Red de corrupción en cárceles: Revocan prisión preventiva para exgendarme y queda con arresto domiciliario total

¿Qué pasó? 

La Corte de Apelaciones de San Miguel revocó este miércoles la prisión preventiva que pesaba desde el pasado 30 de diciembre sobre uno de los funcionarios de Gendarmería involucrados en la red de corrupción que operaba al interior de distintas cárceles del país.

El tribunal de alzada decretó en su reemplazo la cautelar de arresto domiciliario total, ordenándose su liberación inmediata. En tanto, otros cinco imputados que también habían apelado al fallo de la 12° Juzgado de Garantía de Santiago continuarán en prisión. 

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Investigación terminó con 70 detenidos  

La noche del pasado martes 30 de diciembre, 62 imputados por su participación en la red de corrupción que operaba dentro de algunas cárceles del país quedaron en prisión preventiva. Del total, 42 corresponden a exgendarmes. 

Fue el pasado 16 de diciembre cuando se destapó el escándalo luego que la Policía de Investigaciones (PDI) diera a conocer detalles de un procedimiento denominado "Operación Apocalipsis", que constó con el allanamiento de recintos penitenciarios en distintas regiones. 

Un total de 70 personas fueron detenidas durante la investigación, ocho de los cuales fueron formalizados en una primera audiencia. A los imputados se les acusa de delitos como asociación criminal, lavado de activos, cohecho y soborno.

Red de corrupción dentro de las cárceles 

Las diligencias establecieron que funcionarios de Gendarmería, coludidos con particulares, realizaban actos destinados al ingreso de productos prohibidos, principalmente al penal Santiago 1, ubicado en la Región Metropolitana. 

Según la indagatoria, gendarmes coimeados permitían entrar grandes bolsas con celulares, drogas, alcohol, chips, ropa, comida, carne y otros artículos no permitidos. Incluso, algunos ingresaban elementos por iniciativa propia para venderlos a los reclusos a precios usureros, en una especie de "feria".

Asimismo, facilitaban el ingreso irregular de mujeres para comercio sexual, haciéndolas pasar como visitas autorizadas. Dependiendo del tipo de producto o servicio, cobraban montos que iban desde los $10.000 hasta los $400.000.