Ubilla acusa a parlamentarios con nombre y apellido por exonerados
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, refrendó la convicción de que en las administraciones anteriores se montó una "máquina para defraudar al Fisco" y que estos beneficios a falsos exonerados políticos fueron con el objeto de "favorecer campañas políticas".
"En la ley de 2003, que fue aprobada principalmente por los parlamentarios de la Concertación -con reparos de parlamentarios como Evelyn Matthei- se denuncia que estaba hecha para favorecer lo que hemos visto una década después", expresó la autoridad entrevista con Radio Cooperativa.
"Yo hice la denuncia el año 2010 y la reiteré el 2011, entregué los informes el 2012 que dieron origen a lo que la Contraloría General de la República dio a conocer la semana pasada", agregó Ubilla.
"Queda claro con la información que nosotros entregamos, más la información de la Contraloría, cuando estamos hablando de que aproximadamente un 30 por ciento, sobre la base de una muestra, presenta graves problemas e irregularidades, que esto no es una cosa pequeña, casual, casuística", apuntó.
"Estamos frente a una máquina; llamémosla instrumentalización política y –lo que es más grave- utilización, entre otras cosas, para favorecer en las campañas políticas a candidatos", afirmó el subsecretario.
"Lo que estoy diciendo es que la última ley, la de 2003, abrió una puerta que fue instrumentalizada por muchos actores –porque no fue una persona- que permitió el escándalo que estamos viéndole día de hoy", señaló.
Responsabilidades
En este tema "se generó una complicidad entre parlamentarios, autoridades del Gobierno de la señora Bachelet y el señor Lagos y los propios solicitantes para defraudar al Fisco".
"El año 2010 yo fui a la Comisión de Derechos Humanos (de la Cámara de Diputados), donde su presidente, el señor Sergio Ojeda (DC) tapó esta situación. Yo fui sin publicidad, entregué los datos, y resulta que el señor Ojeda, diputado de la República por muchos años, también tiene entregados certificados", mencionó.
"El año siguiente, el 2011, dentro del marco de la comisión hice ver escándalos como el del diputado (PPD) Enrique Jaramillo, quien en mayo del año 2000 certificó 613 solicitudes de exoneración, de las cuales 400 son falsas; 400 en un solo documento. Eso es insólito", resaltó Ubilla.
"Jaramillo el año pasado, cuando yo dije estas cosas, dijo que le habían falsificado la firma. Yo no conozco desde el 2011 a la fecha que él haya iniciado una acción judicial (para poder limpiar su nombre", acotó Ubilla.
"La señora Isabel Allende entregó más de 1.100 certificados de exonerados que no son tal. Yo no sé cómo la señora Allende entregó certificados de personas que viven en la Región de Magallanes, en la comuna de San Gregorio, por ejemplo; o en Fresia, o en Arica o en Iquique. Es una persona que certifica 1.190 (exonerados), esto es realmente una vergüenza", consideró el subsecretario.
