Atalaya: La empresa de seguridad donde trabajaba el teniente (r) Ojeda que está en la mira de la Fiscalía

"Situaciones grises". Así calificó el fiscal nacional Ángel Valencia las aristas que restan por esclarecer en la investigación por el secuestro con homicidio del teniente (R) disidente del régimen de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda Moreno, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado viernes 1 de marzo al interior de una maleta en una toma en Maipú.

Una de esas situaciones grises –explicó en esa oportunidad Valencia– que se deben despejar son las actividades y acciones que el exmilitar desarrollaba desde su llegada al país en 2018.

"El deber de objetividad nos impone la obligación de descartar que el móvil -que es una de las situaciones grises hoy día de la investigación- esté asociado con las actividades que Ojeda realizaba en Chile, quizás más allá de las que se nos habrían comunicado por parte de los testigos y los documentos que nos entregaron", apuntó el jefe del Ministerio Público en entrevista con Radio Cooperativa.

Y agregó: "Con el mayor respeto y consideración que podemos sentir por los deudos de una persona asesinada, también se impone la obligación de explorar las actividades que realizaba la víctima en Chile, la forma como se ganaba la vida, la forma cómo financiaba sus gastos, porque también podría dar una explicación de este secuestro con homicidio".

Y es que de acuerdo con quienes han tenido acceso a la investigación, precisamente esa es una de las líneas que está explorando la indagatoria a cargo del fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros: dilucidar si acaso el exuniformado mantenía vínculos con el crimen organizado.

Seguridad Privada Atalaya

Dos meses antes de ser secuestrado, en enero, el exmilitar entró a trabajar en una empresa de seguridad privada de nombre Atalaya Spa. Según explican allegados a la causa, sus funciones como guardia privado consistían en monitorear cámaras de seguridad en una de las varias empresas que habían contratado a Atalaya.

Y es que –explican las mismas fuentes– en esa arista en particular se presume que trabajadores de la empresa pudieran haber compartido información sensible a cambio de dinero a bandas o grupos delictuales para vulnerar la seguridad de las empresas a las que Atalaya les prestaba servicios.

En entrevista con Meganoticias Prime, el fiscal nacional tras ser consultado por las hipótesis que se mantienen abiertas en el crimen de Ojeda, deslizó que se debía poner "especial atención a las empresas de seguridad privada".

"Uno de los fines del crimen organizado es conseguir que su dinero se incorpore a la economía legal y el negocio de la extorsión consiste en una amenaza velada en la que yo le ofrezco protección. (...) En Italia encontraron que el crimen organizado estaba constituyendo empresas para poder cobrar extorsiones, es interesante saber de que esa posibilidad podría ocurrir. Es una investigación abierta, no sabemos cómo va terminar pero al fiscal Barros le queda mucho por avanzar", cerró Valencia.

De acuerdo con registros del Diario Oficial, la empresa Seguridad Privada Atalaya Spa fue constituida en Santiago el 7 de octubre del 2020, por el matrimonio entre Verónica Muñoz Leal (60) y Ronald Velásquez Ibarra (67) –ambos ciudadanos chilenos– con un capital inicial de diez millones de pesos.

Pero el matrimonio no es nuevo en el rubro. Al menos desde 2001, son seis las sociedades que han constituido que se dedican a materias de seguridad privada. Además, cuentan con varias empresas importadoras, una constructora y una empresa de recursos humanos.

Atalaya ha ejercido como contratista de varias empresas –según documentos que revisó Mega Investiga–, entre los que figuran la Universidad Adolfo Ibáñez, el Hospital Félix Bulnes, Cencomex, inmobiliarias, oficinas de trabajo y condominios. Dos meses antes del secuestro del militar venezolano, abandonaron las oficinas de la empresa emplazadas en Alameda a la altura del 474.

Una extrabajadora de la empresa, que ejercía funciones como administrativa de gestión de personas, denunció en octubre del año pasado que fue víctima de "maltratos, acosos y hostigamientos" por parte de Ronald Velásquez y Verónica Muñoz, acción que fue acogida en parte en febrero de este año.

Como se estipula en uno de los contratos de uno de los guardias de seguridad, las jornadas de trabajo se repartían según turnos que eran informados de manera mensual. Antes de ser secuestrado en su departamento en la comuna de Independencia, Ojeda estaba bajo el régimen de cuatro por cuatro. Esa madrugada del 21 de febrero era su primera noche libre.

Los vínculos de Araya

"El qué hay detrás de la víctima nos va a permitir determinar cuál es eventualmente el objetivo que hubo detrás de la actividad criminal. Por lo tanto, su actividad laboral –esto es haber sido un agente de seguridad o guardia– es relevante para la investigación. Y parte de las líneas de investigación es determinar efectivamente el alcance de ese vínculo laboral", sostienen quienes han sabido de las pesquisas.

Aclaran, eso sí, que a Ojeda todavía no se le ha detectado ningún vínculo con el Tren de Aragua o con otras actividades delictivas.

El abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, ha asegurado que no existe ningún antecedente de que el exmilitar tuviera "vínculos criminales o se dedicara a alguna actividad ilícita".

"En este caso no hay ningún indicio que diga que Ronald Ojeda estaba vinculado a alguna actividad ilícita", enfatizó Juan Carlos Manríquez.

Mega Investiga se comunicó con los representantes de Atalaya a través del abogado de la empresa, pero declinaron entregar alguna declaración.