Acusa informe adulterado: La querella contra inspectora de la PDI por vincular a exministra de la Corte Suprema en autorrobo

¿Qué pasó?

Una querella ingresada al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago abrió un nuevo frente judicial luego de que la ministra de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Bárbara Quintana Letelier, acusara a una funcionaria de la PDI de alterar un informe policial en una investigación por el robo de un celular.

La acción judicial apunta a la inspectora de la Brigada de Investigación Criminal de Providencia, Arlette Patricia Cutiño Gottchalk, por los delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso del documento y denuncia calumniosa.

Origen de la investigación

El caso se remonta al 29 de octubre de 2025, cuando se registró el robo del celular de la madre de la magistrada, la exministra de la Corte Suprema María Teresa Letelier Ramírez. El hecho ocurrió entre las 20:30 y 21:30 horas en la comuna de Providencia y fue denunciado al día siguiente ante Carabineros.

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A partir de esa investigación, según sostiene la querella, se generó una versión de los hechos que no se ajusta a la realidad y que terminó vinculando a la ministra con una maniobra inexistente.

En ese contexto, se indica que “se construyó una versión de los hechos que no se ajusta a la realidad”, lo que derivó en su exposición pública, según sostiene la presentación, según consignó BiobioChile.

Informe policial bajo cuestionamiento

El eje central de la querella apunta a un informe policial que, de acuerdo con el escrito, “habría sido alterado deliberadamente, eliminando datos claves de la georreferenciación de llamadas telefónicas”.

La acción judicial sostiene que “la querellada y su grupo investigativo adulteraron un documento oficial (material e ideológicamente), PERO ADEMÁS ATRIBUYERON A LA SRA. QUINTANA UN HECHO QUE ESTA JAMÁS REALIZÓ CON INFORMACIÓN COMPLETAMENTE FALSA”.

Según el libelo, la omisión de datos permitió instalar la tesis de un supuesto autorrobo, pese a que posteriormente existirían antecedentes que ubican a las involucradas en comunas distintas.

Georreferencias y registros telefónicos

De acuerdo con la presentación, documentos posteriores de la compañía telefónica Movistar muestran que las llamadas realizadas por la ministra fueron georreferenciadas en el sector de Los Trapenses, en la comuna de Lo Barnechea, donde reside.

En tanto, el teléfono sustraído de su madre se habría mantenido ubicado en Providencia durante ese mismo periodo. En esa línea, la querella afirma que “las georeferenciaciones de la llamada que la Sra. Quintana realiza al teléfono sustraído de su madre a las 21:58 horas, fueron deliberadamente borradas del informe emitido por Movistar”.

Uso del informe y exposición pública

La acción judicial también cuestiona el uso de ese informe en diligencias intrusivas, como órdenes de entrada, registro e incautación, además de su posterior difusión en medios de comunicación.

En ese contexto, se sostiene que la información fue utilizada para solicitar medidas como “la intrusiva de entrada y registro, con descerrajamiento e incautación del teléfono móvil” de la madre de la querellante.

Asimismo, se indica que la ministra “ha visto verse expuesta en diversos medios de prensa, en particular y en el último tiempo en entrevistas que la fiscal Sra. Claudia Perivancich Hoyuelos ha dado en diversos medios”.

Diligencias solicitadas y estado de la causa

El abogado patrocinante, Juan Felipe Letelier, solicitó al tribunal que se cite a declarar a la funcionaria policial, a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y a la propia ministra Quintana.

Además, se acompañaron antecedentes como los registros de llamadas de la empresa Movistar y comprobantes de tránsito por autopista Costanera Norte.

La querella se fundamenta en distintos artículos del Código Penal vinculados a falsificación de documentos y denuncia calumniosa. Por ahora, la acción judicial deberá ser revisada por el tribunal para determinar su curso, considerando que aún no ha sido acogida a trámite según la información disponible en el sistema del Poder Judicial.

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