SII formaliza a 47 personas y empresas por evadir millones usando pagos electrónicos

El Servicio de Impuestos Internos comprobó que 47 personas y empresas usaron lectores de tarjetas de crédito y débito para realizar ventas, sin declarar los ingresos ni pagar los impuestos correspondientes entre los años 2020 y 2022. Esta acción formó parte de una investigación realizada por las subdirecciones Jurídica y de Fiscalización.

Tras recopilar antecedentes, el SII presentó tres denuncias entre 2023 y 2024 ante el Ministerio Público, organismo que verificó las irregularidades y llevó a cabo la formalización de los 47 contribuyentes este lunes 15 de septiembre.

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Carolina Saravia, Directora subrogante del SII, explicó que los imputados aprovecharon que hasta ese periodo no existía una obligación para proveedores de medios de pago de exigir la acreditación del inicio de actividades. Eso les permitió operar sin declarar sus ingresos, evadiendo impuestos.

La querella abarca delitos tributarios como la presentación de declaraciones mensuales de IVA falsas (subdeclaración), declaraciones anuales de renta falsas al ocultar ingresos por ventas realizadas media impues nte dispositivos electrónicos, y además la omisión maliciosa de declaraciones mensuales y anuales que correspondían.

El perjuicio fiscal calculado por el SII hasta septiembre de 2025 asciende a $4.934.937.218, cifra que incluye tanto lo evasado en IVA como lo omitido en el impuesto a la renta.

Gracias al cruce de datos con documentos tributarios y otras fuentes, se pudo identificar que estos contribuyentes natural y jurídicos utilizaron medios de pago electrónicos para canalizar transacciones, evitando así la fiscalización por parte del Estado durante tres años consecutivos.

Además, la formalización refuerza nuevas reglas que entran en vigencia a partir del 1 de octubre, como la obligación de acreditar el inicio de actividades al usar medios de pago electrónicos, vender por marketplaces o prestar servicios al Estado o municipalidades.

Saravia afirmó que estas medidas buscan “emparejar la cancha” para quienes cumplen con sus obligaciones tributarias, promoviendo la formalización y sancionando el incumplimiento de manera justa.

Este caso pone en evidencia que la digitalización de los pagos no es garantía de cumplimiento automático de impuestos, y que las entidades fiscales están reforzando sus mecanismos de detección.

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