Reconstrucción Nacional: Corte Suprema sugiere "ajustes relevantes" y se divide ante indemnización del Estado a los privados
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La Corte Suprema emitió un informe respecto al Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno, señalando que la también llamada "ley miscelánea" necesita "ajustes relevantes" principalmente en el cambio de régimen de evaluación ambiental.
Suprema sugiere "ajustes relevantes" a ley miscelánea
El pleno de la Suprema se reunió el pasado lunes 4 de mayo para analizar el "Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social", remitiendo un oficio el pasado miércoles 6 de mayo al presidente y secretario de la Cámara de Diputadas y Diputados.
El máximo tribunal se refirió específicamente a las "modificaciones al régimen de evaluación ambiental, al sistema de impugnación de las Resoluciones de Calificación Ambiental y a las competencias de los Tribunales Ambientales".
Ir a la siguiente nota"El proyecto contiene objetivos atendibles vinculados a la certeza jurídica, la especialización jurisdiccional y la racionalización de los procedimientos ambientales", señala el informe entre sus conclusiones.
Sin embargo, "la regulación propuesta requiere ajustes relevantes de coordinación normativa, precisión competencial y delimitación sustantiva de sus efectos", por lo que "parece recomendable formular observaciones al proyecto".
Restitución de gastos divide a los ministros
Si bien en varias normas se sugirieron "precisiones", el mecanismo de restitución de gastos por parte del Estado a las empresas cuya resolución de calificación ambiental sea anulada judicialmente dividió a los ministros de la Corte.
De modo general, se advirtió que "la propuesta innova de manera significativa en el ordenamiento, al permitir que el Fisco asuma costos derivados de una inversión privada cuya resolución de calificación ambiental fue anulada judicialmente".
Ante esto, se indicó que "la regla aparece formulada en términos amplios" por lo que se recomienda una serie de exigencias para que el Estado no termine convirtiéndose en un asegurador general del riesgo regulatorio de la inversión privada.
Sin embargo, este punto contó con el voto en contra de cuatro ministros, quienes se opusieron de plano a esta restitución de gasto por parte del Estado a los privados que pierdan su resolución ambiental por vía judicial.
La postura de estos ministros disidentes señala que la propuesta del Gobierno "se aparta de todo el sistema de responsabilidad civil vigente".
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