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Pasaron más de un año bajo medidas cautelares por un robo que no cometieron: Ahora demandan al Estado por $215 millones

¿Qué pasó?

El 22 de septiembre de 2015, Elizabeth y Luis Ojeda, quien entonces tenía 19 años y estaba terminando la enseñanza media, fueron detenidos por un robo que no habían cometido. La mujer, de 27 años, trabajaba en la botillería de su familia en Valdivia y esa madrugada ambos habían cerrado el local cerca de la 01:00.

Elizabeth salió del negocio con parte de la recaudación de las celebraciones de Fiestas Patrias: $180 mil y varios paquetes de cigarros. Un conocido pasó a buscarlos en un vehículo, como solía hacerlo por seguridad. Sin embargo, poco antes, el mismo automóvil había sido utilizado por tres delincuentes —dos hombres y una mujer— para asaltar otra botillería, de donde sustrajeron $400 mil y 20 cartones de cigarrillos.

Las víctimas del asalto alcanzaron a identificar la patente y avisaron a Carabineros. Cuando el vehículo fue fiscalizado, los verdaderos autores ya habían abandonado el automóvil y en su interior solo estaban Elizabeth y Luis, quienes portaban dinero y cigarros. Aunque el conductor intentó explicar que sus pasajeros no tenían relación con el robo, ambos fueron detenidos y exhibidos posteriormente ante la víctima, quien inicialmente señaló que no eran los asaltantes.

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Pese a ello, la presencia del dinero y los cigarrillos llevó a que fueran formalizados. Elizabeth y Luis permanecieron 78 días en prisión preventiva y posteriormente estuvieron 326 días bajo arresto domiciliario nocturno, mientras avanzaba la investigación.

La Defensoría Penal Pública presentó nuevos antecedentes para demostrar su inocencia, entre ellos, boletas de venta de alcohol que respaldaban el origen del dinero y antecedentes médicos relacionados con una condición genética de Elizabeth que, según su defensa, le impedía físicamente realizar el asalto de la manera descrita por la víctima. Además, un testigo aseguró posteriormente haber hablado con Elizabeth cerca de la 01:00, cuando aún se encontraba en su botillería.

En 2017, la Fiscalía logró formalizar y condenar a los verdaderos autores del robo y al hombre que los trasladó. El caso de Elizabeth y Luis pasó a formar parte del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública.

Ambos presentaron una demanda civil contra el Estado por los errores que, según su defensa, provocaron las medidas cautelares. La acción judicial fue por un total de $215 millones, según información publicada por el diario Las Últimas Noticias.

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La demanda ya obtuvo resultados favorables en primera instancia, en 2023, y posteriormente en la Corte de Apelaciones de Valdivia, en 2024. En una etapa previa, se condenó al Fisco a pagar $20 millones a Elizabeth, $6 millones a su esposo, $6 millones a su hijo y $20 millones a Luis. Actualmente, la defensa espera el pronunciamiento de la Corte Suprema.

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