisó que “Nunca antes me dijeron que tendría que dosificar”.

La función incluía recibir productos, mantenerlos ordenados y preparar las cantidades destinadas posteriormente a los usuarios, para lo cual, según su relato, llegaban distintos tipos de flores, aceites y otros derivados del cannabis.

La mujer insistió ante la Fiscalía en que, en ese período, continuaba creyendo que participaba de una actividad autorizada, pues no solo había recibido explicaciones sobre permisos, sino que además existían contratos, protocolos y documentación que reforzaban esa impresión. Sin embargo, comenzó a notar situaciones que le generaron dudas.

La sala con material vegetal y dinero

Uno de los episodios que recuerda ocurrió a mediados de agosto, cuando fue citada a una reunión relacionada con sus futuras funciones. Según declaró, al ingresar se encontró con una sala donde había una importante cantidad de cannabis: “Me hace pasar a una sala donde había mucho producto, me refiero a materia vegetal”. También observó dinero y que “Había una persona con un computador y dinero en efectivo en la mesa”.

En la habitación estaban además personas vinculadas a la administración de Dispensario Nacional, quienes, según su declaración, le preguntaron por la calidad y los aromas del material vegetal: “Me consulta mi opinión sobre aromas y calidad de la materia vegetal que estaba en la sala”.

La escena, dijo, la incomodó: “Yo me sentía muy incómoda porque no entendí esa interacción”. Aun así, continuó trabajando.

Dos días después, según relató, volvió a conversar directamente con uno de los principales integrantes de Dispensario Nacional, a quien nuevamente le preguntó por la legalidad: “Me asegura la legalidad del negocio”.

La mujer sostiene que le hablaron específicamente de autorizaciones del Servicio Agrícola y Ganadero: “Me dice que tenía registros y permisos del SAG”.

También afirma que le explicaron que esos documentos permitían cultivar y trasladar cannabis hasta la sede de Emilio Vaisse, en Providencia. Según su declaración, se le aseguró incluso que existían antecedentes que respaldaban el funcionamiento medicinal del sistema y la atención de público. Ella creyó esas explicaciones, y terminó aceptando un cambio de funciones.

La sede de Emilio Vaisse

El 18 de agosto de 2025 comenzó a trabajar en la sede de Providencia, donde su labor pasó a estar centrada en el procesamiento y la dosificación: “Yo comienzo a trabajar según lo que me decían”. Pero a medida que avanzaron los días comenzó a sentirse incómoda con determinadas prácticas y que “No hacía muchas preguntas porque no entendía bien lo que pasaba a mi alrededor”.

Según su versión, consideraba que el manejo de materia vegetal proveniente de distintos proveedores exigía procedimientos de higiene mucho más rigurosos: “Cada vez que se manejaba materia vegetal de distintos proveedores había que limpiar toda la mesa y los implementos como las tijeras, los guantes, las mascarillas, para no generar hongos ni bacterias que afectaran a los pacientes”.

La mujer asegura que compartió esas inquietudes con otros trabajadores, y que la respuesta que habría recibido fue que era mejor no insistir: “Mis compañeros me dijeron que no diga nada porque trabajadores anteriores que se habían quejado por la calidad o la entrega de los productos habían perdido su puesto de trabajo”.

Las dudas aumentaron. Según declaró, incluso le comentó a su pareja que quería renunciar: “Yo le había manifestado a mi pareja querer salir de la organización”, pues sentía que la empresa no estaba entregando toda la información a sus trabajadores.

“Sentía que estaba ocultando información a sus empleados en relación a la legalidad de ésta”, apuntó. Su idea era terminar la semana, recibir su remuneración y retirarse. No alcanzó: “Justo el lunes de esa semana nos detuvieron”.

La Fiscalización

Era 25 de agosto. Inspectores municipales llegaron hasta la sede de Emilio Vaisse mientras la mujer estaba manipulando cannabis: “Yo estaba dosificando”.

Según explicó, eran cuatro personas quienes realizaban esa labor. Cuando advirtió la presencia de los fiscalizadores, preguntó qué debía hacer.

“Le pregunté a Tania y a José de Jesús si podía sacar las manos de la marihuana”, dijo. La instrucción, según su declaración, fue exactamente la contraria: “Solicité pararme y me dijeron que me quede en mis labores con las manos en la marihuana”. La fiscalización comenzó entonces a profundizarse

Pisos subterráneos

La declaración entrega además detalles sobre la distribución del inmueble. La mujer sostiene que bajo el nivel de atención de público existían sectores destinados al almacenamiento y procesamiento: “Sé que en el piso -2 y -1 había acopio”, y diferencia ambas zonas, ya que “El -2 era solo de acopio, en el -1 había producción, etiquetado, acopio, baños y cocina”.

