"Narcomaderas": ISP confirma droga en más de 300 muestras y Fiscalía responde a informes presentados por expresidente de Bolivia
Las instituciones chilenas defendieron las diligencias realizadas en el denominado caso “Narcomaderas”, luego de que el expresidente boliviano Jorge “Tuto” Quiroga cuestionara las pericias que detectaron sustancias ilícitas en madera exportada desde su país.
Mientras el Instituto de Salud Pública (ISP) ya había –hace algunas semanas- asegurado que existe confirmación de la presencia de diferentes drogas en más de 300 muestras mediante un nuevo procedimiento de extracción, la Fiscalía Nacional informó que si los análisis privados presentados por el sector exportador boliviano son incorporados a la carpeta investigativa, pues tendrán que ser examinados junto con el resto de los antecedentes.
La respuesta, en el caso del Ministerio Público, surge después de que Quiroga emplazara públicamente a Chile, cuestionara el trabajo de la Fiscalía y exigiera que el Presidente José Antonio Kast pida perdón “de rodillas” a Bolivia si no se logra demostrar que las empresas enviaron madera impregnada con droga.
Ir a la siguiente notaLa ofensiva del exmandatario se sustenta en dos informes privados elaborados por James Craig Kuykendall, exagente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), y Scott Richard Oulton, químico forense especializado en sustancias controladas.
Ambos documentos cuestionan los procedimientos de muestreo, los análisis realizados en Chile y la posibilidad de establecer, sobre la base de los antecedentes examinados, la presencia y cantidad de droga supuestamente impregnada en los tablones.
ISP: “Hemos podido confirmar la presencia”
La posición del Instituto de Salud Pública contrasta con los cuestionamientos formulados desde Bolivia.
Tras las detenciones e incautaciones, el jefe del Departamento de Salud Ambiental del ISP, Boris Duffau, informó que el organismo recibió más de 300 muestras de madera provenientes de la investigación.
Según explicó, para examinar el material fue necesario aplicar un procedimiento de extracción especialmente desarrollado para este tipo de evidencia.
“Hemos recibido más de 300 muestras de madera impregnadas con distintos tipos de drogas. Luego de aplicar un nuevo procedimiento de extracción, hemos podido confirmar la presencia de ketamina, cocaína base, clorhidrato de cocaína y algunos metabolitos de droga, las cuales estaban impregnadas en estas maderas”, sostuvo Duffau.
El representante del ISP agregó que el trabajo se ha desarrollado en coordinación permanente con la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, organismo que dirige la investigación.
“Luego de una comunicación constante con la Fiscalía Regional de Arica, hemos podido dar respuesta a estas más de 300 muestras, las cuales siguen llegando por esta incautación, que es histórica por el gran volumen de muestras y por la gran cantidad de droga impregnada en ellas”, afirmó.
La declaración constituye uno de los principales respaldos técnicos de las instituciones chilenas frente a la ofensiva boliviana: el ISP no se limita a resultados obtenidos mediante pruebas de campo, sino que asegura haber confirmado en laboratorio la presencia de diferentes sustancias ilícitas en centenares de muestras.
Sin embargo, todavía permanece abierta una de las principales controversias planteadas por los expertos privados: cómo se determinó la cantidad total de droga que contendrían las 1.080 toneladas de madera incautadas.
La respuesta de la Fiscalía Nacional
Consultado directamente por Mega Investiga respecto de las declaraciones de Quiroga y de los análisis elaborados por Kuykendall y Oulton, el jefe de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, Ignacio Castillo, sostuvo que los documentos deberán ser incorporados y evaluados dentro de la investigación.
“En relación con la consulta referida a los informes elaborados por los expertos Kuykendall y Oulton, corresponde señalar que, como ocurre respecto de cualquier antecedente que una defensa estime pertinente aportar durante el desarrollo de una investigación, dichos documentos serán incorporados a la carpeta investigativa y examinados conforme a las reglas y principios que rigen la actuación del Ministerio Público”, respondió Castillo.
