Un carabinero y un seremi: las otras dos veces donde el laboratorio que testeó al exsubsecretario de Hacienda habría errado

El caso del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, está lejos de cerrarse. Por el contrario, la difusión de un nuevo examen toxicológico negativo volvió a instalar dudas sobre los protocolos utilizados para detectar consumo de drogas en autoridades públicas y reabrió un debate que ya había aparecido en otros episodios similares.

Este viernes, Rodríguez hizo público el resultado de un examen capilar realizado por la Red de Salud UC Christus y procesado por el laboratorio estadounidense United States Drug Testing Laboratories (USDTL), uno de los centros de referencia internacional en toxicología forense. El informe concluyó que la muestra era negativa para anfetaminas, cannabinoides, cocaína, opiáceos y fenciclidina.

El documento fue difundido apenas un día después de que el laboratorio Corthorn Health, encargado del examen que derivó en su salida del Gobierno, emitiera una extensa declaración pública defendiendo la confiabilidad de sus procedimientos.

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En ese comunicado, la empresa sostuvo que la muestra había sido analizada en dos equipos distintos, obteniendo resultado positivo en ambas ocasiones. Asimismo, aseguró que hasta ese momento el exsubsecretario no había solicitado formalmente una contramuestra.

La discusión, sin embargo, excede el caso Rodríguez.

Mega Investiga revisó antecedentes judiciales, informes toxicológicos y declaraciones periciales que muestran que, al menos en otras dos oportunidades, resultados emitidos por Corthorn fueron posteriormente controvertidos por análisis realizados en laboratorios universitarios especializados.

No se trata necesariamente de establecer que el laboratorio cometió un error, sino de casos en que un resultado inicial positivo no pudo ser confirmado mediante nuevos análisis efectuados bajo metodologías distintas y con estándares forenses internacionales.

La posibilidad de falsos positivos

Especialistas en toxicología distinguen entre las pruebas de tamizaje y las de confirmación.

Las primeras buscan detectar la eventual presencia de una sustancia y privilegian la sensibilidad del examen, precisamente para no dejar pasar casos positivos. Sin embargo, esa misma sensibilidad puede producir reacciones cruzadas con otros compuestos, contaminación de muestras o resultados que posteriormente no logran confirmarse mediante técnicas más específicas.

Por esa razón, en toxicología forense los resultados preliminares suelen corroborarse mediante análisis confirmatorios, utilizando metodologías altamente específicas como la cromatografía acoplada a espectrometría de masas, considerada el estándar internacional para confirmar o descartar definitivamente la presencia de drogas.

Cuando existen discrepancias entre distintos exámenes, la literatura científica describe escenarios posibles que incluyen contaminación externa de la muestra, diferencias metodológicas entre laboratorios, degradación de la muestra, problemas en la cadena de custodia o, simplemente, un falso positivo en la etapa inicial de pesquisa.

Precisamente por ello, la existencia de una contramuestra constituye una garantía relevante en este tipo de procedimientos.

Cómo funcionan las contramuestras en Estados Unidos

En laboratorios especializados como USDTL, la obtención de muestras capilares sigue protocolos diseñados para preservar la trazabilidad del examen.

Durante la toma de muestra se obtiene una cantidad suficiente de cabello para dividirla en dos fracciones idénticas. Una corresponde al análisis inicial y la segunda permanece sellada, identificada y bajo estricta cadena de custodia.

Esa segunda muestra sólo se abre si el resultado original es impugnado o si la persona examinada solicita una revisión independiente.

En ese caso, la contramuestra puede ser analizada por el mismo laboratorio mediante una técnica confirmatoria o enviada a otro laboratorio acreditado, manteniendo intacta la cadena de custodia.

En toxicología forense, además, el análisis capilar ofrece una ventaja relevante respecto de los exámenes de orina: permite reconstruir el historial de consumo durante semanas o incluso meses, dependiendo del largo del cabello, y distinguir entre contaminación externa y consumo efectivo mediante la búsqueda de metabolitos específicos.

En el caso de la cocaína, por ejemplo, la presencia del metabolito benzoilecgonina resulta especialmente relevante para acreditar que la droga fue efectivamente metabolizada por el organismo y no corresponde únicamente a contaminación ambiental.

El caso del teniente Guzmán

Uno de los antecedentes más antiguos conocidos por Mega Investiga corresponde al teniente de Carabineros David Andrés Guzmán.

En 2018, el oficial fue suspendido de sus funciones luego de que un examen realizado por Corthorn Quality —nombre que entonces tenía la empresa— informara un resultado positivo para cocaína.

El oficial decidió someterse posteriormente a un examen capilar en la Red UC Christus.

Ese análisis, que revisó aproximadamente los últimos 90 días de crecimiento del cabello, concluyó un resultado negativo.

La controversia llegó hasta tribunales.

Durante el juicio declaró la entonces jefa del Laboratorio de Toxicología del Servicio Médico Legal, Aleida Kulikoff, quien sostuvo que, desde un punto de vista biológico, una persona que consume cocaína necesariamente metaboliza la sustancia antes de eliminarla por la orina o incorporarla al cabello.

Por ello cuestionó que el informe positivo no cuantificara la benzoilecgonina, principal metabolito de la cocaína.

Según declaró, informar únicamente la presencia de cocaína sin acreditar su metabolización constituía una irregularidad técnica que podía obedecer a contaminación de la muestra o a otras causas distintas del consumo.

El caso del exseremi

Una situación similar ocurrió recientemente con el exseremi de las Culturas de Los Lagos, Eduardo Leiva Zumelzu.

Según antecedentes conocidos por Mega Investiga, un informe emitido por Corthorn el 24 de junio informó presencia de cocaína en una muestra capilar.

Posteriormente, Leiva decidió realizar un nuevo examen en el Laboratorio de Análisis Antidoping de la Universidad de Chile.

El informe, fechado el 27 de julio, descartó consumo de ocho grupos de drogas, incluida cocaína.

Además, el análisis incorporó la búsqueda específica de benzoilecgonina, sin detectar presencia del metabolito incluso utilizando niveles de detección altamente sensibles.

Tras conocer esos resultados, el exseremi —quien ya había dejado el cargo— evalúa ejercer acciones judiciales contra el laboratorio y su representante legal.

Un debate abierto

Los tres casos tienen un elemento común: un resultado inicial emitido por Corthorn fue posteriormente cuestionado mediante análisis realizados en laboratorios universitarios con metodologías distintas.

Será materia de las eventuales investigaciones o acciones judiciales determinar si esas diferencias obedecen a problemas metodológicos, limitaciones propias de cada técnica, contaminación de muestras o cualquier otra explicación científica.

Mientras tanto, el caso del exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez volvió a instalar una pregunta que trasciende a una sola autoridad: qué nivel de certeza deben ofrecer los exámenes que pueden determinar la continuidad o el término de una función pública y cuáles son las garantías técnicas disponibles para impugnar un resultado cuando éste es controvertido.

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