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Contraloría detecta graves fallas en la gestión de placas patentes del Registro Civil en la Región Metropolitana

¿Qué pasó?

Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló una serie de deficiencias en los controles de seguridad, manejo financiero y procedimientos administrativos de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio de Registro Civil, en relación con el proceso de inscripción y reposición de Placas Patentes Únicas (PPU).

De acuerdo con el Informe N° 60 de 2026 del organismo, las irregularidades van desde omisiones en la entrega de datos clave a Carabineros hasta un débil control en la destrucción de patentes y desórdenes en los registros monetarios.

Omisión de informes a Carabineros y falta de control en destrucción de patentes

Uno de los hallazgos del informe establece que durante todo 2024 el Registro Civil remitió únicamente cuatro informes a Carabineros sobre primeras inscripciones de vehículos que fueron rechazadas. La normativa vigente exige que esa información debe entregarse mensualmente, por lo que esta omisión dejó sin información clave a las policías para la fiscalización de automóviles en las calles.

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Además, a esto se suman las falencias en los protocolos de eliminación de material. La auditoría constató que durante el mismo período no se emitieron actas formalizadas ni resoluciones exentas que acreditaran la destrucción de patentes provisorias. Tampoco se realizaron inventarios oficiales de las placas eliminadas, por lo que el único respaldo del proceso fueron planillas de Excel con listados de carácter referencial.

Brechas tecnológicas y desorden financiero

El informe de Contraloría también puso el foco en las limitaciones tecnológicas del servicio, advirtiendo que la falta de herramientas automatizadas obliga a los funcionarios a efectuar verificaciones de forma manual, lo que, según señala Contraloría, “aumenta el riesgo de errores y retrasos en la tramitación de solicitudes”.

Las deficiencias también alcanzaron la gestión del dinero recaudado por estos trámites. El informe reveló que el servicio tardó más de lo debido en registrar formalmente los ingresos y mantuvo fondos sin las garantías mínimas de protección.

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El escenario llevó a iniciar un proceso disciplinario dentro del Registro Civil para sancionar a posibles responsables. En paralelo, se ordenó aplicar urgentemente un paquete de medidas que permitan blindar los controles del ente estatal.

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