Mientras los inspectores revisaban el establecimiento, distintas personas vinculadas a la administración se encontraban en el lugar, según su relato.

Algunas habrían abandonado la sede por los estacionamientos subterráneos, mientras otras se quedaron para intentar explicar que el funcionamiento era legal y mostrar la documentación que, hasta ese momento, también los trabajadores habían entendido como respaldo suficiente. Pero la fiscalización no terminó allí: a la sede llegó personal del OS7.

Las detenciones

La mujer describe ese momento como uno de los más desconcertantes de toda la jornada. Los trabajadores comenzaron a hablar con Carabineros e intentaron explicar qué hacían: “Nosotros hablamos con los funcionarios de OS7, cuando llegaron, tratando de explicarles que todos los productos que teníamos eran para pacientes medicinales y con receta al día”. Ella misma intentó explicar las características de los productos: “Yo les explicaba de qué se trataban los productos y para qué servían”.
Aun entonces, asegura, no creían que terminarían detenidos. “En ningún momento nosotros pensamos que seríamos nosotros los que se irían detenidos”.

La razón, sostiene, era que el cannabis no les pertenecía: “Como la droga no era nuestra, no entendíamos por qué nos llevarían detenidos a nosotros”. Varios, incluso, no tenían contrato laboral firmado: “Algunos ni siquiera teníamos contrato”. Según la trabajadora, durante el procedimiento recibieron instrucciones de colaborar: “Nos recomendó que colaboráramos, que respondiéramos con naturalidad y normalidad lo que nos preguntara OS7”. También, asegura, se les indicó que firmaran la documentación que Carabineros les entregara.

Kilos y kilos de droga

Ya en medio del procedimiento, comenzaron a aparecer actas donde se consignaban distintas cantidades de cannabis. La mujer recuerda haber firmado inicialmente un documento relacionado con lo que se encontraba cerca de su puesto: “Decía lo que estaba en mi mesa de trabajo, los gramos que había y los productos que estaban cerca de mí”.

La cantidad, recuerda, era pequeña: “Menos de un kilo”.

Después apareció un segundo documento: “El segundo papel tenía más kilos, decía 32 kilos”. Ella reclamó: “Yo no tenía esos 32 kilos, quizás eran de la sede, pero no míos”. Más tarde apareció un tercer documento, con una cifra todavía mayor: “Decía que había 150 kilos”. Según relató, uno de los trabajadores se negó inicialmente a firmar: “Él señaló que no lo iba a firmar, ya que él no tenía 150 kilos y ni siquiera sabía que había 150 kilos en la sede”.

La mujer sostiene que finalmente todos terminaron firmando para que el procedimiento continuara: “Todos accedimos a firmar para que el proceso siguiera”.

De empleada a imputada

La fiscalización terminó con su detención. La mujer relata que inicialmente pensó que permanecería algunas horas en una unidad policial, pero no ocurrió así: el procedimiento derivó en una causa por tráfico de drogas y asociación, y ella terminó privada de libertad durante seis días.

En su declaración recuerda que fue durante la audiencia judicial cuando comenzó a escuchar una versión completamente distinta sobre los permisos que supuestamente respaldaban a Dispensario Nacional: “En esa misma audiencia me di cuenta que yo y los trabajadores habíamos sido engañados por la organización”.

La mujer insiste en que, hasta ese momento, pensaba que todo funcionaba de manera legal. Durante los días de detención, según relató, ella y otros trabajadores no entendían qué estaba ocurriendo. “Nosotras estábamos con crisis de pánico, sin entender lo que estaba pasando” y agregó que “No tenemos antecedentes, nunca he pasado por algo así”, y sostuvo categóricamente: “Yo me considero inocente, ya que fui engañada por estas personas”.

Incluso aseguró que varios de quienes terminaron detenidos ni siquiera se conocían previamente entre sí: “Ni siquiera conocía a las personas con las que me detuvieron, a varios los conocí ese mismo día”.

La visita en la cárcel

Una vez fuera de prisión, los contactos con personas vinculadas a Dispensario Nacional continuaron. Según su declaración, el 1 de septiembre recibió una llamada desde un número extranjero: “Me pide las disculpas del caso”. Tres días después, afirmó, se produjo una conversación presencial en su domicilio, cuando ella ya estaba cuestionando abiertamente lo que había escuchado antes de su detencion.

