El imperio del "Cojo César" por dentro: Sicarios, droga, casas blindadas y el golpe de Fiscalía Sur que sacude La Legua

Durante más de una década su nombre apareció una y otra vez en investigaciones por narcotráfico, armas y homicidios ocurridos en la zona sur de Santiago. Algunas causas terminaron en condenas, otras fueron cerradas sin acusación y en una de ellas resultó absuelto. Pero para los investigadores había una constante: César Enrique Liberona Miranda, más conocido como “Cojo César”, continuaba apareciendo vinculado al mundo criminal de La Legua, pese a que ya estaba tras las rejas cumpliendo condena.

Esta semana, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y el OS-7 de Carabineros avanzaron sobre lo que consideran el corazón de esa estructura.

Detrás de los allanamientos y detenciones desplegados en La Legua y distintos puntos de la Región Metropolitana existe una investigación mucho más extensa que el operativo conocido durante las últimas horas y que será formalizada esta jornada.

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Se trata de una indagatoria que siguió durante años movimientos de vehículos, teléfonos, propiedades, cuentas bancarias, rutas de abastecimiento de droga, laboratorios, puntos de venta e incluso las comunicaciones que, según sostiene el Ministerio Público, permitían mantener operativa a la organización aun cuando su supuesto líder estaba encarcelado.

Los antecedentes reunidos por la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Sur, dirigida por el fiscal Héctor Barros, describen una organización de carácter familiar, con base territorial en La Legua Emergencia, una estructura piramidal y diferentes niveles destinados al abastecimiento de droga, distribución, seguridad armada, vigilancia territorial y lavado de dinero.

La ofensiva investigativa tuvo al Departamento Antidrogas OS-7 de Carabineros cumpliendo un papel central en las diligencias de inteligencia y operaciones intrusivas desarrolladas durante la etapa más reciente de la investigación.

La tesis que la Fiscalía Sur busca ahora llevar ante tribunales es que detrás del “Cojo César” no existía solamente una banda dedicada a vender droga, sino una organización con capacidad para importar y trasladar cargamentos desde el norte del país, mantener laboratorios de dosificación, controlar puntos de venta, disponer de armas de alto poder, lavar dinero y sostener una estructura de seguridad destinada a proteger tanto a sus integrantes como el territorio en que operaban.

El rastreo desde hace más de una década

De acuerdo con antecedentes de la investigación conocidos por Mega Investiga, los primeros registros penales de César Liberona se remontan a 2005, cuando tenía 18 años.

Ya en 2011 una investigación policial lo situó como uno de los principales objetivos de una indagatoria por tráfico de drogas en La Legua Emergencia.

Según esos antecedentes, la estructura investigada habría separado deliberadamente los lugares donde almacenaba la droga de aquellos utilizados para comercializarla.

Un inmueble de calle San Gregorio funcionaba como punto de acopio, mientras otro domicilio ubicado en Karl Brunner era descrito por los investigadores como una “oficina” destinada a la venta.

Las vigilancias realizadas durante marzo de 2011 mostraron desplazamientos permanentes entre ambas propiedades y la presencia de personas ubicadas en los alrededores con la función de advertir la aparición de vehículos desconocidos.

Un procedimiento realizado meses después terminó con distintos detenidos y la incautación de cocaína, cocaína base, armas y municiones.

Aunque en el domicilio asociado a Liberona no se encontró droga y en aquella oportunidad quedó en libertad, un informe policial de la época ya describía a los investigados como una “banda criminal familiar dedicada al tráfico de drogas”.

Ese antecedente adquiriría especial relevancia años después.

Lo que para los investigadores era entonces una organización relativamente acotada comenzó a aparecer sucesivamente en nuevas investigaciones y con algunos de los mismos nombres.

En 2016, una denuncia de la PDI volvió a poner el foco sobre un supuesto “Clan Familiar” que tendría a César Liberona como líder y que estaría dedicado al narcotráfico y al manejo ilegal de armas.

