Caso Junaeb: allanamientos salpican a exdirectora y exjefaturas de la era Boric tras aparición de aristas por presuntas coimas
- Por Leslie Ayala | Mario Rosende | Mega Investiga
La investigación por presuntas coimas y otras irregularidades en millonarias licitaciones de alimentación escolar no solo llegó este jueves hasta parlamentarios y actores privados. La ofensiva de la Fiscalía Oriente también apunta directamente a quienes ocuparon algunos de los principales cargos de Junaeb durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.
Según antecedentes conocidos por Mega Investiga, entre los domicilios que la justicia autorizó a allanar está el de la exdirectora nacional de Junaeb Camila Rubio y a exjefaturas y funcionarios que tuvieron responsabilidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el período actualmente bajo investigación.
La arista tiene un origen particularmente relevante.
Fue la nueva administración de Junaeb, instalada tras la llegada del gobierno del Presidente José Antonio Kast, la que, al revisar las actuaciones de sus antecesores, detectó una serie de irregularidades y llevó los antecedentes ante el Ministerio Público.
Ir a la siguiente notaLa denuncia puso bajo la lupa decisiones adoptadas durante los años anteriores y especialmente la relación de Junaeb con SOSER S.A., empresa que recibió millonarios pagos por servicios de alimentación escolar en la Región de O’Higgins.
Aquella denuncia fue el punto de partida de una investigación que con el paso de los meses adquirió una dimensión mucho mayor.
Lo que inicialmente aparecía como un caso relacionado con eventuales pagos improcedentes y anomalías en la ejecución de contratos terminó abriendo una arista por presuntos delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias, revelación de secreto y lavado de activos.
Este miércoles, esa investigación entró en una nueva etapa.
La fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina obtuvo autorización del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para ejecutar una amplia batería de diligencias destinadas a recuperar dispositivos electrónicos, comunicaciones y documentación relacionada con las licitaciones.
Entre quienes quedaron bajo la lupa aparece la exdirectora nacional Camila Rubio.
También figuran exjefaturas y funcionarios vinculados al área de alimentación escolar, entre ellos el exjefe del Departamento de Alimentación Claudio Alcatruz, el exjefe del Departamento de Alimentación Estudiantil Francisco Pizarro, además de Alejandro Layseca y María José Robles.
La Fiscalía obtuvo autorización para incautar teléfonos celulares y otros dispositivos y acceder a cuentas institucionales utilizadas durante el período investigado.
El objetivo es reconstruir desde dentro de Junaeb cómo se adoptaron las decisiones relacionadas con SOSER, quiénes participaron de ellas y qué comunicaciones existieron entre funcionarios públicos y actores externos.
De la denuncia de la nueva administración a las coimas
El avance de la investigación ha ido modificando sustancialmente la dimensión del caso.
Los primeros antecedentes apuntaban a presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos de SOSER: sobredeclaraciones de raciones, certificados que habrían permitido obtener pagos improcedentes con fondos públicos e incorporación de información falsa en los sistemas de Junaeb.
También se investigan eventuales beneficios indebidos entregados a directores de establecimientos y encargados del Programa de Alimentación Escolar, además de episodios relacionados con alimentos presuntamente contaminados.
Pero las diligencias desarrolladas posteriormente permitieron abrir una arista considerablemente más grave.
La Fiscalía indaga actualmente si existió un mecanismo sostenido en el tiempo destinado a favorecer intereses privados dentro de Junaeb.
Los investigadores buscan determinar si se entregó información reservada a particulares, si se intervino en actos administrativos para favorecer a SOSER y si existieron gestiones destinadas a conseguir adjudicaciones o mejorar las condiciones de contratos públicos.
También se indaga si hubo presiones para conseguir la salida de funcionarios encargados de tareas de fiscalización.
La sospecha más grave es que algunas de esas actuaciones se habrían realizado a cambio de beneficios económicos o laborales.
Ejecutivos en la mira
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó además la entrada y registro de inmuebles asociados a Jaime Rey Cortés y Matías Pizarro O’Ryan, ambos identificados como imputados en la causa, además de la incautación de teléfonos celulares, computadores, discos duros, documentación y antecedentes bancarios que puedan estar relacionados con los hechos.
La Fiscalía Oriente y la PDI busca establecer el papel que tuvieron los integrantes de la gerencia y directorio de SOSER en el presunto esquema de corrupción. La tesis investigativa apunta a que desde la empresa se habrían realizado gestiones para obtener información reservada, favorecer sus intereses en licitaciones públicas e intervenir en determinadas decisiones de Junaeb, a cambio de beneficios económicos o laborales. La causa indaga, entre otros delitos, soborno, cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos, además de la eventual responsabilidad penal de SOSER como persona jurídica.
De Junaeb al Congreso
Las diligencias conocidas este miércoles muestran hasta dónde terminó expandiéndose una investigación que comenzó con la revisión de contratos de alimentación escolar.
Como reveló Mega Investiga, la Fiscalía obtuvo además autorización para allanar inmuebles vinculados a los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto, el exdiputado Hugo Gutiérrez y el lobbista Darío Calderón.
Las diligencias llegaron también hasta dependencias del Congreso Nacional.
La Brigada Anticorrupción de la PDI busca teléfonos, computadores, documentación sobre las licitaciones, antecedentes bancarios y registros de movimientos de dinero.
El desafío de los investigadores será ahora cruzar esa información con los correos y dispositivos de quienes ocuparon puestos estratégicos dentro de Junaeb.
Así, una denuncia presentada por la administración que llegó al organismo con el cambio de gobierno terminó abriendo una investigación que hoy busca establecer si detrás de las millonarias irregularidades detectadas en el Programa de Alimentación Escolar existió algo mucho mayor: una red de pagos y favores destinada a intervenir decisiones públicas desde dentro y fuera de Junaeb.
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