Gobierno envía decretos a Contraloría para revocar 24 pensiones de gracia del estallido social
¿Qué pasó?
El Gobierno ingresó a la Contraloría 24 decretos para revocar pensiones de gracia de víctimas del estallido social de 2019.
Lo anterior, a propósito de la polémica que se generó a comienzos de año, cuando el ente fiscalizador advirtió que algunos beneficiarios cuentan con antecedentes por delitos graves, y que además hubo irregularidades en el proceso de entrega.
Así, en la noche de este lunes la División Jurídica del Ministerio del Interior hizo llegar los antecedentes de las 24 pensiones que no seguirán vigentes, por lo que ahora resta que este los revise y tome razón en un plazo menor a 15 días hábiles.
Las irregularidades que advirtió Contraloría
El 25 de enero pasado, la Contraloría envió un informe a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por las pensiones de gracia, en el cual señalaba que 58 de 419 beneficiarios en ese entonces (418 actualmente) presentan antecedentes.
Se trata de graves condenas por delitos como estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros.
Además, el organismo constató que 19 expedientes remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos eran certificados poco legibles, sin diagnóstico, con información contradictoria sobre el daño causado o con una fecha anterior a octubre de 2019.
Cabe señalar que hasta el pasado lunes, el Ejecutivo solo había remitido el decreto revocatorio del caso del condenado por reproducción de pornografía infantil. Sin embargo, posteriormente fue retirado para corregir aspectos formales y luego reingresarlo a Contraloría.
La reacción del Gobierno
En consecuencia, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró el 6 de febrero pasado que se revocarían 27 pensiones tras la revisión de todos los casos originados a partir del estallido social.
De acuerdo a la información que entregó el Gobierno en ese entonces, 69 personas figuran con antecedentes penales de un total de 418 que perciben el beneficio.
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