Corte de servicios básicos: Con abstención de Lavín comisión de Economía rechaza veto presidencial

¿Qué pasó?

La comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este lunes el veto presentado por el Presidente Sebastián Piñera al proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia del coronavirus.

La moción fue despachada a ley el 11 de junio, pero el Ejecutivo anunció el ingreso del veto la semana pasada.

¿Cómo se votó en la comisión?

El veto presidencial fue rechazado con seis votos a favor, seis en contra y una abstención, la del diputado Joaquín Lavín León. De esta manera, el veto pasa a la Sala de la Cámara.

Como la decisión de la Comisión no es vinculante sino una recomendación, esta deberá elaborar un informe para exponer ante la Cámara.

⭕ Con 6 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención la Comisión de Economía rechaza veto presidencial a proyecto que suspende el corte de servicios básicos por deuda durante la pandemia. Pasa a la Sala (decisión de la Comisión no es vinculante sino una recomendación).

— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) July 13, 2020

¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto establece que, durante los 90 días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red, no podrán cortar el suministro por mora en el pago a los siguientes clientes:

• Usuarios residenciales o domiciliarios.
• Hospitales y centros de salud.
• Cárceles y recintos penitenciarios.
• Hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual.
• Hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores.
• Bomberos.
• Organizaciones sin fines de lucro.
• Microempresas.

Interés por mora 

Se remarca que, por el plazo ya indicado, quedarán suspendidas las normas que permiten la aplicación de interés por mora y la suspensión del servicio para dichos clientes.

Exclusiones

Se excluye de la aplicación de la presente ley a las empresas sanitarias con menos de 12 mil clientes que constituyan una sola unidad económica y no sean filial de otra empresa sanitaria; y a las cooperativas y comités de agua potable rural, sin perjuicio de los convenios, descuentos o facilidades de pago que otorguen a sus clientes.

Pagos

La propuesta establece que, a elección de los usuarios finales, las deudas contraídas con las empresas ya mencionadas, que se generen entre el 18 de marzo de 2020 y hasta los 90 días posteriores a la publicación de esta ley, se prorratearán en el número de cuotas mensuales iguales y sucesivas que determine el usuario, las que no podrán exceder de doce, a partir de la facturación siguiente al término de este último plazo, y no podrán incorporar multas, intereses ni gastos asociados.

Deudas previas

Adicionalmente, también a elección del usuario final, el prorrateo podrá incluir otras deudas contraídas previamente, hasta el monto de 10 UF para las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad; y hasta el monto de 5 UF para las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red, en las mismas condiciones.

Reposición inmediata

Asimismo, la iniciativa determina que si los beneficiarios de esta ley hubiesen sido objeto de cortes o suspensiones de suministro o servicio, por mora en el pago de cualquiera de los servicios señalados, la respectiva empresa proveedora o cooperativa deberá proceder a su reposición inmediata, sin costo alguno, una vez publicada la presente ley.

Telefonía e internet

El texto también establece que, durante el plazo mencionado, tratándose de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, los clientes podrán solicitar al proveedor el cambio transitorio de su contrato, si se tratara de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio, si se tratara de clientes no suscriptores o de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad, sin costo y que no importe cambio numérico, por un plazo de tres meses.

Para lo anterior, se dispone que el proveedor deberá permitir, sin costo para el usuario, el acceso a prestaciones de servicios que permitan mantener conectividad telefónica y de servicios de transmisión de datos permanente. Para dicho efecto, se indica que:

• Los clientes de internet fijo dispondrán, mensualmente, de acceso sin límites máximos de descarga, con una velocidad de servicio entre 2 mbps y 4 mbps, atendida la configuración tecnológica con la que se preste el servicio. La obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un beneficiario por grupo familiar.
• Los clientes de servicio móvil con contrato dispondrán, mensualmente, de 50 SMS, 300 minutos para llamadas y acceso a internet sin límites máximos de descarga, con una velocidad entre 256 kbps y 512 kbps, atendidas las características tecnológicas con las que se preste el servicio y la ubicación geográfica del usuario.
• Los clientes de servicio móvil sin contrato dispondrán, mensualmente, de 100 SMS mensuales y acceso a internet sin límites máximos de descarga con una velocidad entre 256 kbps y 512 kbps, atendidas las características tecnológicas con las que se preste el servicio y la ubicación geográfica del usuario. El beneficio será otorgado a usuarios activos que se identifiquen asociando su rol único nacional a un número telefónico determinado, al cual se le asignarán las condiciones de servicio antes establecidas. La obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un número por beneficiario.
• Los usuarios de telefonía fija dispondrán de 300 minutos de voz. En este caso, la obligación de la empresa se entenderá cumplida al otorgar las condiciones de servicio a un integrante del mismo grupo familiar asociándolo a su rol único nacional. 

Además, se explicitan en el texto las condiciones y los objetivos del plan que, en lo principal, buscarán asegurar la conectividad para fines educacionales, laborales, de salud e información. Asimismo, se definen opciones especiales para los y las estudiantes de los distintos niveles educacionales que pertenezcan al 60% de vulnerabilidad; y se determina una excepción de aplicación de esta ley para los proveedores de acceso a internet que a la fecha de su publicación cuenten con menos de 12 mil clientes.

¿Quiénes son beneficiarios?

Por último, entre otras variadas normas, el proyecto define que solo podrán acogerse a las disposiciones de esta ley los clientes finales que cumplan con, a lo menos, uno de los siguientes requisitos:

• Encontrarse dentro del 60% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares.
• Tener la calidad de adulto mayor.
• Estar percibiendo las prestaciones del seguro de cesantía.
• Estar acogido a alguna de las causales de la Ley 21.227, de Protección del Empleo, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo, ya sea por la suspensión de la relación laboral o por la elaboración de un pacto de reducción temporal de jornada.
• Ser trabajador independiente o informal no comprendido en alguna de las categorías anteriores y expresar, mediante declaración jurada simple, que está siendo afectado por una disminución significativa de ingresos que justifica el acceso a los beneficios.

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