El gobierno es un colador

El desempleo está casi en dos dígitos. La inflación parece no ceder. El crecimiento, al menos este año, será extremadamente mediocre. El precio de los combustibles casi siempre va al alza. Vivir en Chile se vuelve cada día más caro. Y ni siquiera los ahorros para la vejez están a salvo. El Fondo E de las AFP, el más conservador del sistema, cayó un 10,39 % real entre enero y septiembre, tras una apuesta fallida de las administradoras a que las tasas de interés en Estados Unidos bajarían.

En medio de este panorama, el Presidente Kast nos devolvía la esperanza al señalar que 2027 sería un año extraordinario y cambiaba al subsecretario general de Gobierno —figura que solemos conocer en verano, cuando el ministro se va de vacaciones— para ordenar la comunicación y recuperar la confianza, mientras su aprobación, según CADEM, ya está en el 29%. Pero ese esfuerzo también depende de sus ministros, que pueden ofrecerle al vocero (tanto) resultados que mostrar (como) o problemas que explicar. El titular de Justicia aportó lo segundo al conceder, por vía administrativa, rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y a dos internos de Punta Peuco condenados por violaciones de derechos humanos.

Se desató el caos. La oposición amenaza con presentar una acusación constitucional, presiona para un cambio en el gabinete y Rabat recibe críticas de su propio sector. El exministro de Justicia Hernán Larraín cuestionó que el gobierno concediera directamente las rebajas, recordando que durante su gestión rechazó solicitudes similares y defendió esa postura ante la Corte Suprema. Su argumento es que había margen para negar el beneficio, especialmente en delitos sexuales contra menores, dejando que los tribunales resolvieran cada caso. La controversia escaló aún más cuando Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, respondió a Larraín aludiendo a su vínculo con Colonia Dignidad y con Paul Schäfer. La UDI reaccionó con firmeza y Squella terminó ofreciendo disculpas y eliminando la publicación.

¿Qué le está pasando al gobierno para protagonizar papelón tras papelón?.

Ordenemos las cosas. El deterioro económico se refleja tanto en los indicadores como en la percepción ciudadana. Según la reciente encuesta CADEM, el 89% califica como mala o muy mala la situación del empleo en Chile, y el 76% opina lo mismo sobre la situación de los consumidores para comprar bienes y servicios. Son cifras desoladoras, y la derecha social —Paulina Núñez, Karla Rubilar y Sebastián Sichel— insiste en que el gobierno piense en la gente y busca disputarle ese discurso a Parisi y al PDG. Núñez, de hecho, solicitó que el gobierno se metiera la mano al bolsillo. Esta derecha social es experta en perder elecciones importantes, pero no por ello es poco influyente. Su cercanía con la calle parece llevarla a temer que, si en marzo persiste el deterioro económico y el gobierno sigue frío e inerte ante el dolor popular, el malestar ciudadano se transforme en protesta. No es un gran hallazgo, pues Piñera vivió algo parecido en su segundo año de mandato. En materia económica, el gobierno es un colador. Las malas noticias llegan por todos lados.

Vamos a la política entonces. El panorama tampoco mejora. Muchos señalan que el gobierno tiene un problema de comunicación, pero su principal dificultad es la falta de resultados que mostrar. Nadie puede comunicar bien si no tiene en qué apoyarse. Desde RN pidieron abandonar la figura del biministro de Interior y SEGEGOB, y nombrar a un vocero con dedicación exclusiva, ojalá de ese partido. Como el gobierno ya había decidido fusionar ambas carteras, optó por designar un portavoz sin modificar el gabinete. ¿Cuántos voceros tendremos, entonces? ¿Podrá un subsecretario, aunque participe en el comité político, contener la incontinencia verbal de algunos ministros? El Presidente debe respaldar a su vocero e imponer esa disciplina al gabinete. Si muchas manos echan a perder el asado, sumar voces sin ordenar las responsabilidades puede agravar la confusión.

Tendremos otro colador por el que se escapará la credibilidad del gobierno. Si la oposición es hábil y el gobierno habla en exceso, cada declaración desafortunada abrirá una nueva controversia, con réplicas y aclaraciones que le restarán tiempo a La Moneda para promover su agenda. Combo a combo.

El tercer colador está en Justicia. El argumento de Rabat resulta casi tan llamativo como la decisión que provocó la controversia. Sólo salieron a defenderlo, con tibieza y casi con pudor, los presidentes de la UDI y de Republicanos, quienes aplaudieron que el ministro actuara conforme a derecho. Sí. Le están reconociendo aquello a un ministro de Justicia. ¿No será lo mínimo que se le exige? Si otros ministros optaron por rechazar solicitudes similares y defender esa decisión ante los tribunales, ¿por qué Rabat prefirió firmar directamente los decretos? La mesa está servida para una acusación constitucional, y la oposición podrá aprovechar tanto el rechazo casi unánime de la ciudadanía a la decisión del ministro como la fractura que este episodio abrió en la derecha.

Tenemos, en consecuencia, tres coladores: el económico, el comunicacional y el de Justicia. Por todos ellos se escurre la confianza que el Presidente necesita para pedir paciencia. Un gobierno puede sobrevivir a malas cifras y a errores de sus ministros, pero difícilmente puede exigir comprensión cuando sus decisiones agravan el malestar. Kast promete un año mejor, mientras su gabinete alimenta la desconfianza ciudadana y le entrega argumentos a la oposición. El gobierno haría mal al confundir el rechazo al estallido de 2019, reflejado en las encuestas, con una garantía de tranquilidad. Las personas pueden condenar esa violencia y volver a protestar por la mala situación económica. Basta con mirar lo que está pasando en Francia o en Italia para darse cuenta de esto.