Entre las personas identificadas estaban dos de sus hermanos: Mario Octavio Liberona Miranda, conocido como “Tavo”, y Gonzalo Andrés Liberona Miranda, alias “Cojo Gonzalo” o “Muletas”.

Aquella causa estuvo precisamente en manos de Barros, quien entonces ejercía como fiscal adjunto.

La investigación no reunió en ese momento antecedentes suficientes para presentar una acusación y en 2017 el Ministerio Público decidió no perseverar.

Casi una década después, sin embargo, algunos nombres, domicilios y relaciones familiares de aquella antigua pesquisa volverían a aparecer en una investigación mucho mayor.

El “ejército de guardaespaldas”

La trayectoria de Liberona también incluye delitos violentos.

En octubre de 2010 fue condenado a tres años y un día de presidio, con libertad vigilada, por su participación en dos hechos ocurridos entre 2008 y 2009: un homicidio frustrado y el homicidio calificado de Álvaro Ponce Ponce.

Años más tarde volvió a enfrentar a la justicia. El 20 de noviembre de 2016, Liberona participó como cómplice en el homicidio de Miguel Espinoza Hidalgo, quien según antecedentes penitenciarios estaba relacionado con la banda “Los Gálvez” de La Legua.

Fue detenido en septiembre de 2019, después de permanecer con una orden de detención pendiente, y posteriormente condenado a cinco años de cárcel efectiva.

Un antecedente contenido en su ficha de seguridad de Gendarmería resulta revelador respecto de la dimensión que ya se atribuía a su figura en esos años.

El organismo penitenciario lo caracterizó como un “narcotraficante de La Legua que contaba con un verdadero ejército de guardaespaldas que lo custodiaba”.

Pero su ingreso a prisión no habría significado, de acuerdo con la actual investigación de la Fiscalía Sur, el término de sus actividades.

Todo lo contrario.

El mando desde la cárcel

En agosto de 2020 ocurrió un episodio que se transformaría en una pieza relevante para entender la capacidad de funcionamiento que los investigadores atribuyen a “Los Cojos”.

Funcionarios de Gendarmería encontraron un teléfono celular en poder de internos de un módulo de Colina II.

La información almacenada en ese aparato contenía referencias a una eventual planificación de fuga en la que aparecía mencionado “Cojo César”.

Un día después, personal penitenciario detectó el lanzamiento desde el exterior de un paquete hacia el recinto penal.

En su interior había una pistola Taurus calibre 6,35 milímetros, un cargador y seis municiones.

El análisis autorizado judicialmente del teléfono permitió revisar conversaciones por WhatsApp que, según antecedentes de la investigación, daban cuenta de actividades relacionadas con una organización de tráfico dirigida desde el interior de la cárcel.

Dos meses después ocurrió otro hecho

Gendarmería encontró papeles que contenían un mensaje dirigido a uno de sus funcionarios. En ellos se afirmaba que trabajaba para el traficante “el cojo cesar” y se calificaba al interno como su jefe.

Aquellos antecedentes forman parte del historial que la Fiscalía Sur utiliza hoy para sostener una de las tesis centrales de su investigación: la capacidad de Liberona para mantener el mando aun estando privado de libertad.

El imputado salió de prisión en junio de 2022 por reducción de condena. Sin embargo, la tranquilidad duraría poco.

“Los Cojos”

A medida que avanzaron distintas investigaciones desarrolladas durante los últimos años, la Fiscalía Sur comenzó a unir piezas.

Tres causas que inicialmente fueron tramitadas por separado terminaron convergiendo en una sola hipótesis.

Según antecedentes de la investigación, no se trataría de delitos independientes, sino de “manifestaciones sucesivas de una misma organización criminal, de estructura familiar y territorial”.

La Fiscalía sostiene que esa organización operaba fundamentalmente desde La Legua Emergencia y sectores de San Joaquín, San Miguel y La Granja.

