Contraloría revela que 203 municipios no declararon recolección de basura en 2024: incumplimiento alcanza al 59% del país

Un nuevo informe de la Contraloría General de la República puso bajo la lupa la gestión de los residuos domiciliarios en las municipalidades del país. El documento revela que 203 de los 345 municipios chilenos no declararon durante 2024 la recolección de basura en el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), administrado por el Ministerio del Medio Ambiente, pese a que se trata de una obligación que deben cumplir anualmente.

El hallazgo forma parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 28, fechado el 10 de noviembre de 2026, que examinó antecedentes sobre el manejo y eliminación de residuos sólidos domiciliarios a nivel municipal, considerando información del período 2022-2025.

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Se trata de un nuevo reporte elaborado mediante el mecanismo de fiscalización que ha adquirido especial notoriedad durante la actual administración de la Contraloría, a través del cual el organismo sistematiza información proveniente de distintas instituciones públicas para detectar incumplimientos, deficiencias de gestión y eventuales riesgos para los recursos fiscales.

Los CIC han estado en el centro de la discusión sobre la labor fiscalizadora del organismo, debido al impacto público de sus hallazgos y a los cuestionamientos que han surgido en torno a la metodología, los alcances y la difusión de este tipo de informes.

Esta vez, el foco estuvo puesto en las municipalidades y su responsabilidad en la recolección, transporte y disposición final de los residuos domiciliarios.

Más de la mitad de los municipios no informó sobre recolección

Según el documento en 2024 solamente 142 municipalidades declararon la recolección de residuos sólidos domiciliarios en el RETC, mientras que otras 203 no lo hicieron.

La cifra representa un retroceso respecto de los años anteriores. En 2022, un total de 242 municipios no habían efectuado esa declaración, mientras que 103 sí la realizaron. Un año después, en 2023, el número de municipalidades que no reportaron disminuyó a 215, con 130 que sí cumplieron.

Sin embargo, en 2024 el incumplimiento volvió a afectar a 203 municipios, equivalentes al 58,8% del total nacional.

Aunque las cifras muestran una mejoría respecto de 2022, el reporte evidencia que una proporción mayoritaria de los gobiernos comunales continúa sin entregar información sobre una de sus principales funciones.

La Contraloría advierte que estas declaraciones permiten verificar la gestión municipal de los residuos y evaluar el estado de la infraestructura nacional destinada a su disposición final.

En ese sentido, el organismo sostiene que contar con estos antecedentes es esencial para identificar faltas de control y eventuales riesgos ambientales, sanitarios y financieros.

Las deficiencias también alcanzan al reciclaje

El CIC N° 28 también examinó las declaraciones municipales relacionadas con la valorización de residuos, proceso que comprende las operaciones destinadas a aprovechar materiales o recuperar recursos a partir de la basura.

En este ámbito, los resultados muestran que durante 2024 un total de 185 municipalidades no declararon información, mientras que 160 sí lo hicieron.

La cifra representa un 53,6% de municipios sin declaración y un leve deterioro respecto de 2023, cuando 181 gobiernos comunales no habían reportado antecedentes y 164 sí habían cumplido.

En 2022, en tanto, los municipios que no declararon alcanzaban los 208, frente a 137 que sí lo hicieron.

Los datos muestran que, pese a la mejoría registrada durante el período examinado, más de la mitad de las municipalidades seguía sin informar sobre la valorización de residuos en 2024.

Eliminación de residuos: el indicador que muestra una mejoría

Un escenario distinto se observa en las declaraciones sobre eliminación de residuos domiciliarios.

Según el consolidado, en 2024 un total de 278 municipalidades informaron sobre esta materia, mientras que 67 no lo hicieron.

Esto representa una mejoría respecto de 2022, cuando 241 municipios habían declarado y otros 104 no habían cumplido con el reporte.

El mejor resultado del período se registró en 2023, cuando 304 municipalidades entregaron información sobre eliminación de residuos y solamente 41 no lo hicieron.

Pese a que las cifras de 2024 representan un retroceso respecto del año inmediatamente anterior, el 80,6% de las municipalidades sí declaró antecedentes relacionados con la eliminación de residuos.

La diferencia entre los tres indicadores evidencia que el cumplimiento de las obligaciones de información varía considerablemente dependiendo de la etapa de gestión de los desechos domiciliarios.

Los riesgos ambientales, sanitarios y financieros

En la introducción del documento, la Contraloría recuerda que las municipalidades son responsables de la recolección, transporte y disposición final de los residuos domiciliarios, ya sea directamente o mediante empresas contratadas.

Por lo mismo, deben declarar anualmente los antecedentes correspondientes en el RETC, plataforma administrada por el Ministerio del Medio Ambiente.

El organismo explica que el cumplimiento de esta obligación permite verificar la gestión municipal y evaluar la infraestructura disponible para la disposición final de los residuos.

Asimismo, advierte que la falta de información puede dificultar la identificación de riesgos ambientales, sanitarios y financieros asociados tanto a la ausencia de declaraciones como al funcionamiento de instalaciones sin autorización sanitaria o cuya vida útil se encuentra vencida.

Para elaborar el consolidado, la Contraloría utilizó registros del RETC, antecedentes del Catastro Nacional de Residuos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), además de información proporcionada por el Ministerio de Salud, el Servicio de Evaluación Ambiental y los gobiernos regionales.

La recopilación de antecedentes se desarrolló entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Con estos resultados, el organismo fiscalizador vuelve a poner sobre la mesa las deficiencias en el control de una de las funciones más sensibles de las administraciones municipales: la gestión de la basura que diariamente generan millones de hogares en Chile.