El abogado explicó que esa revisión se realizará conforme al principio de objetividad, que obliga al Ministerio Público a investigar tanto los antecedentes que permiten establecer la participación en un delito como aquellos que puedan demostrar la inocencia o descartar las imputaciones.
“Todo antecedente que sea formalmente aportado será analizado y ponderado en su mérito, considerando su contenido, alcance y valor dentro del conjunto de la investigación”, añadió.
Castillo evitó adelantar una conclusión sobre los informes contratados por el sector exportador boliviano y remarcó que la causa continúa abierta: “Cabe recordar, además, que se trata de una investigación actualmente vigente y en pleno desarrollo, por lo que cualquier conclusión debe adoptarse sobre la base de la totalidad de los antecedentes que se recopilen durante su curso”, indicó.
Lo que cuestionan los expertos privados
Los informes fueron encargados por las empresas y organizaciones bolivianas afectadas por la retención de 45 contenedores en puertos chilenos.
Uno de ellos fue elaborado por James Craig Kuykendall, exagente de la DEA con más de tres décadas de experiencia en investigaciones vinculadas con narcotráfico y crimen organizado. Su participación, sin embargo, corresponde a la de un consultor privado y no representa una posición institucional de la agencia estadounidense.
El segundo análisis pertenece a Scott Richard Oulton, químico forense especializado en la identificación de sustancias controladas. De acuerdo con lo informado por Quiroga y por los representantes del sector exportador, los especialistas detectaron inconsistencias entre las pruebas iniciales, los resultados de laboratorio y la trazabilidad de las muestras.
Sus conclusiones no establecen categóricamente que la madera estuviera libre de droga. Sostienen que, con los antecedentes revisados, no sería posible determinar responsablemente la presencia, extensión y cantidad de narcóticos supuestamente impregnados.
Los expertos también habrían recomendado efectuar nuevos análisis cuantitativos mediante metodologías validadas, procedimientos de muestreo documentados y controles de calidad que permitan reproducir los resultados.
Frente a ello, el ISP asegura que desarrolló un nuevo procedimiento de extracción y que confirmó en laboratorio la presencia de ketamina, cocaína base, clorhidrato de cocaína y metabolitos en más de 300 muestras.
La controversia científica quedará ahora radicada dentro de la propia investigación: la Fiscalía deberá establecer si la metodología empleada por el organismo chileno responde a los reparos formulados por los especialistas estadounidenses y si permite sostener las estimaciones iniciales sobre el volumen total de droga.
La ofensiva de Quiroga
Quiroga presentó el caso como una controversia de alcance histórico y aseguró que la acusación chilena representa el mayor daño provocado a Bolivia desde 1879, cuando comenzó la Guerra del Pacífico y ese país perdió su salida al mar.
A su juicio, el anuncio no solo perjudicó a las empresas cuyos contenedores fueron retenidos, sino que afectó la reputación internacional de toda la industria forestal y exportadora boliviana.
El exmandatario desafió al Estado chileno a demostrar que al menos una de las empresas investigadas exportó un tablón impregnado con droga. También pidió destituciones y eventuales responsabilidades penales si se concluye que las acusaciones no tenían sustento.
Su emplazamiento alcanzó directamente al Presidente Kast, ante las informaciones difundidas por medios bolivianos sobre una eventual visita del mandatario chileno a ese país durante octubre.
Quiroga sostuvo que Kast tendría que llegar “de rodillas” a pedir perdón y planteó una compensación de US$1.000 millones por los perjuicios que, según afirmó, provocó el procedimiento.
Hasta ahora no existe una resolución judicial que haya descartado la presencia de droga ni que haya establecido una responsabilidad indemnizatoria del Estado de Chile.
Tampoco existe una conclusión definitiva sobre los informes privados presentados desde Bolivia. La Fiscalía anunció que serán revisados, pero dejó en claro que cualquier decisión se adoptará considerando el conjunto de la investigación.
El caso entra así en una nueva etapa. Por primera vez, los cuestionamientos levantados desde Bolivia reciben una respuesta institucional chilena y la Fiscalía sostiene que las objeciones técnicas serán examinadas, pero sin alterar, por ahora, la vigencia ni el desarrollo de la investigación.
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