Internamente habría desarrollado una estructura piramidal.

En la parte superior estaría la familia Liberona Miranda.

Debajo existirían encargados del transporte de droga desde regiones, personas responsables de laboratorios y puntos de venta, individuos dedicados a la seguridad armada y control territorial, una red de vigilancia destinada a advertir movimientos policiales y, finalmente, testaferros utilizados presuntamente para ingresar al sistema financiero las ganancias producidas por el narcotráfico.

En el vértice de la estructura la Fiscalía ubica a César Liberona Miranda.

La investigación le atribuye el papel de máximo líder estratégico.

Incluso recluido actualmente en un recinto penitenciario de alta seguridad, los investigadores sostienen que habría continuado transmitiendo instrucciones hacia el exterior mediante visitas, comunicaciones y mensajes manuscritos.

Su hermano Mario Liberona, “Tavo”, habría asumido la coordinación operativa externa después del encarcelamiento de César, mientras Gonzalo Liberona, “Muletas”, habría concentrado sus tareas en el control territorial y los puntos de comercialización de drogas.

La organización habría dispuesto además de encargados financieros, transportistas, operadores de laboratorios, distribuidores y personas destinadas al resguardo armado de los líderes.

La ruta de la droga

Uno de los objetivos principales de la investigación fue determinar desde dónde provenían las sustancias que posteriormente eran distribuidas en La Legua.

Las pesquisas del OS-7 permitieron seguir una ruta que se extendía hacia el norte del país.

Iquique, Alto Hospicio, Tocopilla y Copiapó aparecen mencionados entre los puntos de desplazamiento de miembros de la organización.

Los viajes, de acuerdo con los antecedentes reunidos por los investigadores, eran realizados utilizando vehículos modificados con compartimentos ocultos, conocidos en el mundo del narcotráfico como “caletas”.

Uno de los principales transportistas identificados por la investigación realizaba desplazamientos continuos entre Santiago y la Macrozona Norte.

El seguimiento no fue únicamente telefónico

La Fiscalía y el OS-7 desplegaron entregas vigiladas, interceptaciones, vigilancia aérea mediante drones, captación de conversaciones y dispositivos de posicionamiento instalados en vehículos utilizados por integrantes de la organización.

La investigación puso especial atención sobre una camioneta Dodge RAM y un Peugeot 308.

Las diligencias permitieron, según los antecedentes recopilados, incautar clorhidrato de cocaína, productos utilizados para la elaboración o adulteración de sustancias sintéticas, prensas hidráulicas, armas, municiones y registros contables.

En La Legua, los investigadores identificaron además inmuebles destinados a diferentes etapas del negocio.

Un domicilio de Francisco de Zárate habría funcionado como laboratorio clandestino de dosificación.

Otro inmueble ubicado en San Gregorio operaría como punto de venta minorista.

La estructura también habría distribuido droga hacia microtraficantes de otros sectores de la zona sur, entre ellos La Pintana.

La guerra por La Legua

La investigación no se limitó al tráfico de drogas.

Una parte importante de las pesquisas estuvo destinada a reconstruir la violencia vinculada al control territorial.

Interceptaciones telefónicas, investigaciones por homicidios y declaraciones entregadas al Ministerio Público describen una sucesión de conflictos armados entre “Los Cojos” y otras organizaciones criminales.

Entre ellas aparecen “Los Arieles”, “Los Monos” y “Los Cogote de Toro”.

Uno de los episodios ocurrió el 23 de septiembre de 2024 en el pasaje Francisco de Zárate, en plena Legua Emergencia.

Según antecedentes policiales incorporados a la investigación, en el sector se produjo un enfrentamiento entre integrantes de “Los Cojos” y una banda rival vinculada a la familia Román Retamales.

La disputa tendría como origen el dominio de las denominadas “oficinas” utilizadas para vender droga.

Durante la balacera murió Carlos Patricio Carrasco Tapia, un comerciante ambulante que, según los antecedentes investigativos, no participaba del conflicto.

