Más de 300 condenados por crímenes o simples delitos siguen trabajando en el Estado: Contraloría detecta 84 casos en Carabineros

Un nuevo flanco sacude a la administración pública. La Contraloría detectó que 315 funcionarios y servidores del Estado tenían condenas vigentes por crimen o simple delito y continuaban trabajando, pese a la inhabilidad que puede impedirles ejercer cargos públicos. El mayor número de casos aparece en Carabineros: 84.

Los antecedentes están contenidos en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 29, publicado este martes. La Contraloría cruzó información del Registro Nacional de Condenas, el Servicio Electoral y el sistema de control de personal del Estado. El análisis identificó 317 registros de condena asociados a 315 personas; dos funcionarios registraban más de una condena.

El problema no se limita a las instituciones policiales. El informe contabiliza 149 personas vinculadas a gobiernos locales y 166 al gobierno central. Después de Carabineros, aparecen el Ejército, con 22 funcionarios; la Armada, con ocho; la Municipalidad de Valdivia, con seis, y la Fuerza Aérea, con cinco. También figuran funcionarios de las municipalidades de Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán, Puerto Montt y Tocopilla.

La gravedad de los antecedentes queda reflejada en otro dato: 73 condenas corresponden a crímenes y 244 a simples delitos. La Contraloría advierte que, cuando un funcionario es condenado por un crimen o simple delito durante el ejercicio de su cargo, debe informar a su superior jerárquico en un plazo de diez días y presentar su renuncia. Si la condena se produce después de su ingreso al Estado, puede configurarse una inhabilidad sobreviniente.

Ahora, el propio consolidado incluye una precisión legal: para ciertos cargos auxiliares y administrativos, una condena por simple delito no constituye impedimento si el ilícito no está comprendido entre los delitos cometidos por empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. Por eso, el informe ordena revisar los antecedentes caso a caso.

La Contraloría instruyó a las entidades involucradas iniciar investigaciones para determinar eventuales responsabilidades por la posible omisión de informar las condenas y establecer si corresponde aplicar la inhabilidad. También deberán informar si estos antecedentes fueron ponderados en las calificaciones de los funcionarios y regularizar sus hojas de vida en el sistema de personal del Estado.

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