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Corte de Apelaciones confirma demolición de la histórica Feria de Artesanía del centro de Santiago

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó  la orden de demolición total de la Feria de Artesanía de Santo Domingo, un espacio comercial con más de 30 años de historia ubicado en pleno centro de la capital, en el cruce de las calles Santo Domingo y San Antonio.

El fallo rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Asociación Gremial de Artesanos y Comerciantes Santo Domingo Vive A.G., que agrupaba a los locatarios que operaban en el lugar, informó el Poder Judicial.

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La historia de este inmueble está marcada por décadas de irregularidades. Según los antecedentes del juicio, el recinto contó en 1992 con un permiso provisorio de edificación por solo tres años para la construcción de 124 locales comerciales de un piso. Ese plazo venció y nunca fue renovado. En 2007, la Municipalidad de Santiago ya había declarado la inhabilidad total del inmueble, pero sus ocupantes continuaron funcionando.

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Entre ese año y 2020, el recinto acumuló 17 denuncias en los Juzgados de Policía Local por infracciones a la normativa urbanística.

Fue en mayo de 2025 cuando el municipio, encabezado por el alcalde Mario Desbordes, dictó finalmente el decreto que ordenó la demolición total, argumentando que las construcciones -calificadas como "precarias" y de material ligero- no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y estabilidad, poniendo en riesgo tanto a sus ocupantes como a propiedades vecinas.

Los artesanos intentaron frenar la medida por la vía judicial. Su abogado argumentó, entre otras cosas, que el decreto carecía de fundamentos suficientes, que no se les notificó debidamente, que el municipio había tolerado la situación durante años al cobrarles tributos por su actividad, y que la demolición vulneraba garantías constitucionales como el derecho a desarrollar actividades económicas. También apuntaron a una contradicción: el mismo día que se ordenó la demolición, otro decreto alcaldicio dispuso solo la clausura del recinto mientras no acreditara los permisos correspondientes, lo que -según ellos- implicaba que la regularización era posible.

La Corte no acogió ninguno de estos argumentos. El tribunal fue categórico al señalar que los propios reclamantes reconocieron la inexistencia de permisos de obra y certificados de recepción, y que el pago de tributos municipales no puede subsanar obras construidas sin las autorizaciones correspondientes. Respecto a la supuesta contradicción entre decretos, el fallo determinó que ambas medidas —clausura y demolición— son complementarias y están contempladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

En cuanto a la alegada falta de notificación, la Corte fue contundente: la propia asociación gremial afirmó representar a la totalidad de los locatarios, por lo que mal podía alegar desconocimiento de los procedimientos en su contra.

El fallo, redactado por el abogado integrante Jorge Benítez Urrutia y presidido por la ministra Iara Barrios Melo, concluye que los locatarios "no han cumplido la normativa urbanística durante años sin haber realizado gestiones para regularizarse", permaneciendo en una situación que la ley no ampara. En consecuencia, la demolición fue confirmada, sin condena en costas para los reclamantes.

Con esta resolución, los artesanos y comerciantes de la feria agotan la vía judicial ordinaria para oponerse al derribo de un espacio que, aunque con décadas de historia en el corazón de Santiago, operó durante todo ese tiempo al margen de la normativa urbanística vigente.

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