La tesis que indagan las policías sostiene que el disparo que terminó con su vida habría sido ejecutado en el contexto de una acción ordenada por César Liberona.

Después del homicidio, según informes incorporados a la causa, miembros de la organización habrían ingresado violentamente a distintos inmuebles del pasaje para utilizarlos posteriormente como lugares de almacenamiento y comercialización de drogas.

La balística permitió abrir además otra dimensión. Un total de 20 vainillas recuperadas en el lugar fueron sometidas a peritajes.

El análisis estableció que durante aquella balacera se utilizaron al menos siete armas distintas, entre ellas pistolas Glock de diferentes calibres y fusiles 5,56 milímetros.

Algunas de esas municiones arrojaron coincidencias balísticas con evidencias recuperadas en investigaciones por homicidios y ataques armados ocurridos años antes en La Pintana.

Para los investigadores, aquello abrió la posibilidad de seguir reconstruyendo la circulación de armas entre distintas organizaciones y hechos violentos de la zona sur.

Sicarios extranjeros

Otro de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la incorporación de ciudadanos extranjeros a labores de seguridad y acciones violentas.

Antecedentes entregados por informantes y testigos reservados sostienen que la organización habría recurrido a ciudadanos venezolanos y colombianos para protección de los líderes, custodia de armas y eventualmente homicidios por encargo.

La Fiscalía investiga además conexiones operativas con individuos vinculados a células del Tren de Aragua.

Se trata, sin embargo, de uno de los capítulos más delicados de la causa y sus alcances deberán ser determinados judicialmente.

Uno de los hechos investigados corresponde al secuestro y homicidio de Cristian Andrés Feliú Garrido, conocido como “Chino”, ocurrido en marzo de 2025.

Peritajes realizados a teléfonos celulares permitieron establecer, según antecedentes de esa investigación, que un ciudadano venezolano relacionado con el crimen ejercía funciones de sicario y escolta de Gonzalo Liberona.

Los investigadores sostienen que ese hombre tenía acceso a armas automáticas, fusiles de asalto y vehículos proporcionados por integrantes de la organización.

La indagatoria permitió incluso recuperar el teléfono de la víctima, un iPhone que había sido ocultado envuelto en papel aluminio dentro de una olla en un inmueble de La Legua Emergencia.

Las casas blindadas

El nivel de violencia existente en el territorio obligó, según la investigación, a modificar incluso la forma en que los integrantes de la banda se protegían.

Tras distintos asesinatos registrados en la zona sur durante 2025, Gonzalo Liberona habría instruido a miembros de su círculo cercano replegarse hacia viviendas acondicionadas especialmente para su seguridad.

Los investigadores detectaron casas con protecciones reforzadas y sistemas de cámaras de vigilancia que permitían observar prácticamente en tiempo real los movimientos alrededor de determinadas calles de La Legua.

Varios de esos inmuebles estaban emplazados precisamente en Karl Brunner y Francisco de Zárate, dos de los sectores que aparecen repetidamente en la historia criminal reconstruida por el Ministerio Público desde comienzos de la década pasada.

El dinero

Pero para la Fiscalía Sur desarticular la organización significaba algo más que detener a sus integrantes o incautar drogas. Había que seguir el dinero.

La investigación patrimonial identificó propiedades, parcelas, contratos de arriendo, sociedades y movimientos bancarios que el Ministerio Público considera incompatibles con los ingresos formales de algunas personas vinculadas a la estructura.

Entre los mecanismos investigados aparecen sociedades de fachada, contratos laborales presuntamente simulados, adquisiciones inmobiliarias realizadas mediante terceros y depósitos bancarios fraccionados.

Uno de los casos más llamativos corresponde a la pareja de César Liberona.

De acuerdo con antecedentes recopilados por los investigadores, tres cuentas bancarias asociadas a la mujer registraron entre 2020 y 2025 abonos superiores a $330 millones, pese a que sus ingresos declarados durante ese mismo período eran considerablemente inferiores.

