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¿Qué es el "olvido financiero"? La medida de la megarreforma que enciende las alarmas de la banca

¿Qué pasó?

En el marco de la discusión de la megarreforma del Gobierno, la Comisión de Hacienda del Senado despachó el proyecto a la Sala tras aprobar diversas normas. Sin embargo, un cambio de última hora encendió las alarmas en el sector bancario y comercial: la aprobación de una indicación que consagra el denominado "derecho al olvido financiero".

Esta medida, impulsada por legisladores de oposición y que contó con el respaldo clave del senador Rodolfo Carter, busca limitar el tiempo durante el cual las instituciones financieras y comerciales pueden almacenar y utilizar los registros de deudas de las personas naturales.

¿En qué consiste el "olvido financiero"?

El "olvido financiero" es un mecanismo regulatorio que obliga a las entidades que manejan datos de carácter económico, comercial, financiero o bancario a borrar el historial negativo de deudores una vez transcurrido un plazo determinado.

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De acuerdo con la indicación aprobada en el Congreso chileno, el funcionamiento de esta medida se sostiene bajo tres pilares fundamentales:

Eliminación obligatoria de registros tras 5 años

Los responsables del tratamiento de estos datos deberán eliminar de sus bases de datos —tanto de registros internos como de aquellos destinados a ser comunicados a terceros— toda la información sobre deudas impagas o extinguidas de personas naturales.

El plazo para esta eliminación es de más de cinco años, contados desde que la deuda se hizo exigible o se extinguió (lo primero que ocurra), tomando como partida la entrada en vigencia de la nueva ley.

Prohibición de uso como criterio de exclusión

Las entidades del sistema bancario, comercial y financiero tendrán prohibido utilizar la información borrada, así como la relativa a deudas prescritas, extinguidas o debidamente pagadas, como un factor de evaluación para denegar solicitudes de crédito, la apertura de cuentas o impedir el acceso a productos financieros.

Obligatoriedad de justificación por escrito

Toda vez que una entidad financiera decida rechazar una solicitud de crédito a una persona natural, estará obligada por ley a entregar una fundamentación por escrito al solicitante. En dicho documento se deberán explicar de manera clara y explícita los criterios objetivos en los que se sustenta la denegación.

¿Por qué la medida preocupa a los bancos?

Actualmente, las leyes impiden que las instituciones financieras comuniquen públicamente las deudas vencidas hace más de cinco años a otras entidades.

No obstante, los bancos sí han mantenido históricamente estos antecedentes en sus registros internos para utilizarlos en sus propios análisis de riesgo a la hora de otorgar nuevas operaciones crediticias.

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Con la nueva indicación, este acceso interno se elimina por completo. Desde la industria financiera aseguran que esta restricción limita severamente la información disponible para evaluar a los clientes y merma la capacidad de gestión de riesgo de las instituciones, lo que mantiene en alerta a todos los actores dedicados al otorgamiento de créditos.

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