“Yo estaba muy molesta porque me había quedado con lo que había dicho el juez y el fiscal en la audiencia”, dijo.

Según su relato, volvió a preguntar por los permisos, y la respuesta, sostiene, fue nuevamente que existía una interpretación equivocada de la Fiscalía: “Me trata de explicar que yo estoy equivocada y que hay una persecución de parte del fiscal”. También le habrían dicho que los peritajes demostrarían finalmente que los productos estaban dentro de los márgenes permitidos: “Me dice que cuando lleguen los informes periciales del ISP tanto yo como la Fiscalía nos daríamos cuenta de que está todo en norma”. Además, según declaró, se le pidió que retomara su trabajo, y la mujer sostiene que incluso se le planteó que debía firmar un contrato para que la organización pudiera hacerse cargo de su defensa penal.

“Se nos mintió”

Con el paso de los meses, la versión de la trabajadora comenzó a cristalizar en una acusación más directa contra quienes administraban la organización.

“No sabíamos si había operaciones fuera de regla y no teníamos la información para saberlo”, dijo. Y luego añadió una de las frases centrales de su declaración: “Se nos mintió cuando nos dijeron que era todo legal”.

La mujer asegura que después de recuperar la libertad siguió recibiendo contactos relacionados con su situación laboral. También sostuvo que se le presentaron documentos para poner término a su relación contractual y un nuevo contrato que, según su interpretación, restringía la posibilidad de efectuar determinadas denuncias, lo que profundizó sus temores: “Me da miedo que esta declaración llegue a manos de los administradores”, señaló ante Fiscalía.

La trabajadora sostuvo además que no comprendía cómo había terminado envuelta en una investigación de esa magnitud: “Yo no entiendo esto ya que no llevaba tres semanas trabajando ahí”. Su razonamiento era simple: “Yo entendía que esta empresa era legal”, ¿por qué? “Ya que tiene tarjetas de presentación, página web, redes sociales”. Y concluyó: “Toda esta fachada hace parecer que esta organización está en regla”. En ese momento, sin embargo, ella ya estaba siendo investigada penalmente: “Ahora yo como persona natural estoy siendo acusada de tráfico de drogas”.

La clave

En marzo de 2026, todavía como imputada, la mujer decidió prestar declaración voluntariamente ante el Ministerio Público, renunciando expresamente a su derecho a guardar silencio. Su testimonio permitió reconstruir aspectos que difícilmente podían conocerse únicamente mediante seguimientos, interceptaciones telefónicas o movimientos bancarios: explicó cómo eran reclutados algunos trabajadores, qué les decían sobre la legalidad del negocio, qué productos llegaban, cómo eran manipulados, dónde eran almacenados, quién daba determinadas instrucciones, cómo se preparaban frente a fiscalizaciones y qué ocurrió después de que los trabajadores terminaran detenidos.

Su relato es precisamente valioso porque proviene de alguien que, según su propia versión, ingresó a Dispensario Nacional desde el nivel más bajo de la estructura y creyó durante semanas que el modelo estaba plenamente autorizado.

El hilo hacia Huerta

La fiscalización de Emilio Vaisse no explica por sí sola toda la investigación que hoy lleva adelante el Ministerio Público, pero sí representa uno de los episodios que permitieron profundizar la mirada sobre el funcionamiento de Dispensario Nacional y las personas vinculadas a sus distintas sedes. La causa terminó extendiéndose hacia cultivos, sociedades, franquicias, cuentas bancarias y teléfonos intervenidos judicialmente, y en ese recorrido aparece también Camilo Huerta.

La Fiscalía sostiene que Huerta administró y explotó directamente la sucursal de Dispensario Nacional ubicada en Chicureo y que intervino en su gestión comercial, en las utilidades y en decisiones relacionadas con el movimiento del stock de cannabis. Su teléfono fue interceptado judicialmente, y en las escuchas aparecen conversaciones sobre vaporizadores con THC, variedades de cannabis, precios, eventuales fiscalizaciones y la posibilidad de continuar con el negocio a través de una nueva empresa. El análisis financiero agregó otro antecedente: DN Medcorp transfirió $51.266.785 a Grünwald SpA, sociedad constituida y administrada por Huerta. La Fiscalía lo investiga por asociación ilícita para el tráfico, tráfico de drogas y lavado de activos.

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