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Gobierno expulsa a ciudadano argentino tras participar en desórdenes públicos graves en Santiago

¿Qué pasó?

En una señal de tolerancia cero frente a los delitos cometidos por extranjeros, el Gobierno de Chile concretó este miércoles 22 de abril de 2026 la expulsión administrativa del ciudadano argentino Andrés Alexis Vergara.

La medida, calificada como una "atribución extraordinaria", se ejecutó tras la participación del individuo en desórdenes públicos graves que incluyeron barricadas incendiarias en la capital.

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El detonante: Barricadas y desórdenes en Recoleta

Los hechos que sellaron el destino de Vergara, de 31 años, ocurrieron el pasado 26 de marzo. En el marco de una manifestación estudiantil previa al "Día del Joven Combatiente", el ciudadano extranjero fue detenido por la 42º Comisaría de Recoleta.

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Según el informe oficial, Vergara participó activamente en la instalación de barricadas incendiarias en la calle Bellavista, justo frente a la Universidad San Sebastián. Por estos hechos, fue formalizado bajo la Ley 21.208 (Ley Antibarricadas), tras ser acusado de interrumpir la libre circulación mediante violencia e intimidación.

Facultad extraordinaria del Ministerio del Interior

La expulsión no fue un trámite ordinario, ya que se fundamentó en el artículo 132, inciso final, de la Ley de Migraciones y Extranjería, que otorga facultades excepcionales al Subsecretario del Interior por razones de seguridad interior.

  • Situación Migratoria: Vergara se encontraba de forma irregular en el país, habiendo excedido su permiso de turismo.
  • Decisión Política: El Ministro del Interior, Claudio Alvarado, instruyó al Subsecretario Máximo Pavez para dictar la resolución Nº 4.418, ordenando su salida inmediata del territorio nacional.

Prisión preventiva y salida del país

Tras su detención, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago había decretado la medida de prisión preventiva, cumplida en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1. Sin embargo, el Gobierno esperó el cierre del proceso judicial para proceder con el operativo de expulsión.

Una vez que el tribunal verificó el cumplimiento de la condena este miércoles, la resolución se materializó de forma efectiva. Con esta acción, el Ejecutivo refuerza su discurso de seguridad pública, vinculando directamente la situación migratoria irregular con la alteración del orden interno.

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