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Trabajadores públicos y apoderados presentan recursos contra el Gobierno para frenar el regreso a actividades

  • Por Bárbara Miranda

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este lunes se han presentado cuatro recursos de protección en contra del Presidente Sebastián Piñera, ministro del Interior Gonzalo Blumel y su par de Hacienda Ignacio Briones, por el riesgo que provocaría el regreso de los funcionarios públicos a sus labores presenciales.

¿Qué exponen los recursos?

“Las autoridades que dictaron acto administrativo contenido en Oficio Circular Nº 18 de fecha 17 de abril de 2020, el cual imparte nuevas instrucciones y medidas sobre el Plan de Retorno Gradual de las funciones en los Ministerios y Servicios Públicos de la Administración del Estado, producto del brote de COVID-19, dicho oficio es ilegal y arbitrario, por cuanto vulnera los derechos y garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 Nº 1 de nuestra Carta fundamental, respecto Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, N° 2 Derecho a la Igualdad”, explica uno de los documentos.

Hasta el cierre de esta nota, la Confederación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud y Organismos Dependientes de la Subsecretaría de Salud Pública y Redes Asistenciales del Ministerio de Salud “Fenpruss”; la Federación de Asociaciones de Salud Pública (FEDASAP), la Asociación de Funcionarios y la Confederación de Profesionales Universitarios de la Salud, fueron los organismos que presentaron los recursos.

Contra el regreso a clases

Además, durante esta jornada apoderados del colegio San Ignacio Alonso de Ovalle interpusieron un recurso contra el Presidente Piñera, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, la seremi de Educación Metropolitana, Bárbara Soto Silva, por poner en peligro la salud pública.

“Se invoca como garantías vulnerada y fundante de este recurso, 'el derecho a la vida y a la integridad fi?sica y psi?quica de la persona'. En efecto, la actuación y omisión ilegal y arbitraria de los recurridos amenaza gravemente este derecho, el más esencial de todos, desde que se encuentra probado y sin discusión la peligrosidad del virus, tanto por su alta propagación y por las graves consecuencias que puede ocasionar en las personas”, argumenta el escrito.

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