Escala disputa por extradición de Galvarino Apablaza: Jueza pide a Argentina oficios claves y defensa acusa persecución política

A dos semanas de la fallida detención del exfrentista Galvarino Apablaza en Argentina, la justicia chilena inició una ofensiva para concretar la extradición del presunto autor intelectual del crimen del senador UDI Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

La ministra en visita, Paola Plaza González, solicitó a la Corte Suprema activar una serie de gestiones diplomáticas con el país trasandino para acceder a las copias oficiales de todas las decisiones adoptadas por las autoridades bonaerenses, desde febrero pasado.

A través del oficio N° 655-2026, al que tuvo acceso Mega Investiga, exigió conocer la situación migratoria del requerido a través de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, también el documento donde se le revocó la condición de refugiado político, el 10 de febrero, y registro donde el Ministerio de Relaciones Exteriores concedió oficialmente la extradición, el 12 de marzo.

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Defensa acusa hostigamiento y persecución

La arremetida de la ministra en visita, Paola Plaza, se dio luego del fracaso de un operativo policial para detenerlo en el barrio de Moreno en Buenos Aires, justo el día en que se cumplían 35 años del asesinato del fundador de la UDI.

La situación escaló a tal punto que las autoridades del país vecino anunciaron una recompensa de 20 millones de pesos argentinos (cerca de 13 millones de pesos chilenos), buscando cerrar el cerco en torno al exfrentista.

El abogado Alberto Espinosa, que representa a Apablaza en Chile, solicitó a la Corte Suprema que no acoja el requerimiento de la jueza, porque violaría principios de confidencialidad y tratados internacionales.

“Es grave exponer al Estado de Chile en una situación violatoria del derecho internacional de los Derechos Humanos, frente a otro Estado, precisamente porque pone en evidencia la persecución y hostigamiento en contra de Galvarino Apablaza, porque el refugio y todo lo relacionado con ese estatus es una relación jurídica entre el Estado de acogida y el refugiado”, señala el escrito.

También, acusó una intervención ilegal, asegurando que Chile no tiene legitimidad para intervenir en el refugio de Apablaza.

“Viola el principio de confidencialidad y el principio de no devolución, establecidos especialmente para protegerlo del país de origen que lo persigue, y lo solicitado además, constituye una injerencia indebida en los antecedentes que permitieron a Argentina reconocerle al señor Apablaza el estatus de refugiado”, cerró.