Cuatro carabineros activos formalizados por presunta agresión a un estudiante de 14 años
La Fiscalía Centro Norte formalizó este lunes a cuatro funcionarios de Carabineros relacionados a la comisión del delito de apremios ilegítimos o tormento en contra de un menor de 14 años, estudiante del Internado Nacional Barros Arana (INBA), tras haber sido detenido sin fundamento el 28 de marzo de 2014.
Esta acción penal recayó en Juan Valdivia, Edgardo Ortega y Patricio Alarcón, todos con grado de sargento segundo de Carabineros, además de la subteniente, Geraldine Haarmann.
En la audiencia, la fiscal Ximena Chong expuso que el hecho comenzó en las inmediaciones del INBA, específicamente en la salida del metro Quinta Normal en la comuna de Santiago.
Allí, la víctima -de 15 años a la fecha- se encontraba junto a otros compañeros de colegio, cuando fue detenido por dos funcionarias de Carabineros de la Tercera Comisaría de Santiago.
PRESUNTA VIOLENCIA INJUSTIFICADA
Al momento del arresto, que carecería de fundamento, el menor se resiste, por lo que llegaron otros funcionarios a prestar cooperación.
Es en ese momento, y por un supuesto delito de amenazas a Carabineros, el joven fue detenido por los imputados Juan Valdivia y Edgardo Ortega, de la 30 Comisaría de Radiopatrullas.
Los imputados trasladaron reducido al menor a un carro policial y antes de ingresarlo al vehículo, el sargento Valdivia, le propinó varios golpes en su rostro, mientras el sargento Ortega, lo tomó por detrás de la cabeza, tapándole su boca. En esta acción además de causarle lesiones al estudiante, le rompieron sus lentes ópticos.
Una vez dentro del vehículo radiopatrulla a cargo de la subteniente Haarmann, el imputado Patricio Alarcón volvió a golpear al adolescente, manteniéndolo tomado de su cuello, impidiéndole respirar, pese a que en ese momento ya estaba reducido al interior del vehículo.
Producto de las presuntas agresiones, el menor resultó con diversas lesiones de carácter menos graves en la zona de su cabeza y cuello.
La Fiscalía solicitó las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima, arraigo nacional y quedar bajo el control de Carabineros, en el sentido de la obligación de informar al Ministerio Público todo aspecto que afecte la condición laboral de los imputados. Las medidas fueron respaldadas por el Séptimo Juzgado de Garantía.
