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Presidente Kast promulga la ley Escuelas Protegidas y defiende la revisión de mochilas: "El que nada hace, nada teme"

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles la promulgación de la ley Escuelas Protegidas, iniciativa destinada a frenar el avance de la violencia, las amenazas y el porte de armas en las comunidades educativas. 

La normativa entrega nuevas atribuciones a los colegios y, entre varias medidas, permite la revisión de mochilas bajo ciertos protocolos. 

Revisión de pertenencias y el ejemplo del aeropuerto

Durante la ceremonia, el Jefe de Estado recalcó que la medida busca resguardar la seguridad de la comunidad escolar: "Más que una ley, es una herramienta. Porque uno en la ley puede decir lo que uno quiere, pero eso te lo tiene que llevar a la práctica”, sostuvo.

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Uno de los pilares de la nueva legislación es que los establecimientos educacionales podrán incorporar en sus reglamentos internos la revisión de mochilas y pertenencias personales. Dicho procedimiento deberá ejecutarse por personal capacitado y garantizando los derechos a la privacidad, la honra y el debido proceso. Asimismo, la ley prohíbe explícitamente las revisiones corporales o de vestimenta.

Para graficar la importancia de ese punto, el Mandatario comparó estos controles con los protocolos de los aeropuertos: "Cuando ustedes se suben a un avión (?) le dicen: 'Mire, pase su mochila por aquí'. Porque todos los otros que vamos en el avión tenemos que estar seguros de que no va nada raro dentro de la mochila”, ejemplificó.

"¿Por qué uno va a tener temor a mostrar lo que trae en la mochila? (?) El que nada hace, nada teme", enfatizó Kast.

Nuevas atribuciones para docentes y prohibición de rostros cubiertos

La nueva ley también dota de mayores facultades a los profesores para aplicar medidas pedagógicas, preventivas y disciplinarias de manera inmediata para resguardar el orden en el aula. Asimismo, establece las siguientes obligaciones para los reglamentos internos:

  • Prohibición de elementos que impidan la identificación facial de las personas dentro del recinto (salvo excepciones justificadas).
  • Tipificación como falta grave a las amenazas que generen la interrupción de actividades académicas.
  • Obligatoriedad de asistencia para padres y apoderados a citaciones por faltas disciplinarias o hechos de violencia escolar.

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El proyecto original también contemplaba la intervención de Carabineros o la PDI para revisar mochilas en caso de negativa del estudiante, además de la norma que privaba del acceso a la gratuidad universitaria por cinco años a condenados por violencia escolar, sin embargo, el Tribunal Constitucional eliminó dichas normas.

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