Australia confirma extradición de Adriana Rivas, exagente de la DINA acusada de torturas y secuestro en dictadura
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Tras una batalla legal de siete años, el Tribunal Federal de Australia ordenó la extradición de una chilena acusada de haber participado en actos de tortura y secuestro durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Se trata de Adriana Elcira Rivas, actualmente con más de 70 años. Según The Guardian, la connacional emigró a Australia en 1978, trabajando como niñera y limpiadora en el sector costero de Bondi.
Sin embargo, su situación cambió en 2019, cuando fue detenida por autoridades de Nueva Gales del Sur tras una solicitud formal de extradición presentada por Chile.
Ir a la siguiente notaExagente de la DINA y secretaria de Manuel Contreras
La justicia chilena la vincula con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), específicamente con una unidad encargada de aplicar torturas físicas y psicológicas a opositores del régimen.
En contra de quien fuera secretaria de Manuel Contreras pesan siete cargos por secuestro agravado cometidos en 1976, entre ellos el caso de una mujer embarazada de cinco meses que permanece desaparecida
De acuerdo al diario británico, durante los siete años que estuvo en custodia, ella negó las acusaciones y su defensa presentó diversos recursos para impedir la extradición.
Su principal argumento sostenía que el proceso podía derivar en un juicio por crímenes de lesa humanidad y que los delitos de secuestro estaban prescritos.
Juez rechazó argumentos de la defensa
El juez Michael Lee rechazó estos planteamientos y señaló que no existían fallas en la jurisdicción ni en la decisión adoptada por las autoridades australianas, validando así la legalidad de la solicitud de extradición.
En su resolución, el magistrado afirmó que no se logró demostrar que la decisión ministerial estuviera afectada por errores jurídicos, declaración que realizó en presencia de representantes diplomáticos de Chile.
También, los familiares de chilenos que desaparecieron o fueron asesinados en la dictadura abarrotaron la sala del tribunal durante la audiencia de dos días, pero no pudieron estar presentes para escuchar el veredicto.