La Fiscalía sostiene que recibía depósitos periódicos y que, cuando las restricciones bancarias impedían continuar ingresando dinero a esas cuentas, parte de los recursos era transferida utilizando cuentas pertenecientes a terceras personas.

La investigación detectó además propiedades y lugares de ocultamiento patrimonial alejados de La Legua.

Entre ellos aparecen parcelas en Peñaflor y Puchuncaví, además de arriendos de inmuebles de mayor valor en sectores de La Reina y Ñuñoa.

El seguimiento patrimonial es una de las razones por las cuales varios de los imputados no solamente enfrentarán cargos relacionados con tráfico de drogas o asociación criminal, sino también por lavado de activos.

La sospecha de infiltración policial

Existe todavía un capítulo especialmente sensible dentro de la investigación.

Durante las pesquisas surgieron antecedentes que apuntaban a una eventual entrega de información policial a integrantes de la organización.

Declaraciones de un informante y de un testigo reservado, sumadas a interceptaciones y grabaciones ambientales, sostienen que funcionarios de la PDI habrían advertido a miembros de la estructura acerca de eventuales allanamientos y diligencias en La Legua.

Las mismas declaraciones atribuyen a determinados funcionarios la eventual sustracción de armas y drogas recuperadas en procedimientos para posteriormente entregarlas a integrantes de la organización a cambio de dinero u otros beneficios.

Se trata de antecedentes investigativos que no constituyen por sí solos hechos judicialmente acreditados y cuya eventual responsabilidad penal deberá establecerse en las investigaciones correspondientes.

Sin embargo, la información tuvo una consecuencia concreta para la estrategia de la Fiscalía.

Las diligencias intrusivas y las labores de inteligencia de las causas principales fueron reestructuradas y quedaron en manos del OS-7 de Carabineros.

A partir de entonces, esa unidad especializada pasó a ejecutar una parte sustancial del seguimiento que permitió reconstruir las rutas, vehículos, comunicaciones y movimientos de la organización.

El golpe

El resultado de ese trabajo acumulado durante años es el operativo que ahora golpea a la estructura de “Los Cojos”.

No se trata únicamente de perseguir a César Liberona.

La estrategia de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur apunta simultáneamente contra la jefatura, los mandos intermedios, transportistas, distribuidores, encargados de seguridad, operadores financieros y personas que presuntamente facilitaron cuentas o bienes para ocultar dinero.

La hipótesis del Ministerio Público es que la organización consiguió mantenerse vigente durante años precisamente porque era capaz de reemplazar funciones.

Cuando uno de sus líderes quedaba privado de libertad, otro integrante asumía tareas en el exterior. Si una persona transportaba la droga, otra administraba los puntos de venta. Un grupo se ocupaba de la seguridad mientras otros manejaban dinero, sociedades y propiedades.

Todo bajo una estructura cuyo núcleo, según la investigación, seguía siendo familiar. Por eso la actual ofensiva tiene para la Fiscalía Sur un significado distinto a anteriores procedimientos en La Legua.

Héctor Barros conoce parte de esta historia desde hace una década. Cuando todavía era fiscal adjunto investigó antecedentes sobre el denominado “clan familiar”. Hoy, desde la cabeza de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, la persecución contra esa misma estructura llega a una de sus etapas más relevantes.

La acusación que deberá sostener el Ministerio Público es ambiciosa: demostrar que hechos investigados durante años y aparentemente separados —tráfico de drogas, armas, movimientos de dinero y una sucesión de episodios violentos— fueron, en realidad, piezas de una estructura estable.

Una organización que habría sobrevivido a condenas, cárceles, investigaciones y guerras territoriales y que, según los antecedentes que hoy maneja la Fiscalía Sur, continuó funcionando desde el corazón de La Legua Emergencia.

Ese es precisamente el corazón que el Ministerio Público y el OS-7 intentan golpear ahora.